UCA 21 Años: Homenaje a Jesuitas

por lofredo

El Salvador , San Salvador: 21 Años Después

En Noviembre del 2010 se cumplirán 20 Años de los Asesinatos de los Padres Jesuitas de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La historia que a continuación incluimos la elaboraron hermanos, amigos, colaboradores e investigadores de la UCA.  la hemos tomado del sitio oficial de la Universidad Centro Americana- Mártires de la Iglesia de El Salvador.

Es un documento digno de repasar periódicamente y meditarlo. En particular en tiempos en que resurgen iniciativas paramilitares y escuadrones oscuros como instrumentos para la eliminación de luchadores y pensadores comprometidos con sus pueblos en todo el mundo.

UCA Nuestros Mártires sitio oficial http://www.uca.edu.sv/martires/new/caso/fcronica.htm

Más abajo reproducimos la nota de GERVASIO SÁNCHEZ (SOITU.ES) que reconstruye los sucesos de 1989.  http://www.soitu.es/soitu/2009/03/10/losdesastresdelaguerra/1236703552_191733.html .-

Velas Alangasí Semana Santa 2009

Archivo Alangasí, Ecuador – Lofredo/Aveiga 2009

Usted puede visitar en orden los 21 capítulos de La novela de Aparicio Retguardia sigiendo estos vínculos:

ANTECEDENTES

1971: Las autoridades migratorias amenazan al P. Ellacuría y a otros seis sacerdotes extranjeros con retirarles los permisos de residencia por “actividades subversivas y antidemocráticas”.

1973: Los jesuitas del colegio Externado San José, acusados de enseñar marxismo y de enfrentar a los padres de los alumnos con sus hijos. El fiscal general, ante un presunto delito por enseñanza de “doctrinas comunistas, anárquicas o contrarias a la democracia”, llama a declarar al rector del Externado, P. Juan Ramón Moreno.

1975: 30 de julio. Las Fuerzas de Seguridad abren fuego contra una manifestación de estudiantes universitarios, entre los que hay algunos de la UCA, matando a doce e hiriendo a veinte. Detienen a otros cuarenta. Los estudiantes se manifestaban en contra de la represión. El 7 de agosto, las autoridades de la UCA condenan la exageradamente violenta represión de la manifestación. Aparecen por televisión mensajes que anuncian que van a ser asesinados un sacerdote, una religiosa y un político. Aunque no se dan nombres, los jesuitas llegan a saber que, en el caso del sacerdote, se trata del P. Jon Sobrino, recientemente destinado a El Salvador.

1976:

6 de enero. Atentado con bombas contra las oficinas de la revista de la UCA Estudios Centroamericanos (ECA).
15 de enero. Aparece en la prensa una declaración de la asociación de terratenientes “Frente de Agricultores de la Región Oriental”, en la que atacan a los jesuitas por su apoyo a la reforma agraria. La declaración menciona por su nombre a varios jesuitas que trabajan en Aguilares y en la UCA y les advierte que, o respetan las leyes y respetan al gobierno, o tendrán que salir del país.
Marzo. Atentado con bombas en los edificios administrativos de la UCA.
23 de agosto. Las oficinas de ECA sufren un atentado con bombas hacia la medianoche. El edificio queda prácticamente destruido.
Septiembre. Dos bombas de bajo poder cargadas de panfletos hacen explosión en la UCA. En los panfletos se ataca a los jesuitas.
2-3 de diciembre. El edificio de administración de la UCA sufre un nuevo atentado con bombas durante la noche. El P. Francisco Javier Ibisate y otros se encuentran en el edificio en el momento de la explosión. Un escuadrón de la muerte, autodenominado “Unión Guerrera Blanca”, se responsabiliza del atentado.
Diciembre. Se culpa a la Iglesia, y en particular a los jesuitas, de la muerte de un terrateniente en Aguilares. Campaña de prensa con ataques en los que se menciona por su nombre al P. Rutilio Grande y a otro sacerdote.

1977:

4 de enero. Dos ex escolares jesuitas, que trabajaban en Aguilares, expulsados.
Febrero. Juan José Ramírez, que había sido jesuita, interrogado, golpeado, torturado con descargas eléctricas durante diez días, y expulsado. Aparece en una cárcel guatemalteca.
21 de febrero. Al P. Benigno Fernández, de origen español y que trabajaba en Aguilares, se le niega el permiso de entrada al país.
22 de febrero. Al P. Luis de Sebastián, también de origen español, pero nacionalizado salvadoreño, vicerrector de la UCA y profesor de Economía, se le niega la entrada al país y se le comunica que su vida está en peligro.
22 de febrero. Al P. Ignacio Ellacuría, nacionalizado salvadoreño, se le niega la entrada al país.
12 de marzo. El P. Rutilio Grande, asesinado mientras se dirigía a El Paisnal a decir misa. Son asesinados con él Manuel Solórzano, de setenta y dos años, y Nelson Rutilio Lemus, de quince. El asesinato del P. Grande, persona muy conocida y respetada en todo el país, conmueve a la sociedad salvadoreña, que ve con sorpresa que la retórica contra la Iglesia se va convirtiendo en violencia asesina. A su entierro, el 20 de marzo, asisten más de cien mil personas.
6 de mayo. Se notifica al P. Provincial de los jesuitas que el P. Jorge Franklin Sarsanedas del Cid, ciudadano panameño, que había sido secuestrado el día 1 de mayo, se encuentra en los calabozos de la Guardia Nacional. Allí había permanecido durante cinco días, atado de pies y manos, con los ojos vendados y recibiendo alimento sólo dos veces al día. Durante la primera noche recibió golpes y puntapiés. El sacerdote, de treinta años de edad, es expulsado del país, acusado de participar en actividades subversivas. Mons. Romero se niega a firmar el documento por el que la Guardia le entrega al P. Sarsanedas a causa de las numerosas inexactitudes que presenta.
Mayo. Anuncios por radio y panfletos con el texto “Haga Patria, mate un cura”.
19 de mayo. Los militares lanzan la “Operación Rutilio”, cercando toda la zona de Aguilares y registrando, una por una, todas las casas. El gobierno reconoce oficialmente siete muertos, pero los testigos elevan el número a cincuenta. Entre los muertos figura el sacristán, que estaba tocando la campana para avisar de la llegada de los soldados. El P. Grande y otros tres jesuitas habían trabajado en la zona de Aguilares desde 1972. Los soldados ocupan la iglesia durante un mes.
19 de mayo. Los PP. Salvador Carranza, José Luis Ortega y
Marcelino Pérez, que habían trabajado con el P. Rutilio Grande en Aguilares y Guazapa, detenidos a las cinco de la mañana, maltratados y deportados a Guatemala hacia mediodía. Permanecen incomunicados y encarcelados en Guatemala hasta el 25 de mayo.
20 de junio. El escuadrón de la muerte “Unión Guerrera Blanca” lanza un ultimátum a los cuarenta y siete jesuitas que viven en El Salvador: si no abandonan el país en un plazo de treinta días, morirán.

Conos sentados

1978:

1 de enero. La oficina provincial de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, asaltada y saqueada por desconocidos, que roban materiales y equipo.
Marzo. A Roberto Zarruck, estudiante jesuita, se le niega la entrada al país.
3 de julio. Las Fuerzas de Seguridad registran una residencia de los jesuitas en Jardines de Guadalupe, conocida como “UCA II”. A las dos de la tarde, más de cincuenta agentes, que dicen estar buscando armas, irrumpen en la casa. Los soldados toman posiciones en el tejado y cortan el tránsito en las calles adyacentes. Habían llegado en seis vehículos de la Policía y dos camiones y llevaban cámaras, equipo médico y pertrechos de combate.

1979:

3 de febrero. Diario Latino recoge unas palabras de Mons. Pedro Arnoldo Aparicio y Quintanilla, obispo de San Vicente, que dice que algunos jesuitas son responsables de la situación de violencia en El Salvador. En titulares: “Monseñor Aparicio culpa a jesuitas”.
Septiembre. Una homilía de Mons. Aparicio desata una campaña de campos pagados en apoyo a sus puntos de vista y en contra de los jesuitas. Mons. Aparicio acusa a la izquierda de haber matado a cuatro sacerdotes, entre ellos al P. Rutilio Grande, porque temían que éste descubriera que sus compañeros jesuitas incitaban a los campesinos a rebelarse contra el Estado, contra el gobierno y contra la Iglesia.
Diciembre. Un columnista que firma “Josefo” ataca directa-mente al jesuita Luis de Sebastián y a Mons. Romero.
27 de diciembre. Tres bombas hacen explosión por fuera del Centro de Cómputo de la UCA.

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Asesinato Mons. Arnulfo Romero – 24 de Marzo, de 1980

Capilla del Hospital La Divina Providencia

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1980:

5 de enero. Miembros del escuadrón de la muerte “Unión Guerrera Blanca” ametrallan el colegio de los jesuitas, el Externado San José.
16 de febrero. Ametrallada la residencia de los jesuitas conocida como “UCA II”, que recibe más de cien impactos de bala.
13 de febrero. Una bomba destruye parte de la biblioteca de la UCA.
22 de marzo. Miembros de la Policía Nacional entran en el campus de la UCA. Abren fuego y matan a un estudiante de matemáticas. Detienen a otros dos estudiantes.
24 de marzo. Mons. Romero, arzobispo de San Salvador, es asesinado de un disparo mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia.
25 de junio. Brutal saqueo de la iglesia de Aguilares.
29 de junio. Al amanecer, dos potentes bombas, colocadas por el “Ejército Anticomunista Salvadoreño”, hacen explosión en la UCA, una en una sala utilizada por una asociación de estudiantes, y la otra en la imprenta, que sufre cuantiosos daños.
5 de julio. Unos ciento cincuenta soldados rodean el Externado San José. Registran el colegio y, muy especialmente, las oficinas de la organización de derechos humanos Socorro Jurídico, en donde roban documentos y dinero. Se llevan toda la documentación relativa al asesinato de Mons. Romero.
24 de septiembre. La “Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez” quema el archivo de la parroquia de Guazapa, así como fotografías del Papa y de Mons. Romero. Prenden también fuego al convento y amenazan a las religiosas. Los jesuitas que trabajaban en la parroquia ya habían sido expulsados del país.
30 de septiembre. Rafael Santos y Oscar Romano, maestros de primaria del Externado San José, asesinados a la puerta del colegio.
10 de octubre. Fuerzas de Seguridad disparan contra la iglesia de Aguilares. Luego entran, saquean el templo y disparan dentro de él. También saquean la casa parroquial, robando lo que encuentran. Ametrallan la clínica y roban ropa del almacén parroquial.
24 de octubre. Dos potentes bombas hacen explosión a las dos de la madrugada en la residencia “UCA II”, en la que había en ese momento diez jesuitas. El primer explosivo, lanzado por encima del muro exterior, dejó un agujero de más de un metro de diámetro en la pared de la habitación del P. Segundo Montes, que estaba durmiendo. Los jesuitas, temiendo una segunda explosión, no se movieron. La segunda bomba, unos minutos después, fundió el portón metálico de la entrada. Más tarde se encontraron diez bombas más que no habían hecho explosión.
27 de octubre. Nuevo atentado con bombas contra la residencia “UCA II” en Jardines de Guadalupe. La casa queda parcialmente destruida e inhabitable, por lo que la comunidad tiene que repartirse por otras casas.
Noviembre. Cuarto atentado con bombas contra las oficinas de ECA.
Finales de noviembre. El P. Ellacuría sale del país después de recibir un soplo sobre un plan de los militares para asesinarle. Permanece fuera de El Salvador hasta abril de 1932.
23 de noviembre. Civiles fuertemente armados ocupan el Externado San José.
19 de diciembre. Las Fuerzas de Seguridad efectúan un registro a fondo en la residencia de los jesuitas que trabajan en el Externado, situada en San Antonio Abad.

Cristo 8

1981:

16 de enero. Registro en las residencias “UCA 1″ y “UCA II”. Como la “UCA II” está deshabitada, los soldados rompen puertas y ventanas y fuerzan las cerraduras.
17 de enero. Fuerzas combinadas ocupan el campus de la UCA.
1-2 de mayo. Al P. John Willmering, jesuita norteamericano que viajaba por tierra desde Honduras, se le niega la entrada al país. La Guardia Nacional lo entrega a la policía hondureña.
8 de octubre. Panfleto de la “Liga Anticomunista Salvadoreña”: “¡Fuera jesuitas marxistas!” Acusa a los jesuitas de ser los instigadores de la violencia y el crimen en El Salvador y los fundadores de las FPL.

1982:

7 de octubre. El obispo de San Vicente, Mons. Pedro Arnoldo Aparicio se reúne con el Alto Mando de la Fuerza Armada y después ataca públicamente a los jesuitas, especialmente al P. Ignacio Ellacuría, al que acusa de actividades subversivas y de promover la violencia. La Prensa Gráfica afirma que Mons. Aparicio ha entregado al gobierno documentos que prueban la colaboración con organizaciones clandestinas de treinta sacerdotes, la mayoría jesuitas.

1983:

6 de septiembre. Atentados con bombas del “Ejército Secreto Anticomunista” (ESA) contra la “UCA II” y contra la casa del profesor de la UCA Italo López Vallecillos. Un comunicado del ESA acusa a los jesuitas de pertenecer a las organizaciones terroristas que forman el FMLN y lanza una advertencia contra quienes están “interesados en dialogar” con el FMLN.
13 de octubre. Las Fuerzas de Seguridad efectúan un registro en la residencia de los jesuitas en San Antonio Abad.
23 de noviembre. La “UCA 1″ y la “UCA II”, registradas por la Policía Nacional en el transcurso de una operación militar por toda la zona. Dos jesuitas retenidos durante once horas, mientras los soldados registran a fondo la casa. Después de unas ocho horas, los soldados han reunido, para confiscarlos, unos cuatrocientos libros considerados “subversivos”. El registro termina finalmente hacia las seis de la tarde, después de una llamada al presidente de El Salvador y de una intervención de la embajada de los Estados Unidos. Los soldados no confiscan nada. Durante todo el registro, la parte posterior del campus de la UCA permanece ocupada.

1984:

20 de enero. Agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía Nacional entran en el Centro Loyola durante una reunión de la cooperativa COTRAMY, a raíz de haber recibido informes de que en ese lugar se almacenaban cañones. El P. Fermín Sainz, director del Centro Loyola, está presente todo el tiempo que dura el registro. Los policías detienen a quince personas y roban seiscientos colones.
17 de diciembre. El “Movimiento Tradicional Católico” publica una carta abierta a Mons. Rivera Damas culpando a los jesuitas de la UCA de haber impulsado “al asesinado Mons. Romero a la triste y conocida demagogia que ha conducido a un enfrentamiento entre salvadoreños y ha fomentado el odio de clases y la destrucción de las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro país”. Para ellos, el P. Ignacio Ellacuría es el “autor” de la teoría más avanzada del comunismo marxista-leninista.

1985:

30 de septiembre. El hermano jesuita Magdiel Cerón Alvarado llega de Nicaragua para asistir al entierro de su madre y es detenido por la policía. Le acusan de traer información y órdenes desde Nicaragua. Le dejan libre después de la intervención del P. Provincial.

1986: Septiembre. ARENA, con el apoyo de algunos miembros de la Democracia Cristiana, lanza una campaña para despojar al P. Ellacuría de su ciudadanía salvadoreña, con el pretexto de que la Constitución prohíbe a los extranjeros y a los sacerdotes intervenir en política.
10 de septiembre. El grupo de ARENA en la Asamblea introduce un proyecto para formar una comisión que investigue las actividades del P. Ellacuría.
Septiembre. El jesuita norteamericano, Michael Kennedy, arrestado mientras se dirige, acompañado por personal del arzobispado, a un campo de desplazados de guerra. Los funcionarios consulares de los Estados Unidos consiguen liberarlo de la Policía de Hacienda y lo sacan del país.

1987: 12 de marzo. Las Fuerzas de Seguridad revisan y controlan los documentos de todos los jesuitas reunidos en El Paisnal en la celebración del décimo aniversario del asesinato del P. Rutilio Grande.
Junio. Campaña de prensa de la Fuerza Armada y El Diario de Hoy acusando al P. Ellacuría de defender el uso de minas por parte de la guerrilla.
18 de julio. El “Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos, Económicos y Sociales”, de derechas, pide la clausura de la UCA y de la Universidad Nacional, y que la Unión de Trabajadores sea declarada fuera de la ley.
Noviembre. El P. Ignacio Ellacuría aparece nombrado, junto con otros ocho teólogos, en un documento contra la teología de la liberación, preparado para un encuentro de la Conferencia de Ejércitos Americanos, que reúne a las fuerzas armadas de quince países, entre los que se encuentran Estados Unidos y El Salvador. Los teólogos aparecen mencionados en el capítulo que lleva por título “Estrategia del movimiento comunista internacional en América Latina a través de diferentes modos de acción”. En el grupo de trabajo que preparó el documento figuraba el coronel Juan Orlando Zepeda.

1988:

Febrero. Aparecen en la prensa ataques contra el P. Rutilio Grande y contra los jesuitas en general. La Prensa Gráfica publica una serie de cuatro capítulos contra el F. Grande.
Agosto. Aparecen en la prensa ataques contra el Debate Nacional por la Paz, apoyado por el arzobispado. Muchos de los ataques se dirigen contra los jesuitas de la UCA, que son quienes proporcionan el soporte técnico. Acusan a los obispos de meter-se en política y de dejarse manipular por los jesuitas y por la teología de la liberación.
2 de septiembre. Un curso que iba a dar el P. Jon Sobrino
en la universidad Rafael Landívar de Guatemala, recibe fuertes -ataques por parte de la prensa de ese país. Aunque se suspende
y el P. Sobrino no va a Guatemala, el campus de la Landívar sufre un atentado con bombas el día en que hubiera tenido que empezar el curso.
Octubre. Campaña de prensa acusando al P. Ellacuría de defender el uso de coches bomba por el FMLN.

1989: 3 de marzo. Un campo pagado de la “Cruzada pro Paz y Trabajo” ataca a los que llama “grupo de cerebros satánicos conducidos por Ellacuria” y “perros comunistas” que están arruinando al país.
14 de marzo. Hace explosión una granada en la planta eléctrica de la UCA.
16 de abril. Un campo pagado del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador acusa al P. Segundo Montes de defender el uso de minas por parte del FMLN. Un comunicado de prensa de ARENA llama al P. Montes “inhumano e inmoral”.
20 de abril. El coronel Juan Orlando Zepeda, comandante de la Primera Brigada, dice que la UCA es un refugio de los líderes terroristas y que en ella se planifica la estrategia de ataques contra los salvadoreños.
28 de abril. Hacen explosión tres bombas en la imprenta de la UCA y en el portón de entrada junto a ella.
3 de julio. Carta abierta al presidente Cristiani de la “Cruzada pro Paz y Trabajo” en la que piden la captura y juicio sumario de los PP. Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, a los que considera responsables de toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles asesinatos cometidos en nombre de la teología de la liberación y de la doctrina marxista-leninista que intentan imponer.
22 de julio. Hacen explosión cuatro bombas en la imprenta de la UCA.
11-15 de noviembre. Radio Cuscatlán emite amenazas de muerte contra los jesuitas de la UCA, contra Mons. Rivera Damas y contra Mons. Rosa Chávez. Se emiten amenazas como
“Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza” o “Deberían sacar a Ellacuria para matarlo a escupidas”.
13 de noviembre. La Prensa Gráfica informa de las amenazas retransmitidas por la cadena nacional de radio que decían que “es de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de diez años. Señalaron como principal responsable al sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría”.
13 de noviembre. La residencia de los jesuitas de la UCA y el Centro Monseñor Romero, registrados por soldados del Atlacatl.
16 de noviembre. Los PP. Ignacio El/acuría, Ignacio MarUnBaró, Segundo Mon~s, Joaquín López y López, Amando López y Juan Ramón Moreno, junfo con la Sra. Julia Elba Ramos y su hija Celina, son asesinados den&o del cam pus de la UCA. Los asesinos también incendian y saquean el Centro Monseñor Romero.
16 de noviembre. Un vehículo de la Primera Brigada, con altavoces, circula por los alrededores del arzobispado anunciando: “¡Ellacuría y Martín-Baró ya cayeron! ¡Seguimos matando comunistas!”
21 de noviembre. Un helicóptero sobrevuela el campus de la UCA y dispara unas ráfagas contra la ventana de la que fue oficina del P. Ellacuria.

1990: 13 de marzo. Los periódicos salvadoreños reproducen un artículo, publicado en España, en el que se ataca al P. Ellacuría y se menciona al P. Jon Sobrino y a un jesuita de la universidad de Santa Clara, que tiene una “siniestra” historia, según el artículo.
19 de julio. La “Cruzada pro Paz y Trabajo” publica un campo pagado en El Diario de Hoy contra los pastores que se dedican a servir a Satanás por medio de la teología de la liberación. Repiten la misma lista de personas de su carta abierta al presidente Cristiani del 3 de julio de 1989, excepto tres personas ya asesinadas en ese lapso de tiempo: Ignacio Ellacuria, Segundo Montes y Febe Velásquez, que murió en el atentado contra la sede de FENASTRAS en octubre de 1989.
9 de agosto. Una columna de El Diario de Hoy ataca a la teología de la liberación y menciona a algunos “destacados miembros de la Compañía de Jesús”.

1991: 18 de septiembre. Un columnista de El Diario de Hoy recuerda el período histórico en que los jesuitas fueron expulsados por el Rey de España, a finales del siglo XVIII, porque eran “unos revoltosos, insubordinados y peligrosos sujetos” y propone que los historiadores salvadoreños tomen nota de esta historia.
8 de octubre. El Mundo retoma la historia de la expulsión y supresión de los jesuitas y señala que la orden es todavía poderosa y se dedica “a la docencia y a las intrigas políticas”.
15 de octubre. Un columnista de El Diario de Hoy ataca al P. Tojeira y a otros por su empeño en identificar a los autores intelectuales de los asesinatos de la UCA. Dice que no quieren identificar a los autores intelectuales, sino desacreditar a la Fuerza Armada presentándola ante el mundo como una institución formada por gente sin escrúpulos.

1992: 13 de marzo. El P. Steve Kelly, de nacionalidad norteamericana, expulsado de El Salvador después de ser detenido durante una operación policial que pretendía desalojar a unos campesinos que habían ocupado tierras.

1994: 6 de junio. Un escuadrón de la muerte amenaza con matar al Procurador de los Derechos Humanos y a los jesuitas de la UCA si no abandonan el país antes de cuarenta y ocho horas. En una llamada telefónica a una comunidad de jesuitas, una voz de mujer advierte: “Quiero decirles que algunos jesuitas van a morir”.

CRONICA DEL CRIMEN

Cronología del Crimen 11 al 16 de Noviembre de 1989

Poco después de las ocho de la noche del 11 de noviembre de 1989, la fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional(FMLN), desencadenaron la que resultó ser la ofensiva urbana más fuerte de toda la guerra civil salvadoreña, que venía durando ya diez largos años.

Los combatientes del FMLN atacaron simultáneamente diversos puntos de la capital. A los pocos minutos se escuchaban ya fuertes combates en muchos lugares, mientras el cielo se iluminaba con las luces de bengala disparadas por los militares.

Algunos de los primeros combates resultaron ser maniobras de diversión. Aquella primera noche la lucha más dura se desarrolló en los alrededores de Universidad Nacional y del cuartel de la Primera Brigada de Infantería, contiguo a ésta. Las tropas del ejército chocaron brevemente con el FMLN a lo largo de la Autopista Sur, junto al estadio Cuscatlán y a la entrada de unas urbanizaciones militares, justo frente a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

El FMLN atacó también la residencia del presidente Alfredo Cristiani, y las del presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, lo que hizo que los funcionarios norteamericanos informaran equivocadamente de que el objetivo de la ofensiva era asesinar a funcionarios gubernamentales salvadoreños y tomar el poder.

Muy pronto se vio que la ofensiva del FMLN era radicalmente diferente a cualquier otro combate entablado en San Salvador. Se calcula que, durante las semanas anteriores, se habían introducido en San Salvador entre mil quinientos y tres mil combatientes. Estas tropas dieron la impresión de estar muy bien preparadas y contar con buen abastecimiento de municiones y comida.

Las barriadas obreras que rodean la capital se convirtieron pronto en bastiones rebeldes, ocupados y controlados por el FMLN. Los observadores que visitaron esas barriadas en los días posteriores al 11 de noviembre, se encontraron con combatientes relajados, que charlaban con los residentes, aparentemente dispuestos a quedarse allí mucho tiempo. En los barrios pobres, como Santa Marta, Soyapango, Zacamil y Mejicanos fue donde los guerrilleros establecieron posiciones y donde, por tanto, los habitantes sufrieron más.

Los lugares y circunstancias en que se encontraban los jefes militares y los líderes civiles cuando se desató la ofensiva el 11 de noviembre, hacen sospechar que no pensaban que iba a ser tanta la magnitud del ataque de la guerrilla. El portavoz militar, mayor Mauricio Chávez Cáceres y su hermano, el comandante de la Quinta Brigada, coronel José Emilio Chávez Cáceres, acababan de irse de vacaciones ese mismo día a Guatemala. Varios oficiales de alta graduación estaban también en Guatemala en una reunión de militares de toda América Latina, entre ellos el máximo jefe de la inteligencia militar del país, el coronel Iván Reynaldo Díaz. El coronel Carlos Armando Avilés, jefe de Operaciones Psicológicas del Estado Mayor Conjunto, estaba de vacaciones en Nueva Orleans con su esposa y sus hijos. El presidente Cristiani se encontraba en su residencia de vacaciones en el lago Coatepeque. Y el vicepresidente Merino abandonó San Salvador en helicóptero la misma tarde del 11 de noviembre, deteniéndose en el cuartel del batallón Atlacatl hacia las tres de la tarde, antes de continuar hacia San Miguel, para una reunión de ARENA.

Entre los oficiales que estaban fuera del país se encontraba el general Juan Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea durante un insólitamente largo período de diez años. La Fuerza Aérea, que también controlaba la zona que rodea su base en Ilopango, era famosa por sus actuaciones violentas y contrarias a los derechos humanos. En 1990, un artículo en The New Republic informaba que la CIA “proporcionaba dinero y adiestramiento a las unidades de élite de la Fuerza Aérea…”

El general Bustillo estaba en Estados Unidos cuando comenzaron los combates en San Salvador. Regresó a primeras horas de la mañana del 13 de noviembre en un avión privado, copilotado por Félix Rodríguez, un antiguo agente de la CIA que había organizado las operaciones de suministros a la “contra> nicaragüense desde El Salvador. Rodríguez manifestó a un periódico de Miami en noviembre de 1939, que se las había arreglado para conseguir que un empresario de Miami les prestara su avión particular, después de que le fuera imposible conseguir que el general regresara a El Salvador en un avión militar norteamericano. Según esta versión, de la que el Lawyers Committee ha tenido confirmación por otra fuente, los controladores aéreos de la base de Ilopango, al principio negaron al avión el permiso para aterrizar, por temor a que fuera un aparato de la guerrilla.

En cualquier caso, por falta de información o por otras razones, la Fuerza Armada salvadoreña reaccionó muy débilmente y desconcertada por la sorpresa.

Según el coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto, la Fuerza Armada tenía conocimiento de la ofensiva desde el 9 de noviembre. El sábado 11 de noviembre por la mañana, los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos sabían que algo iba a pasar esa noche.

Aunque la inteligencia militar salvadoreña llegó a tener la información, la Fuerza Armada carecía claramente de la preparación necesaria para repeler el fuerte ataque del FMLN y de la capacidad de la guerrilla para mantenerse durante varios días en amplios sectores de la capital.

Las fuentes militares salvadoreñas, así como los civiles informados de estos temas, describen al ejército durante los primeros días de la ofensiva del FMLN como una institución en total desorden. Se cuenta que el coronel Ponce y otros altos oficiales dijeron que habían considerado seriamente que podían perder el poder o que San Salvador podía llegar a convertirse en una capital dividida, al estilo de Beirut.

AMENAZAS DE MUERTE POR LA RADIO

Durante las primeras horas de la ofensiva, las emisoras salvadoreñas cubrieron de forma excelente las incidencias de los combates por toda la ciudad. Los periodistas y los particulares telefoneaban y daban informes “en vivo y en directo” desde las barriadas en las que se estaba combatiendo. Los radioyentes podían constatar el alcance y la gravedad de la ofensiva.

Pero, aproximadamente hacia las once de la noche, todas las emisoras recibieron la orden de conectarse a una “cadena nacional” que no era otra que Radio Cuscatlán, la emisora de la Fuerza Armada salvadoreña. Dos emisoras, que al principio se negaron a conectar, fueron obligadas a hacerlo poco más tarde.

Ya bajo el control de la Fuerza Armada, la programación cambió radicalmente y se cortó la información directa sobre los combates. Los repetidos mensajes del Centro de Información Nacional, organismo gubernamental, afirmaban que la lucha estaba muy localizada y que pronto toda la situación estaría bajo control.

También cambiaron los contenidos de las llamadas de los ciudadanos particulares. Dejaron de pedir información sobre parientes o de transmitir mensajes a sus familias diciendo que se encontraban bien. En cambio, las llamadas empezaron a llenarse de denuncias y ataques contra personalidades de la oposición política, de los sindicatos, de la Iglesia y de las organizaciones no gubernamentales, a menudo acusadas de ser fachadas del FMLN. Los contenidos de estas llamadas eran virulentos, llenos de odio y, muy frecuentemente, pidiendo actuaciones violentas contra quienes nombraban.

Alguien pidió que colgaran a Guillermo Ungo, líder del Movimiento Nacional Revolucionario. Otros amenazaron a Rubén Zamora, del Movimiento Popular Social Cristiano y a varios líderes de la oposición y les aconsejaron que “salieran del país” o que “se fueran a Cuba”.

Continuando con la ya larga historia de acoso y persecución a la Compañía de Jesús, los ataques también se dirigieron contra los jesuitas. Ignacio Ellacuría era uno de los más nombrados por quienes llamaban. “Ellacuría es un guerrillero. ¡Que le corten la cabeza!” decía uno. “Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas”, decía otro. El vicepresidente Merino, de ARENA, acusó a Ellacuría de haber envenenado las mentes de la juventud salvadoreña con sus enseñanzas en la UCA y en el colegio Externado San José.

Al informar de estos ataques, La Prensa Gráfica, matutino de San Salvador, hacía el siguiente resumen:

“A través de una cadena radial, durante toda la noche, se escucharon centenares de condenas contra los señores Humberto Centeno, Rubén Zamora, Guillermo Manuel Ungo y otros dirigentes de la Convergencia y FDR, a quienes se atribuye la responsabilidad de lo que hace el FMLN.

Hombres y mujeres hablaron por la radio y pidieron al gobierno que se enjuicie a Centeno, Zamora, Ungo y otros elementos, desde cuyo ingreso a El Salvador, los subversivos han tomado mayor orientación para perpetrar actos de violencia y toda clase de vandalismo.

También se oyeron a través de la cadena radial a nivel nacional, condenas y severas críticas contra el arzobispo monseñor Arturo Rivera Damas y contra el obispo auxiliar, monseñor Gregorio Rosa Chávez, porque dominicalmente, en vez de prédicas evangélicas, hacen discursos comunistas, en favor del FMLN, la Convergencia y FENASTRAS.

Categóricamente dijeron las referidas condenas y críticas, que es de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de diez años. Señalaron como principal responsable al sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría”.

El mayor Mauricio Chávez Cáceres que, como director del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, jugó un papel importante en el suministro y control de la información durante la ofensiva, al ser preguntado sobre las amenazas retransmitidas a través de la cadena nacional de radio, negó cualquier responsabilidad, ya que él había salido de vacaciones a Guatemala el día en que empezaron los combates. Dijo que el gobierno controlaba la cadena a través del Centro de Información Nacional y que la responsabilidad correspondía a Mauricio Sandoval, director de la oficina de prensa del gobierno, el Secretariado de Información Nacional. “Cuando llegué a la emisora me di cuenta de que tenían un micrófono abierto por el que podía hablar cualquiera. Me contaron las amenazas, que la gente decía que los jesuitas eran los responsables”, dijo el mayor Chávez Cáceres. “Di la orden de que se cortara el micrófono abierto. Desde el 14 de noviembre sólo se daba información militar.”

Al explicar cómo sucedió que llegaran a emitirse las amenazas, el mayor dijo que “nadie tenía experiencia con estas cosas. (Una ofensiva guerrillera de este calibre) nunca había sucedido durante los últimos diez años. Quizá fue un error el micrófono abierto”.

Bernard W. Aronson, director general para asuntos interamericanos del departamento de Estado de Estados Unidos, al declarar ante el comité de relaciones exteriores del Senado el 17 de noviembre de 1989, dijo que, cuando supo de las amenazas, el martes 14 de noviembre, cablegrafió personalmente al embajador William Walker pidiéndole que “trasladara al presidente Cristiani el deseo de la administración (de los Estados Unidos) de que su gobierno, dentro de los límites de la libertad de prensa, no permitiera tales amenazas en los medios controlados por el gobierno”. Pero Aronson rechazó las sugerencias de que el gobierno salvadoreño fuera responsable, diciendo: “Pienso que es un error sugerir que eran personas que trabajaban para el gobierno quienes lanzaron amenazas de muerte a través de las ondas”.

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE

El 10 de noviembre, un día antes de que el FMLN lanzara su ofensiva, trece miembros de una unidad de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, de Fort Bragg, Carolina del Norte, comenzaron un curso de entrenamiento en el cuartel del Atlacatl en Sitio del Niño (La Libertad). Entre sus alumnos estaban los hombres de la unidad de comandos, siete de los cuales fueron posteriormente procesados por los asesinatos de los jesuitas y de las dos mujeres.

Según la información que el Pentágono proporcionó a la Comisión Moakley, los miembros del séptimo grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas estaban siendo examinados en esos momentos en “la evaluación anual que hace el destacamento de Fuerzas Especiales sobre su eficacia para llevar a cabo misiones de entrenamiento de defensa interna en el extranjero”. El curso de entrenamiento estaba dirigido a unos ciento cincuenta hombres del Atlacatl y programado para desarrollarse entre el 10 y el 20 de noviembre.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE

JARDINES DE GUADALUPE

Uno de los primeros lugares donde empezaron los combates la noche del 11 de noviembre, fue en la Torre Democracia. Se trata de un rascacielos de oficinas, vacío desde que se construyó, pues nunca fue ocupado, está situado en la confluencia de la avenida Albert Einstein con la Autopista Sur, justo frente a una esquina del campus de la UCA. Este rascacielos había sufrido varios atentados del FMLN y se encontraba tomado por Fuerzas de Seguridad. Los pisos superiores se utilizaban como excelente observatorio para vigilancia.

Muy cerca de allí, también estuvo bajo fuego guerrillero durante treinta minutos, según fuentes militares, la patrulla que estaba a la entrada de la colonia Arce, de viviendas militares, en la Autopista Sur. Los jesuitas residentes en la zona cuentan que también hubo combates muy al principio en el supermercado Santa Clara, situado en la esquina entre las calles Río Lempa y mediterráneo.

Poco después de comenzar la ofensiva, un grupo de combatientes del FMLN atravesó el campus de la UCA entrando por el portón de la avenida Albert Einstein, junto a la residencia de los jesuitas. Volaron el portón con un explosivo de baja potencia. Antes de diez minutos ya habían llegado los soldados al lugar y “controlaron la situación”, según una cronología preparada por los jesuitas.

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRAN ARMAS EN CENTRO LOYOLA

El domingo 12 de noviembre, entre las nueve y las diez de la mañana, una patrulla militar de unos ocho a diez hombres pidió permiso para examinar el lugar. Les acompañó Segundo Montes, uno de los jesuitas que serían asesinados tres días después. El P. Montes contó a los otros jesuitas que los soldados eran del batallón Belloso. Se limitaron a llevarse una bomba que no había hecho explosión, aparentemente abandonada por el FMLN y que los jesuitas habían encontrado cerca del portón.

El P. Ignacio Martín-Baró, otra de las víctimas, dejó en su ordenador una página en la que describía alguno de estos sucesos. “Desde ese momento”, escribió, “un grupo de militares se ubicó a la entrada de las instalaciones universitarias, registrando a todo el que entrara o saliera y, desde el lunes, impidiendo la entrada o salida de toda persona”. A las seis y cuarto de la tarde del lunes, Martín-Baró habló por teléfono con un jesuita de los Estados Unidos y le contó que “nadie podía entrar o salir de la universidad”.

Dada su proximidad a las principales instalaciones militares, Jardines de Guadalupe, una agradable urbanización de clase media en la que está situada la UCA, se encontraba totalmente ocupada por soldados. Los vecinos de la UCA declararon que los soldados estuvieron durante toda esa semana en la calle Cantábrico, que forma uno de los límites del campus de la UCA, y en la calle Mediterráneo, paralela a la anterior.

Una vecina manifestó al Lawyers Committee que en la calle Mediterráneo y otros lugares de Jardines de Guadalupe vio a hombres del batallón Belloso, unidad de elite entrenada por los Estados Unidos, desde el lunes hasta el final de la semana. Algunos jesuitas y otros vecinos vieron por la zona, el miércoles, tropas del batallón Atlacatl.

Hacia las once y media de la mañana del domingo 12 de noviembre, diez agentes de la Policía de Hacienda entraron en los terrenos del Centro Loyola, una casa de ejercicios de los jesuitas, situada en lo alto de una colina, junto a un cafetal como a kilómetro y medio al sur de la UCA.

Esta inspección del Centro Loyola se debió a una llamada telefónica anónima que indicó que “unos delincuentes terroristas del FMLN habían abandonado armas en dicho lugar”, según el informe entregado por el coronel Héctor Heriberto Hernández, director de la Policía de Hacienda, a solicitud de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos.

El P. Fermín Sainz, director del Centro, manifestó que los soldados llevaban a un joven maniatado que les condujo hasta las armas. Los soldados encontraron lo que podía ser el equipo de cuatro guerrilleros, apenas oculto bajo las cenizas de un montón de hojas quemadas.

Sainz subió al Centro Loyola, llamado por el personal que estaba allí y cuenta que el subteniente que iba al mando le dijo; “No se preocupe, padre, estamos encontrando cosas como ésta por toda la ciudad.” Los combatientes del FMLN, cuando huían, preferían abandonar su equipo antes que arriesgarse a ser capturados con él.

El subteniente sugirió que tal vez los guerrilleros habían pensado recuperar sus armas al día siguiente. El presidente Cristiani dijo a un grupo de jesuitas norteamericanos que le visitaron en febrero de 1990, acompañados por el Lawyers Committee, que “nadie pensó que (las armas) tuvieran nada que ver con los jesuitas. Vimos cosas de éstas en muchos lugares. Los soldados encontraron algunas armas, pero no le pararon mente, porque los guerrilleros normalmente hacían eso.”

Aunque los soldados ni siquiera insinuaron que los jesuitas fueran cómplices de la ocultación de esas armas, algunos funcionarios norteamericanos y salvadoreños se refirieron más tarde a este incidente, aportándolo como justificación del registro de la residencia de los jesuitas el 13 de noviembre. O incluso, en algunos casos, utilizándolo para dar a entender que los jesuitas estaban mezclados en el levantamiento armado.

LUNES 13 DE NOVIEMBRE

LOS COMANDOS DEL ATLACATL EN SAN SALVADOR

Durante la tarde del 13 de noviembre, el Estado Mayor decidió crear un “comando de seguridad”, una zona especialmente protegida, que incluyó en su perímetro a la UCA, por que la universidad se encuentra a poca distancia de la sede del Estado Mayor Conjunto que alberga también el ministerio de Defensa, de la Escuela Militar, de la Dirección Nacional de Inteligencia, del batallón San Benito de la Policía Nacional y de dos urbanizaciones militares, la colonia Arce y la colonia Palermo. Es decir, sólo la Autopista Sur separa a la UCA del Complejo Militar más importante del país.

La Escuela Militar fue el lugar escogido para puesto de mando de esta zona de seguridad y su director, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, nombrado comandante. El coronel Ponce manifestó a la comisión del Congreso de los Estados Unidos encabezada por Joe Moakley, que “el Complejo Militar era un objetivo permanente” para el FMLN, que ya “había lanzado cuatro ataques contra estas instalaciones”.

En su tercera declaración por escrito al juzgado Cuarto de lo Penal, el 23 de octubre de 1990, el coronel Ponce dijo que los comandantes del área metropolitana se reunieron a las dos de la tarde del lunes 13 de noviembre y decidieron llamar a la capital a parte del batallón Atlacatl para incorporarlo a este comando de seguridad. El comandante del Atlacatl, teniente coronel Óscar Alberto León Linares, que estaba presente en la reunión, se encargó de transmitir la orden a sus hombres.

En su declaración ante el juez el 26 de septiembre de 1990, el teniente coronel León Linares dijo que el coronel Ponce le había ordenado enviar a la capital a noventa de sus hombres, más la sección de comandos, que fue puesta bajo las órdenes del Estado Mayor.

A pesar de las opiniones optimistas en sentido contrario, el lunes estaba claro que no iba a ser fácil rechazar a los guerrilleros. Para la Fuerza Armada, proteger sus centros clave de mando era de vital importancia. Y la UCA estaba en esa zona.

Como jefe de la Plana Mayor del comando de seguridad fue nombrado el subdirector interino de la Escuela Militar, mayor Carlos Camilo Hernández que, según descubrió la Comisión de la Verdad de la ONU, jugó un papel decisivo en la organización del crimen, pero sólo fue procesado por destruir pruebas.

Según la declaración de Camilo Hernández al juez Zamora, la Escuela Militar se organizó como si fuera un batallón a raíz de la ofensiva guerrillera. La estructura normal de mando se duplicó y se nombraron oficiales al mando de las distintas secciones (personal, inteligencia, operaciones y logística).

Entre las tropas destinadas temporalmente a la Escuela Militar se encontraba la unidad de comandos, de cuarenta y siete hombres, del batallón Atlacatl, uno de los batallones de elite, creado en 1981 y entrenado por los Estados Unidos.

Durante la tarde del 11 de noviembre, horas antes de que empezara la ofensiva, el vicepresidente salvadoreño, Francisco Merino, llegó al cuartel del batallón Atlacatl a bordo de un helicóptero. Los registros del batallón Atlacatl, entregados en el juzgado, muestran que la visita de Merino se prolongó durante dos horas.

Todos los hombres del Atlacatl procesados por los asesinatos se encontraban participando en el curso, incluido Jorge Alberto Sierra Ascencio, uno de los soldados implicados, que desertó a finales de diciembre de 1989 y fue juzgado in absentia.

El curso, que era también un ejercicio docente para los instructores, se vio bruscamente interrumpido la tarde del 13 de noviembre, cuando la unidad de comandos fue destinada a puestos de combate en San Salvador.

El comandante del Atlacatl, teniente coronel León Linares, declaró que el jefe del Estado Mayor Conjunto, coronel Ponce, le ordenó enviar a la Escuela Militar a su unidad de comandos como “refuerzo” del recién creado comando de seguridad.

Según el testimonio de estos soldados, los reunieron hacia las cuatro de la tarde y les dijeron que salían para la capital. El oficial que mandaba la unidad era el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, uno de los que, pocos días más tarde, dirigieron los asesinatos.

Este curso de noviembre de 1989 no era el primer entrenamiento dado por norteamericanos a los que luego fueron procesados por los crímenes de la UCA. Más aún, los cinco oficiales y suboficiales que participaron directamente en los asesinatos, habían recibido formación militar en centros de Estados Unidos, según datos del Pentágono.

Después de la partida de la unidad de comandos para San Salvador, los miembros de las Fuerzas Especiales norteamericanas se quedaron en el cuartel del batallón Atlacatl, en Sitio del Niño (La Libertad) y continuaron la instrucción con los soldados del batallón que “se quedaron para dar seguridad en la base” Según el Informe Moakley, estos boinas verdes pasaron después un día atrincherados en el Hotel Sheraton de San Salvador, cuando el FMLN lo ocupó el 21 de noviembre de 1989.

Al llegar a la capital, los comandos del Atlacatl se dirigieron a la Escuela Militar a esperar órdenes. Sin embargo, en vez de presentarse allí al coronel Benavides, los oficiales que mandaban la unidad se presentaron directamente al Estado Mayor.

Allí se les dio la orden de efectuar un registro en la residencia de los jesuitas. El hecho de que los tenientes se presentaran directamente al Estado Mayor y la unidad efectuara el registro de la casa de los jesuitas nada más llegar a la capital, hace pensar que estos comandos fueron traídos a San Salvador precisamente para eso.

En su declaración escrita presentada al juzgado el 5 de septiembre de 1990 el coronel Ponce dijo que “deducía que los oficiales del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl se presentaron al Estado Mayor para informar de su llegada el 13 de noviembre de 1989, porque el Estado Mayor era quien había ordenado su traslado a la Escuela Militar y su destino al Comando de Seguridad”.

El coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, jefe del Conjunto III (Operaciones) del Estado Mayor en noviembre de 1989, declaró ante el juez el 21 de septiembre de 1990 que el coronel Ponce y él decidieron enviar a los comandos del Atlacatl a realizar el registro porque “les pareció la unidad más apropiada”, a causa de su veteranía y experiencia en combate y porque en ese momento no tenían asignada ninguna otra misión.

EL PADRE ELLACURÍA REGRESA DE ESPAÑA

Hacia las seis menos cuarto de la tarde del 13 de noviembre, el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, llegó al campus de la Universidad. Iba acompañado por Amando López y Francisco Estrada, que habían ido a buscarle al aeropuerto de Comalapa.

Cuando comenzó la ofensiva, Ellacuría estaba en España para recibir un premio concedido a la UCA y asistir a la reunión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Iberoamericana de Postgrado. En aquella reunión fue elegido presidente del Consejo Superior Universitario. Durante su estancia en Europa también había pronunciado un discurso ante el Parlamento alemán.

El 6 de noviembre, mientras Ellacuría se encontraba en Salamanca, el ministro de la Presidencia de El Salvador le había hecho llegar, a través de la UCA, un fax con la solicitud del presidente Cristiani de que formara parte de una comisión que sé iba a constituir para investigar el atentado contra la sede de la federación de sindicatos FENASTRAS, perpetrado pocos días antes, y que había causado la muerte a nueve personas y una tremenda ola de indignación en el país. Ellacuría había respondido, el 9 de noviembre, con otro fax en el que decía:

“Estoy abrumado por el hecho terrorista, estoy dispuesto a trabajar por la promoción de los derechos humanos, estoy convencido de que el Presidente Cristiani rechaza ese tipo de hechos y de que con buena voluntad propone para este caso este mecanismo, quisiera apoyar todo esfuerzo razonable para que prosiga el diálogo/ negociación de la manera más efectiva posible. Precisamente por eso desearía, en primer lugar, agradecer al Sr. Presidente el haberme invitado y, en segundo lugar, pedirle que me dé un espacio razonable de tiempo para tomar mi decisión de un modo responsable en beneficio de la pacificación y democratización del país.

En cuanto regrese al país me pondré en contacto con la situación coyuntural y con los distintos sectores para poder apreciar cuál pueda ser la forma mejor de mi contribución”.

El mensaje manuscrito Ellacuría que incluía la fecha de su regreso a El Salvador fue pasado a máquina en la UCA y enviado al despacho del propio presidente Cristiani.

En una entrevista concedida al periódico Avui, publicada en Barcelona el día antes de que fuera asesinado, Ellacuría, al ser preguntado sobre si tenía miedo a causa de las amenazas de muerte que había recibido, contestó: “Nunca. No tengo miedo. No es un sentimiento que normalmente me invada. ¡Sería tan irracional que me matasen! No he hecho nada malo.”

Durante las tres semanas en que el rector había estado fuera, el país había sufrido grandes cambios y así se lo comentó a sus compañeros: “estamos volviendo a 1980″, el año quizá más violento de la historia moderna de El Salvador.

Los tres sacerdotes efectuaron el viaje desde el aeropuerto (a unos 45 km. de la ciudad) hasta el campus sin ningún incidente, llegando poco antes del toque de queda, impuesto desde el lunes, y que empezaba a las seis de la tarde. Estrada recuerda que López le comentó al Ellacuría las amenazas de muerte transmitidas a través de la cadena nacional de radio. “Ellacuría estaba tenso y callado durante el viaje de regreso a la ciudad”, comentó Estrada. “Apenas si hablaba.”

Al llegar al portón principal de la UCA, sobre la Autopista Sur, unos soldados apostados allí desde el domingo, los detuvieron. No se permitía la entrada al campus. Cuando se aclaró que el conductor del vehículo era el rector de la universidad, les permitieron pasar. El provincial de Centroamérica, José María Tojeira, manifestó a los agentes de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, el 28 de noviembre de 1989, que el hombre que estaba al mando de la patrulla dijo: “Déjenlo entrar, que es el padre”.

Aunque el oficial no mencionó a Ellacuría por su nombre, los sacerdotes no tuvieron ninguna duda de que le había reconocido, ya que Ellacuría aparecía con frecuencia en la televisión salvadoreña y en fotografías en los periódicos. Un vigilante de la UCA declaró que salió a abrir el portón cuando oyó la bocina del Toyota blanco del rector.

Estrada recuerda que el militar que estaba al mando se acercó al vehículo para ver quién iba dentro y dijo algo así como: “¡Ah! ya ha llegado usted, padre”, dando la impresión de que había reconocido a Ellacuría. Cuando éste respondió simplemente “sí”, el hombre dio la orden de dejarles pasar.

Nunca se pudo establecer qué unidad era la que estaba de guardia ante el portón de la UCA aquella tarde. Esos soldados podrían haber revelado si se les había dicho que vigilaran el regreso de Ellacuría y a quién tenían que informar de este hecho. Las respuestas a estas preguntas hubieran arrojado luz sobre quién inició y cuándo los planes para el asesinato. Sin embargo, en mayo de 1991, en respuesta a una pregunta específica de los acusadores particulares, el ministro de Defensa, general Ponce, replicó que no podía identificar la unidad que estaba de guardia a la entrada de la UCA aquella tarde.

EL REGISTRO DEL CENTRO MONSEÑOR ROMERO

Esa misma tarde, a las seis y media, treinta minutos después del comienzo del toque de queda, unos ciento treinta y cinco soldados rodearon el campus de la UCA. Su objetivo era efectuar un registro de la residencia de los jesuitas y del Centro Monseñor Romero, situados en el mismo edificio.

No menos de dos patrullas, unos veinte hombres, entraron al campus rompiendo el candado del portón peatonal que da a la calle Cantábrico. Algunos soldados treparon por un muro. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta, ya estaban dentro del Centro Monseñor Romero.

Estos soldados habían entrado en la planta baja del edificio por una ventana y habían empezado a abrir a patadas las puertas de las oficinas que querían registrar y que encontraban cerradas. El P. Juan Ramón Moreno, a quien estos mismos soldados matarían poco más de cuarenta y ocho horas después, se ofreció a abrirles las puertas para que no las rompieran. Los soldados declararon después que un sacerdote les había acompañado abriendo las puertas con unas llaves.

El P. Ellacuría preguntó a qué venía todo aquello y pidió al oficial que iba al mando que se identificara. Este se negó. El P. Ellacuría, en cambio, sí dijo quién era él, aunque parece que el oficial conocía a Ellacuría, Montes y Martín-Baró, pues los llamaba por sus nombres. El teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que era el oficial que iba al mando de la tropa, había estudiado en el colegio de los jesuitas, el Externado, cuando el P. Montes era rector, aunque éste no reconoció a su antiguo alumno.

Ellacuría dijo a los soldados que no tenían derecho a registrar la residencia sin una orden escrita, porque el edificio pertenecía a la Compañía de Jesús y no a la universidad. Solicitó telefonear al ministro de Defensa, pero no se lo permitieron. El oficial le respondió que, dado el estado de sitio impuesto desde el día anterior, ellos podían hacer lo que quisieran y además añadió que tenían órdenes de registrar todo el campus. En cambio, prometió no forzar las puertas cerradas y respetar a los vigilantes nocturnos de la universidad.

También dijo que los soldados permanecerían toda la noche en el campus, cosa que no hicieron, según se desprende de las declaraciones de los propios soldados a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos. Ellacuría sugirió que, si querían, podían regresar al día siguiente para registrar con luz de día el resto de la UCA, pero no regresaron. Montes comentó después con sus compañeros que los soldados eran del batallón Atlacatl.

Los jesuitas describieron el registro como “correcto” y dijeron que los soldados se habían comportado bien. MartínBaró escribió que el oficial “en todo momento se comportó respetuosamente con los profesores” Comparando con registros anteriores, a los jesuitas les llamó la atención que los soldados no les preguntaran nada, ni parecieran interesados en libros o papeles. Otras veces éstos se habían pasado horas enteras revisando cualquier material escrito que encontraran, para ver si se trataba de algo “subversivo”.

Dentro de la residencia, los jesuitas acompañaron a los soldados. Luego, éstos registraron por su cuenta algunas aulas y laboratorios. No hubo nada en este incidente que hiciera pensar a los jesuitas que pudiera tratarse de otra cosa que de un registro rutinario.

Tojeira declaró a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, el 28 de noviembre de 1989, que sus compañeros creyeron que la causa del registro era “porque había llegado el P. Ellacuría”.

MARTES 14 DE NOVIEMBRE

El 14 de noviembre, los jesuitas examinaron rápidamente las instalaciones y descubrieron que los soldados habían forzado las puertas de varias aulas y laboratorios y habían entrado violentamente en la Clínica Psicológica, dañando materiales de trabajo y rompiendo el cristal de una ventana.

Durante la ausencia de Ellacuría, el resto de su comunidad se había trasladado a la residencia recién construida en el mismo edificio del Centro Monseñor Romero. La primera noche después de su regreso, la del lunes 13 de noviembre, todavía la paso Ellacuría en su antigua casa de la calle Cantábrico. Durante el martes estuvo trasladando sus cosas a su nueva habitación, en la que ya durmió la noche del martes. Y esa fue la única noche completa que durmió allí, puesto que fue asesinado en la madrugada de la siguiente.

Poco después de regresar las tropas del batallón Atlacatl a la Escuela Militar, la Dirección Nacional de Inteligencia, que ocupaba un edificio contiguo, fue atacada por las fuerzas rebeldes, según manifestó al Lawyers Committee una fuente militar. Los agentes de la DNI que defendían las instalaciones, pidieron ayuda a los comandos del Atlacatl, que pasaron desde la Escuela Militar por un portón que comunica ambas dependencias.

Aunque los soldados del batallón Atlacatl no encontraron nada sospechoso durante el registro del Centro Monseñor Romero (y así lo reflejaron en su informe escrito), esa misma noche la embajada de los Estados Unidos en San Salvador envió un cable a la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa norteamericana) en el que decía que “el siguiente material fue encontrado por la Fuerza Armada salvadoreña en los dormitorios de los sacerdotes jesuitas en la Universidad Católica:

§ tres fusiles AK-47 (soviéticos), tres RPG-18 (granadas impulsadas por cohete), dos fusiles M-16, cuatro pistolas del 45 y tres radios YAESU”.

A pesar de ser clara y evidentemente falso, este informe apareció en las oficinas del Senado pocos días antes de la votación del 19 de octubre de 1990 sobre la ley de ayudas exteriores de los Estados Unidos, que incluía un recorte del 50 % en la ayuda militar a El Salvador.

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

EL ATLACATL EN EL CENTRO LOYOLA

Según los registros de inteligencia del comando de seguridad, los soldados del batallón Atlacatl detuvieron a alguien el 14 de noviembre, cerca del cine Colonial, al lado de la UCA. También había tropas del Atlacatl en la Residencial Guadalupe, igualmente junto a la universidad.

El miércoles 15 de noviembre, hacia media mañana, un oficial que patrullaba por Jardines de Guadalupe, comentó a un jesuita que iba a haber mucho “movimiento” aquella tarde o aquella noche.

Hacia las tres de la tarde, unos ciento veinte hombres del Atlacatl llegaron al Centro Loyola, la casa de ejercicios de los jesuitas, que había sido registrada tres días antes por la Policía de Hacienda.

El cuidador abrió las puertas a los soldados, que examinaron rápidamente las cuarenta y cinco habitaciones del centro. Uno de los soldados dijo: “Esto pertenece a la UCA, ¿verdad? Aquí es donde planean la ofensiva.”

Al ser informado de la presencia de los soldados, el Padre Fermín Sainz, el director, subió inmediatamente al centro. Le estaba esperando un sargento que le condujo ante un teniente. Este comentó más tarde: “Con este cura sí se puede hablar, en cambio los de ahí abajo se ponen furiosos.”

Probablemente el teniente se refería al comportamiento de Ellacuría y de los otros jesuitas, cuando les dijeron a los soldados que no tenían derecho a registrar la residencia de la comunidad universitaria el lunes anterior por la noche. Por eso el P. Sainz cree que estos hombres del Atlacatl eran los mismos que hicieron el registro y después cometieron los asesinatos.

Los soldados ocuparon el centro durante toda la tarde. Muchos permanecieron sentados, descansando y esperando órdenes. La encargada del Centro Loyola sirvió pan y café a unos ochenta y cinco hombres.

Hacia las cinco y cuarto de la tarde llegó un capitán y se llevó a parte a los oficiales.

Desplegó un papel muy grande, que a Sainz le pareció un plano o un mapa, y señaló hacia abajo, hacia el campus de la universidad.

Como a las siete, después del toque de queda, los hombres salieron del Centro Loyola y se encaminaron lentamente hacia la UCA.

Antes de dejar el Centro Loyola, un oficial comentó: “Ya vamos a buscar a Ellacuría y a los jesuitas. ¡No queremos extranjeros!” Otro soldado le dijo a un empleado del centro:

“Esta noche va a haber mucha bulla por aquí. Métanse adentro y no asomen la cabeza.” Otro más añadió: “Vamos a buscar a Ellacuría, y si lo encontramos, nos van a dar un premio.”

REUNIÓN EN EL ESTADO MAYOR

Al intentar establecer cuándo se tomó la decisión de matar a los jesuitas o de poner en marcha un plan ya pensado desde tiempo atrás la atención se dirige a las reuniones mantenidas el 15 de noviembre en el Estado Mayor.

Se sabe que la mayoría de oficiales de mayor graduación se habían quedado a vivir en el Complejo Militar y que incluso el presidente Cristiani pasó allí varias noches. El coronel Ponce le contó a los miembros de la Comisión Moakley durante su visita a San Salvador en febrero de 1990 que, a partir del 9 de noviembre, cuando ya estaban seguros de la “posibilidad de una acción importante del FMLN, empezamos a reunirnos casi todas las noches para evaluar la situación”.

Según el coronel Ponce, unos veinticuatro altos oficiales se reunieron hacia las siete y media de la noche del miércoles 15 de noviembre “para analizar las posiciones que habíamos perdido desde el 11 de noviembre… Analizamos lo que teníamos que hacer para recuperarlas. Nos dimos cuenta de que teníamos que tomar medidas más enérgicas.”

Entre los reunidos aquella noche se encontraban el ministro de Defensa, los dos viceministros, los comandantes de las unidades del área metropolitana, los comandantes de las zonas de seguridad especial, los jefes de las Fuerzas de Seguridad, el director de COPREFA y los integrantes del Estado Mayor Conjunto, con su jefe, el coronel Ponce.

Según su propio relato, estos oficiales estaban al borde del pánico, ante su incapacidad para rechazar de la capital al FMLN. Después de citar cuatro ataques a la sede del Estado Mayor Conjunto y varios asaltos a las urbanizaciones militares cercanas, donde vivían muchos oficiales y sus familias, el coronel Ponce recordó que “había habido varias escaramuzas (el 15 de noviembre) al suroeste de la UCA, en Antiguo Cuscatlán, con un muerto y un herido. Había una confusión enorme y disparos por todas partes. No es fácil que ustedes puedan hacerse una idea, revivir ese momento.”

Muchos observadores creen que estos oficiales han exagerado su desesperación en aquellos momentos, con el fin de justificar el asesinato de los jesuitas y los bombardeos aéreos masivos. En cualquier caso, lo que describen es la angustia que atenazaba al ejército, cuando la ofensiva del FMLN iba a entrar en su quinto día sin dar señales de detenerse.

Uno de los asistentes manifestó al San Francisco Examiner que la reunión del 15 de noviembre por la noche fue “la reunión más tensa y desesperada de los más altos comandantes del país, desde que empezó la guerra contra los insurgentes izquierdistas diez años atrás”.

Hubo quien pensó al principio que la decisión de matar a los jesuitas se tomó en esta reunión. O que el coronel Benavides malinterpretó lo que se habló acerca de ir contra los ,”cabecillas” o los “puestos de mando” del FMLN.

El director de COPREFA, mayor Mauricio Chávez Cáceres, presente en la reunión, negó que se hubiera mencionado a los jesuitas, manifestando a la Comisión Moakley que “no se mencionó a la UCA de ninguna manera. Me acordaría perfectamente, porque yo estudié allí y era amigo de los sacerdotes asesinados. No, no se dijo absolutamente nada. Sería un detalle que no hubiera podido olvidar.”

Añadió también que, al final de la reunión, todos se cogieron de las manos y rezaron para pedir la “iluminación divina”. Y dijo: “Si yo creyera que la decisión de matar a los jesuitas se había tomado en aquella reunión, no estaría hoy aquí. No vamos a ser tan cínicos como para rezar a Dios y luego salir a matar sacerdotes.”

El 14 de febrero de 1990, el presidente Cristiani manifestó a un grupo de jesuitas norteamericanos que habían ido a visitarle que “durante aquellos días pasé mucho tiempo en el Estado Mayor. Asistí a varias reuniones, pero no a esa”.

El 27 de agosto de 1990, el ministro de Defensa, general Larios, envió al juez Zamora la lista, que éste le tuvo que pedir, de los oficiales presentes en la reunión.

Aunque negaron que se mencionara a los jesuitas en esa reunión del 15 de noviembre, tanto el coronel Ponce como los demás admitieron que habían decidido utilizar la Fuerza Aérea y lanzar bombas.

A primeros de febrero de 1990, muchos meses antes de que los asistentes a la reunión prestaran declaración en el juzgado, los contenidos de ésta empezaron a aparecer en la prensa norteamericana. Según Tke Boston Sunday Globe, “la reunión terminó hacia las diez y media de la noche” y el presidente Cristiani fue “despertado y se le pidió que firmara una orden autorizando el uso de la Fuerza Aérea y la artillería, cosa que hizo”. Los residentes en Soyapango y otras barriadas recuerdan la noche del 15 de noviembre como la peor en cuanto a bombardeos aéreos.

En agosto de 1990, el juez Zamora envió al general Larios, ministro de Defensa, y al coronel Ponce una lista de preguntas sobre lo que se habló en aquella reunión del 15 de noviembre por la noche. Las declaraciones escritas de estos dos oficiales, aunque daban algunos detalles, no proporcionaron la más mínima información de importancia que pudiera ayudar a aclarar cómo y cuándo se desarrolló el plan asesino.

El general Larios declaró que veinticuatro comandantes habían estado reunidos de forma ininterrumpida desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche. En la reunión no se trató “ni del sacerdote Ignacio Ellacuría, ni de otros jesuitas, ni de las instalaciones de la Universidad José Simeón Cañas, ni de una reunión de dirigentes sindicalistas en dicha universidad. El general añadió que “se decidió expulsar a los miembros del FMLN de las zonas en que persistía la agresión, determinando los métodos de defensa que se emplearían para realizar esto.

El general Larios declaró que, después de la reunión, se comunicó con el presidente Cristiani, que se personó en el Estado Mayor como a las once de la noche y se quedó como hasta las dos de la madrugada del 16 de noviembre.

Si estos datos son ciertos, quiere decir que Cristiani estaba presente en la sede del Estado Mayor mientras se estaba desarrollando la operación del asesinato de los jesuitas y de las dos mujeres a sólo unos cientos de metros de allí.

Por tanto, todos los integrantes de la cúpula militar del país (el ministro de Defensa, los dos viceministros y el jefe del Estado Mayor) estaban reunidos con Cristiani en esos precisos instantes.

El 7 de septiembre de 1990, Cristiani se presentó a declarar en persona ante el juez Zamora, acontecimiento considerado por la prensa como “sin precedentes en la historia contemporánea del Órgano Judicial salvadoreño” y aclaró algunos puntos de lo que ocurrió aquella noche.

Renunciando a su derecho a declarar por escrito, el presidente dijo que fue al Estado Mayor cuando le llamó el general Larios. Le acompañaba su secretario personal, Arturo Tona, en cuya casa se encontraba cuando recibió la llamada. Dijo también que no se mencionó en ningún momento a los jesuitas y que le pidieron que aprobara el uso de armamento pesado.

Afirmó que:

“debido a que era la primera vez que se planteaba el uso de unidades blindadas y de piezas de artillería, era necesario consultar con el declarante la decisión tomada por el Alto Mando, ya que en los primeros días de la ofensiva, por razones de protección de la población civil, no se había empleado este tipo de armas.”

Cristiani declaró ante el juez que, hacia las doce y media de la noche se trasladó con Arturo Tona al puesto de mando del Estado Mayor para recibir información sobre la situación militar en la capital. Allí había, según Cristiani, “dos o tres asesores militares norteamericanos” con quienes no habló.

OTRAS REUNIONES

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Alentado por los asesores de contrainsurgencia de la Administracion Reagan – Roberto D’Aubuissson estructuró y condujo los Escuadrones paramilitares de la Muerte y fundó la Alianza política ARENA que gobernó El Salvador hasta la victoria electoral de Mayo del 200) con Mauricio Funes en la Presidencia.

Es muy poco probable que una orden tan explosiva como la de matar a seis sacerdotes jesuitas se diera en presencia de veinticuatro oficiales. Por eso siempre se pensó en otras reuniones más reducidas, de las que pronto aparecieron informaciones con pistas muy claras.

Un conocido militar retirado, el coronel Ochoa declaró públicamente, tanto a la prensa como en una entrevista en el programa 60 Minutes de la televisión norteamericana el 22 de abril de 1990, que estaba convencido de que el coronel Benavides no había actuado solo, sino que había recibido órdenes de un grupo pequeño de oficiales, después de la reunión amplia del Estado Mayor, la noche del 15 de noviembre.

A los pocos días de estas declaraciones, aparecía en la prensa un comunicado anónimo de un grupo de “oficiales jóvenes” apoyando las afirmaciones del coronel Ochoa y citando varias reuniones celebradas por los más altos oficiales durante aquel día.

Aunque esta versión resultó ser cierta, según descubrió en 1993 la Comisión de la Verdad de la ONU, el Alto Mando la calificó de “propaganda del FMLN” y nadie hizo el menor esfuerzo por investigar su veracidad.

El embajador de los Estados Unidos, William Walker, confirmó en abril de 1990 que su embajada había recibido informes acerca de una segunda reunión celebrada la noche del 15 de noviembre, pero que no les había dado importancia porque “si no se hubieran estado reuniendo casi continuamente, tendrían que haberlos destituido por incompetentes. Es difícil reconstruir lo que sucedió en reuniones tan alejadas ya en el tiempo.”

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE

NOCHE DEL CRIMEN: SEDE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

Al frente del puesto de mando del Estado Mayor Conjunto, desde las ocho de la mañana del día 15 de noviembre hasta las ocho de la mañana del 16, estaba el coronel Nelson Iván López y López, jefe del Conjunto I del Estado Mayor (Personal).

El jefe del Conjunto III, el coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, estuvo en el puesto de mando hasta la una o las dos dela madrugada, según declaró en el juzgado el 21 de septiembre de 1990. Dos asesores militares norteamericanos permanecieron en ese centro de mando durante la noche. Los miembros del Alto Mando estuvieron allí hasta las dos de la madrugada, cuando los asesinos estaban ya en el campus.

El estrépito producido por la operación del asesinato de los jesuitas fuego de ametralladora y de fusiles de asalto automáticos, explosiones de granadas y de cohetes LAW se oyó perfectamente desde el Estado Mayor. “Al oír esas explosiones hubo preocupación extrema en el Estado Mayor”, recuerda el coronel Carlos Armando Avilés. “Fue la primera vez que se temió un ataque a los centros vitales de la Fuerza Armada, el Estado Mayor y el ministerio de Defensa.” Otro oficial que estaba presente esa noche, el jefe del departamento de contrainteligencia, “escuchó fuertes detonaciones y explosiones cerca del Estado Mayor… y las ubicó por el sector de la UCA.

Después de la reunión del Estado Mayor, el coronel Benavides regresó a la Escuela Militar y reunió a sus oficiales.

Benavides informó a los diez que asistieron de las decisiones tomadas en la reunión del Estado Mayor.

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REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

Otra reunión mencionada repetidas veces como clave para el caso, es la celebrada en la Dirección Nacional de Inteligencia, situada cerca del Estado Mayor y de la Escuela Militar.

La CIA norteamericana compartía sus oficinas con la DNI, y los agentes de la CIA solían asistir a sus reuniones. Un agente de la DNI manifestó al Lawyers Committee que la reunión diaria de las ocho de la mañana se adelantó a las siete y media durante la primera semana de la ofensiva guerrillera.

El 16 de noviembre por la mañana, los agentes de la DNI se reunieron como de costumbre. Entre otras cosas, iban a recibir un informe de su jefe, el coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, sobre las decisiones tomadas la noche anterior en la reunión del Estado Mayor.

La primera versión de lo sucedido que se conoció, situaba el comienzo de la reunión a las cinco de la mañana. Empezada la reunión, un oficial, identificado más tarde como el capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, interrumpió ésta para anunciar que a Ellacuría lo habían matado “cuando se resistió al arresto”. Dijo que lo había oído por la radio.

Uno de los que asistieron a la reunión manifestó al Lawyers Committee que ésta había empezado a las siete y media y que sólo estaban presentes los oficiales superiores cuando el capitán Herrera Carranza había entrado en la habitación. Esto explica, dijo, por qué no había ningún agente de la CIA cuando se hizo el anuncio. Al preguntarle si alguien de la CIA estaba en esa reunión del 16 de noviembre, el embajador Walker dijo a un grupo de jesuitas norteamericanos: “Se lo he preguntado y me han dicho que no”.

El San Francisco Examiner informaba en febrero de 1990 que habían circulado varias versiones contradictorias acerca de la reunión. Una fuente manifestó al Examiner que la CIA estaba presente, mientras que otra fuente cercana a la CIA, negó que sus agentes hubieran asistido.

Según las versiones que aparecieron en la prensa de los Estados Unidos, los asistentes a la reunión “celebraron y aplaudieron” cuando el capitán Herrera anunció que Ellacuría había muerto. Un oficial, que negó defensivamente que hubiera reaccionado de esa manera, manifestó al Lawyers Committe que “no veía por qué lo de aplaudir podía ser relevante par saber quién” mató a los sacerdotes. Añadió, sin embargo, que “no quería tampoco dejar la impresión de que lamentábamos la muerte de Ellacuría”. Dijo que, aunque no hubiera nada explicito, él se había quedado con la clara impresión de que los militares podían ser los responsables de los asesinatos.

Según varias versiones, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, coronel Guzmán Aguilar, se enzarzó en una acalorada discusión con el coronel Roberto Pineda Guerra, que opinó que estas muertes tendrían repercusiones seriamente negativas para la Fuerza Armada.

El capitán Luis Alberto Parada Fuentes, que fue uno de los oficiales de la DNI que asistió a la reunión, declaró que “cuando oí la palabra arresto de la boca del capitán Herrera Carranza, imaginé que los autores de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas eran miembros de la Fuerza Armada, porque eso es lo que la palabra (arresto) sugiere”.

EL CRIMEN

El lunes 13 de noviembre, en la tarde, quedó constituida una zona militar para proteger los lugares en donde se encuentran el Estado Mayor, la Escuela Militar y la colonia Arce, ubicada, precisamente, enfrente del portón principal de la UCA. Esta zona de seguridad quedó bajo las órdenes del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, director de la Escuela Militar. A ella se agregaron efectivos de diversos batallones, entre ellos algunos pertenecientes al batallón Atlacatl, así como otros pertenecientes a los destacamentos de Sonsonate y Ahuachapán. Ese mismo lunes se autorizó el registro de la residencia de los jesuitas situada dentro del campus de la UCA y se ordenó ejecutarlo al teniente José Ricardo Espinoza Guerra y a su segundo, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, ambos de alta en el batallón Atlacatl.

Siguiendo el relato de las confesiones extrajudiciales de los ocho acusados llevados ante el juez, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera. A las once de la noche del 15 de noviembre, Espinoza recibió la orden de presentarse ante Benavides en la Escuela Militar. En dicha Escuela se encontró con el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, quien le repitió que el coronel lo quería ver a él y a su subteniente Guevara Cerritos.

Encontraron al coronel en una sala de oficiales y se encaminaron al despacho de este último, donde el coronel dijo: “Esta es una situación donde son ellos o somos nosotros; vamos a comenzar por los cabecillas. Dentro del sector de nosotros tenemos la universidad y ahí está Ellacuría.”

Inmediatamente señaló a Espinoza y continuó: “Tú hiciste el registro y tu gente conoce ese lugar. Usa el mismo dispositivo del día del registro y hay que eliminarlo. Y no quiero testigos. El teniente Mendoza va a ir con ustedes como el encargado de la operación para que no haya problemas.”

Espinoza añade que le dijo al coronel que “eso era un problema serio”. A lo cual el coronel contestó: “No te preocupes, tienes mi apoyo.”

Los otros dos tenientes difieren en algunas cosas de esta versión. El subteniente Guevara coincide con Espinoza, pero añade, poniendo en boca del coronel estas palabras: “Éstos han sido los intelectuales que han dirigido la guerrilla por mucho tiempo.” En cambio, Yusshy Mendoza afirma que cuando lo llamaron al despacho del coronel ya estaba allí Espinoza, y que el coronel sólo dijo: “Mira, Mendoza, vas a acompañar a Espinoza a cumplir una misión. Él ya sabe qué es.”.

Posteriormente, y antes de salir de la Escuela Militar, Espinoza le pidió a Yusshy Mendoza una barra de camuflaje para pintarse la cara. El teniente Espinoza se había graduado como bachiller en el Externado San José siendo rector de dicho colegio el Padre Segundo Montes. Durante el registro, Montes no lo reconoció, pero no es difícil pensar que el teniente sí lo había reconocido. Por su parte, Espinoza afirma que fue Mendoza quien le ofreció la barra de camuflaje para el rostro.

Ya listos para salir, el teniente Mendoza ofreció un fusil AK-47 a quien lo pudiera manejar. Óscar Mariano Amaya Grimaldi, soldado del Atlacatl encargado de usarlo, no recuerda quién de los dos tenientes (Espinoza o Mendoza) se lo dio, pues ambos estaban juntos. Pero sí dijo haber recibido la información de que iban a matar “a unos delincuentes terroristas que se encontraban en el interior de la universidad UCA” de su comandante (Espinoza).

Todos coinciden, sin embargo, en que poco después de recibir la orden del coronel, salieron de la Escuela Militar en dos camionetas. Llegaron hasta los edificios de apartamentos abandonados y dejados a medio construir, que se encuentran en el costado oeste de la UCA. Ahí se concentraron.

Los distintos testimonios indican que los tres tenientes dieron instrucciones sobre el operativo que iban a llevar a cabo, que incluía, por supuesto, la cobertura y seguridad para quienes iban a matar a los padres. Decidieron quiénes ejecutaran el crimen y todo el grupo en columna, se desplazó hacia la UCA. Antes de salir de los edificios abandonados, el soldado Amaya Grimaldi recuerda que el teniente Mendoza le dijo: “Tú eres el hombre clave”.

Amaya Grimaldi, conocido entre sus compañeros como “Pilijay” (“Verdugo”), entendió “que él era el que se encargaría de matar a las personas que se encontraban en ese lugar.” En el camino, al lado de los tenientes Espinoza y Mendoza, Pilijay oyó que el primero de ellos le dijo, refiriéndose al fusil: “Esconde esa mierda”.

EN LA UCA

Entraron por el portón para peatones de la UCA, e incomprensiblemente, esperaron un rato junto al aparcamiento de automóviles. En ese momento pasó un avión a muy baja altura sobre la UCA, el cual despertó a Fermín Sainz y a varios vecinos.

Frente al aparcamiento, los soldados fingieron el primer ataque, dañando los vehículos aparcados, y lanzaron una granada. Uno de los vigilantes de la universidad, que dormía en uno de los edificios enfrente del aparcamiento, atestiguó haber oído dos frases: “Ahí no vayan, que sólo hay cubículos” y “es hora de ir a matar a los jesuitas”.

El operativo se desarrolló formando tres círculos concéntricos. Un grupo de soldados permaneció en zonas distantes al Centro Monseñor Romero. Otros rodearon el edificio. Algunos de ellos se subieron a los tejados de las casas vecinas. Por fin, un grupo más pequeño, “selecto”, participó directamente en los asesinatos. Solamente algunos miembros de este grupo han sido acusados y llevados ante la justicia.

Rodeada la casa, los soldados comenzaron a golpear las puertas. Simultáneamente, penetraron en la planta baja del edificio del Centro Monseñor Romero y destruyeron y quemaron lo que encontraron. Los que rodearon la casa de los jesuitas les gritaron que abrieran las puertas. Oscar Amaya (Pilijay) recuerda haber dicho junto a la puerta trasera de la residencia de los padres: “A ver a qué hora salen de ahí. Según ustedes tengo tiempo para estarlos esperando.” Entonces vio a una persona parada frente a la hamaca que colgaba en el corredor, quien le dijo: “Espérense, ya voy a ir a abrirles, pero no estén haciendo ese desorden”.

Pilijay sólo recuerda “que este señor vestía un camisón de dormir color café.” En efecto, Ellacuría llevaba puesta, en el momento de ser asesinado, una bata de ese color. Antonio Ramiro Avalos Vargas, subsargento de alta en el batallón Atlacatl, atestiguó que por esa puerta había un soldado golpeando con un tronco. Que después de “diez minutos de estar golpeando esas puertas y ventanas, abrió el portón que estaban golpeando con el trozo de madera un señor chele que vestía pijama, quien les dijo que no continuaran golpeando las puertas y ventanas porque ellos estaban conscientes de lo que les sucedería.” Este padre, tal vez Segundo Montes, el único de los asesinados que estaba con pijama y sin bata, fue llevado al jardín en la parte de enfrente de la residencia (opuesta a la fachada del Centro Monseñor Romero). Allí estaban ya Amando López, Ellacuría, Martín-Baró y Juan Ramón Moreno. Probablemente mientras llegaba Segundo Montes, Martín-Baró fue con un soldado a abrir la puerta que comunica la residencia con 1a capilla de Cristo Liberador. Ahí fue donde la testigo Lucía Barrera vio a cinco soldados y donde probablemente Martín-Baró le dijo a uno de ellos: “Esto es una injusticia. Ustedes son carroña.” Esta frase la oyó perfectamente Lucía,

mientras que otra vecina, algo más lejos, sólo alcanzó a escuchar las palabras “injusticia” y “carroña”.

Haciendo cábalas, puede ser también que Martín-Baró dijo estas palabras al ver que un soldado tenía apuntadas con su fusil a Elba y a su hija Celina. En efecto, para abrir la puerta mencionada, hay que pasar enfrente de la habitación donde ellas fueron asesinadas. Tomás Zarpate Castillo, subsargento de alta en el batallón Atlacatl, estaba de guardia en la puerta de esa habitación por orden del teniente de la Escuela Militar, que es como llaman a Yusshy Mendoza los soldados y clases que han declarado.

Antonio Ávalos y Óscar Amaya dicen que dieron la orden de tirarse al suelo cuando se quedaron solos con los padres, tuvieron miedo de perder el control de la situación. Mientras tanto, continuaba el registro de la casa.

Joaquín López y López había conseguido esconderse en alguno de los cuartos. Poco tiempo estuvieron tirados en el suelo los cinco padres. Algunos vecinos oyeron cuchicheos, sin entender lo que se decía. Justo antes de que los asesinos dispararan, una vecina asegura haber oído una especie de cuchicheo acompasado, como salmodia de un grupo en oración.

LA HORA DE MATAR

Antonio Ávalos dice que el teniente Espinoza con el teniente Mendoza a su lado, lo llamó y le preguntó: “¿A qué horas va a proceder?” El subsargento declara que entendió esa frase “como una orden para eliminar a los señores que tenían boca abajo. Se acercó al soldado Amaya y le dijo: “Procedamos”.

Y comenzaron los disparos. Ávalos se ensaña con los padres Juan Ramón Moreno y Amando López. Pilijay disparó contra Ellacuría, Martín-Baró y Montes. A diez metros de distancia permanecieron Espinoza y Mendoza, según las declaraciones de los dos verdugos. Pilijay recuerda que “entre los tres señores que les disparó primero (después dio el tiro de gracia a cada uno), se encontraba el que vestía camisón café antes mencionado”. Entre los disparos, y si hacemos caso a las declaraciones de Pilijay, Martín-Baró sólo recibió el tiro de gracia. La entrada y la trayectoria de las balas hacen pensar que algunos de los padres trataron de incorporarse al comenzar la ejecución. Otros, como Martín-Baró, parecen no haberse movido para nada, manteniendo incluso los pies cruzados hasta el final, como quien se tumba en el suelo y busca una posición cómoda.

Mientras ocurría esto, Tomás Zarpate “estaba dando seguridad” (según sus propias declaraciones) a Elba y Celina. Al escuchar la voz de mando que dice “¡ya!” y los tiros subsiguientes, “también le disparó a las dos mujeres” hasta estar seguro de que estaban muertas, porque “éstas no se quejaban”.

En este momento, cuando cesaron los tiros, apareció en la puerta de la residencia Joaquín López. Los soldados lo llamaron y Pilijay dijo que él respondió: “No me vayan a matar, porque yo no pertenezco a ninguna organización.” Y en seguida entró de nuevo a la casa. La versión del cabo Ángel Pérez Vásquez, de alta en el batallón Atlacatl, coincide en parte con lo anterior. El P. Joaquín López salió de su escondite al oír los disparos, vio los cadáveres e inmediatamente se metió en la casa. Los soldados de fuera le dijeron: “Compa, véngase”. Y, continúa la narración, “el señor no hizo caso, y cuando ya iba a entrar en una habitación, hubo un soldado que le disparó.” Pérez Vásquez continúa su relato diciendo que al caer el P. López hacia adentro de la habitación, él se acercó a inspeccionar el lugar. Y que, “cuando pasaba por encima del señor a quien habían disparado, sintió que éste le agarró de los pies a lo que él retrocedió y le disparó haciéndole cuatro disparos.”

Concluido el crimen, se lanzó una bengala. Era la señal de retirada. Y como algunos no se movieron, se volvió a disparar una segunda bengala. Ya de retirada, de nuevo Avalos Vargas, apodado por sus compañeros “Sapo” o “Satanás”, al pasar frente a la sala de visitas, donde fueron asesinadas Elba y Celina, oyó jadear a unas personas. Inmediatamente pensó en heridos a quienes había que rematar y “encendió un fósforo, observando que en el interior… se encontraban dos mujeres tiradas en el suelo y quienes estaban abrazadas pujando, por lo que le ordenó al soldado Sierra Ascencio que las rematara”. Jorge Alberto Sierra Ascencio, soldado de alta en el batallón Atlacatl disparó una ráfaga como de diez cartuchos hacia el cuerpo de esas mujeres hasta que ya no pujaron”, recuerda Avalos. Cuando Sierra Ascencio percibió que la investigación se estaba orientando hacia su grupo, desertó.

Amaya Grimaldi escuchó a Espinoza Guerra dar la siguiente orden al cabo Cotta Hernández: “Mételos para adentro, aunque sea de arrastradas.”

Entonces el cabo Cotta arrastró el cadáver del P. Juan Ramon Moreno hasta el segundo cuarto del lado oriental de la residencia que, además, no era el suyo, y lo dejó ahí tirado. A su lado quedó el libro El Dios crucificado del teólogo alemán Jürgen Moltmann. Al salir, Cotta se dio cuenta de que todos se habían ido y él hizo lo mismo, dejando los otros cadáveres en la grama.

Había pasado una hora desde que entraron y fingieron un enfrentamiento frente al aparcamiento próximo a la capilla de la universidad.

Como despedida, los soldados fingieron un ataque al Centro Monseñor Romero. Era parte del plan. En el libro de operaciones del Estado Mayor se lee textualmente: “A las cero horas treinta minutos del dieciséis, delincuentes terroristas, mediante disparos de lanzagranadas desde la Quebrada Arenal San Felipe, en las proximidades y al costado Sur Oriente de la Universidad en mención, dañaron el edificio de Teología de ese centro de estudios, sin reportarse bajas.” El coronel sólo se equivocó en el lugar desde el cual fue atacado el edificio y en la hora, adelantada en realidad casi dos horas exactas.

En las puertas y paredes de la planta baja del Centro Monseñor Romero, los soldados escribieron las siglas “FMLN”. Al salir de nuevo por el portón para peatones de la UCA, uno de los criminales escribió: “El FMLN hizo un ajusticiamiento a los orejas contrarios. Vencer o morir. FMLN.” Los análisis grafológicos demuestran que la escritura del subteniente Guevara Cerritos y la del subsargento Ávalos Vargas “presentan características similares”. Algunos soldados recuerdan haber visto a Guevara escribiendo algo en aquel rótulo.

El Centro Monseñor Romero ya estaba quemado por dentro. Supuestamente, Guevara Cerritos, quien en ningún momento estuvo presente en el sitio del múltiple asesinato, dirigió la quema. Después se instaló una ametralladora M-60 traída desde la Escuela Militar, frente al edificio del Centro de Investigación y Documentación para Apoyar la Investigación y apuntando al edificio del Centro Monseñor Romero. Pilijay llegó a tiempo para disparar su AK-47 y su cohete antitanque, el cual estalló contra la verja de hierro del corredor de la residencia de los Padres. Otros soldados también dispararon y uno de ellos lanzó dos granadas contra el edificio.

Cotta Hernández, quien colaboró en el asesinato al arrastrar el cadáver del P. Juan Ramón Moreno murió pocos días después en combate en la Zacamil. El subsargento apodado “Salvaje” (Eduardo Antonio Córdova Monge) y su patrulla, quienes dispararon a mansalva contra el edificio, y los soldados que entraron en el Centro Monseñor Romero e incendiaron y destruyeron sus pertenencias, no fueron llevados a juicio.

En el testimonio del teniente Yusshy Mendoza hay un último recuerdo del escenario del crimen: “Un soldado desconocido llevaba una valija color café claro.” Los cinco mil dólares del premio Alfonso Comín, otorgado pocos días antes a Ellacuría y a la UCA, desaparecieron para siempre.

DE NUEVO EN LA ESCUELA MILITAR

El teniente Espinoza Guerra dice en su declaración que salió del lugar con los ojos llenos de lágrimas. Volvió a llorar una vez más al dar su declaración.

La operación había sido un éxito. En ella habían participado las patrullas de “Satanás”, “Maldito”, “Rayo” y “Acorralado”, apodos de guerra de los jefes que las mandaban. Las patrullas de “Nahum”, “Salvaje”, “Sansón”, “Hércules” y “Lagarto” anduvieron en los alrededores y, al menos la de “Salvaje”, se incorporó activamente al operativo contra el Centro Monsenor Romero.

Espinoza Guerra, apodado “Toro”, cuenta en su declaración que acudió, tan pronto como llegó a la Escuela Militar, al despacho del coronel Benavides “con el fin de reclamarle, ya que se encontraba indignado por lo que había sucedido”. No lo encontró. Cuando por fin apareció, el mismo coronel tomó la iniciativa:

-¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado?

-Mi coronel, no me ha gustado esto que se ha hecho.

-Cálmate, no te preocupes. Tienes mi apoyo. Confía en mí.

-Eso espero, mi coronel.”

Esa noche, en torno a la UCA, en lugares muy próximos, había más de trescientos militares entre oficiales, clases y soldados, sin contar con quienes participaron en el operativo asesino. Y ninguno de ellos se extrañó, ni se preocupó, ni informó o intentó averiguar lo que pasaba en la UCA. Los soldados del batallón Atlacatl que participaron en el asesinato fueron enviados a las seis de la mañana del día 16 a combatir en el sector de Mejicanos y Zacamil, incorporados a su batallón. Allí lucharon junto con los soldados de la Primera Brigada. Ese mismo día, entre las dos y las tres de la tarde, monseñor Rivera Damas y monseñor Rosa Chávez escucharon una voz que, desde un vehículo militar con altavoces, decía: “Seguimos matando comunistas. Ya han caído Ellacuría y Martín-Baró. Rindanse. Somos de la Primera Brigada.” A pesar de la denuncia de monseñor Rosa y otros, el hecho nunca fue investigado.

COMIENZA EL ENCUBRIMIENTO

Los primeros intentos de ocultar el papel de los militares en los asesinatos de los jesuitas se produjeron, como hemos visto, incluso antes de que los soldados abandonaran el campus, atribuyendo el hecho al FMLN en rótulos y pintadas.

El gobierno salvadoreño también se apresuró a desarrollar su propia campaña de encubrimiento. A finales de 1989, unos grupos de “emisarios”, relacionados con ARENA y con el ejército, fueron enviados a Europa, Sudamérica y los Estados Unidos en una ofensiva diplomática que tenía por objeto combatir la publicidad negativa que los asesinatos le estaban produciendo al gobierno a nivel internacional.

Un miembro del personal del Congreso de Estados Unidos, que se reunió en Washington con la delegación salvadoreña, recuerda que el grupo argumentaba que el FMLN quería matar a Ellacuría porque el presidente Cristiani le había pedido que participara en la investigación del atentado contra la sede de la federación sindical FENASTRAS en octubre de 1989. Según ellos, el propio FMLN había dinamitado la sede de FENASTRAS, considerada “fachada” de la guerrilla por el gobierno y el ejército salvadoreños, para intentar crear mártires y así desencadenar la ofensiva guerrillera. Al pedirle que formara parte de una comisión para investigar el atentado, Ellacuría habría descubierto el papel del FMLN en el mismo, por lo que había que matarlo antes de que publicara la verdad.

Unas instrucciones preparadas por el ministerio de Relaciones Exteriores para las delegaciones, proporcionan ejemplos de preguntas y respuestas. Si les preguntaban por las amenazas emitidas por la radio contra los jesuitas durante las horas anteriores a los asesinatos, los miembros de las delegaciones tenían que describir el “micrófono abierto” como “una manifestación más de la libertad de prensa que existe en El Salvador.” A propósito de la gran cantidad de pruebas circunstanciales que implicaban a la Fuerza Armada en el crimen, el ministerio de Relaciones Exteriores ofrecía lo siguiente:

“No debe olvidarse que en cualquier caso, la atribución de tal hecho al gobierno o al ejército salvadoreño carece de todo fundamento moral y jurídico y no debe tomarse más que como una estrategia de los grupos terroristas tendiente a desestabilizar la democracia de la Nación. Debemos tomar en cuenta asimismo, que el beneficiario inmediato de este crimen es el FMLN que lo utiliza internacionalmente en su favor”.

El gobierno de El Salvador mantuvo esta versión de los hechos durante todo el mes de diciembre de 1989 hasta que, a primeros de enero de 1990, su posición se hizo ya totalmente insostenible.

Los Acusados y Responsables del Crimen

Los Acusados

En diciembre de 1990, trece meses después de los asesinatos de la UCA, el juez Ricardo Zamora consideró que ya estaba suficientemente depurado el informativo y elevó el caso a plenario contra diez miembros de la Fuerza Armada salvadoreña. Nueve de ellos estaban acusados de asesinato y de otros delitos menores, mientras que el décimo, el Tte. Cnel. Carlos Camilo Hernández, lo estaba solamente por encubrimiento real, delito que no pasa a consideración de un tribunal de jurado. Todos los acusados seguían perteneciendo al ejército, excepto el soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio, quien había desertado antes de ser detenido.

Todos los acusados de asesinato, salvo el Cnel. Benavides, habían confesado haber participado en la operación militar contra la UCA durante las primeras horas del 16 de noviembre de 1989. Mientras que los tenientes y el subteniente negaron su responsabilidad en los asesinatos, los suboficiales y soldados admitieron su participación en ellos. En sus declaraciones judiciales todos dijeron ser inocentes y negaron conocer el contenido de las confesiones que habían firmado cuando se encontraban detenidos en dependencias de la policía.

Siete de los acusados pertenecían a la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Un asesor norteamericano que trabajó con ellos, describió a la unidad de comandos como “probablemente la mejor unidad (del Atlacatl)”. El mayor Ramírez explicó que los comandos tenían mejor motivación y mayor experiencia, aunque no tuvieran técnicas o instrucción especiales. También señaló que “se sabe que llevan AK-47 de vez en cuando” y que a veces se hacían pasar por guerrilleros para intentar infiltrarse en las líneas enemigas. Eran soldados profesionales, no reclutas, y se encontraban entre los principales beneficiarios de la instrucción y el adiestramiento de Estados Unidos.

Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno

El Cnel. Benavides, de 44 años, es el oficial de mayor graduación procesado en El Salvador por un delito contra los derechos humanos. Es miembro de la Tandona, la tanda o promoción de 1966 de la Escuela Militar, a la que pertenecían los oficiales con puestos de mayor responsabilidad y poder en la Fuerza Armada.

Comenzó su carrera militar en la Fuerza Aérea. En 1984, siendo Tte. Cnel., fue nombrado comandante del batallón Belloso y, a continuación, del Destacamento Militar Nº 3, en La Unión, destino en el cual permaneció seis meses en 1986. En 1987 tomó el mando del Destacamento Militar Nº 5, en Cojutepeque. Al año siguiente fue destinado al mando de la inteligencia (C-2) del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), donde permaneció un año, hasta que fue nombrado director de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, el 1 de junio de 1989.

Siendo director de la Escuela Militar, que estaba situada en una posición estratégica dentro del Complejo Militar, el 13 de noviembre de 1989, durante la ofensiva del FMLN, fue nombrado comandante de un comando de seguridad que incluía en su perímetro, tanto a las instalaciones militares más importantes del país como a la UCA. Para proteger esa zona especial de seguridad, fueron puestas bajo su control operacional tropas de diferentes unidades militares, incluida la unidad de comandos del batallón Atlacatl acusada de haber cometido los asesinatos.

De los nueve acusados, es el único que no estuvo físicamente presente durante los asesinatos. Pero se le acusó de haber dado la orden a los tenientes que dirigieron el operativo. Fue el único a quien el jurado condenó por los ocho asesinatos, aunque le absolvió de los delitos de terrorismo. El juez Zamora lo sentenció a la pena máxima de treinta años, el 23 de enero de 1992. Beneficiado por la amnistía decretada por la asamblea legislativa después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, fue puesto en libertad, y abandonó el penal de Santa Ana el 1 de abril de 1993.

Nunca confesó su participación en los asesinatos, mantuvo que era inocente y dijo desconocer las misiones llevadas a cabo por los hombres del batallón Atlacatl en la UCA, incluido el cateo del 13 de noviembre de 1989. Se le procesó por ser el responsable máximo de la seguridad de la zona y quien mandaba las tropas desplegadas en ella. También era el responsable de las órdenes dadas a las tropas y del uso de las armas pertenecientes a la Escuela Militar.

El Cnel. Benavides se declaró insolvente para responder de los daños. Más tarde se descubrió que había vendido su casa precisamente el 2 de enero de 1990, unos días antes de ser detenido.

Teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona

El Tte. Cnel. Hernández, de 37 años, era subdirector interino de la Escuela Militar en el momento de los asesinatos. Al constituirse el comando de seguridad, se le nombró jefe de la plana mayor del mismo, pero no apareció entre los implicados en el crimen por la comisión de honor. Más tarde fue procesado por encubrimiento real, por su supuesta participación en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar.

En mayo de 1990, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) informó que los libros de registros pedidos por el juez habían sido incinerados por orden del Tte. Cnel. Hernández. Las declaraciones judiciales del encargado de los archivos de la Escuela Militar y del imputado Yusshy Mendoza confirmaron el hecho. En su declaración judicial del 15 de junio de 1990, el Tte. Cnel. Hernández negó haber dado la orden de quemar los libros. El 26 de junio fue acusado de encubrimiento real, por lo que el juez ordenó su detención. Los militares tardaron en llevarlo al juzgado. De hecho no se presentó hasta el 18 de julio, momento en que su abogado defensor renunció, alegando que había recibido amenazas. Debido a esto, el Tte. Cnel. Hernández pasó a ser defendido por el mismo equipo de abogados que llevaban la defensa de los otros acusados, a pesar del evidente conflicto de intereses con el Tte. Mendoza, que era quien le había acusado de haber dado la orden de quemar los libros.

En 1987-1988, Camilo Hernández sirvió bajo las órdenes del Cnel. Ponce en la Tercera Brigada. En el momento de ser procesado, el Tte. Cnel. Hernández ocupaba el puesto de ejecutivo (segundo al mando) del batallón Belloso. Puesto en libertad bajo fianza el 31 de julio de 1990, regresó al campo de batalla y resultó herido al poco tiempo por la explosión de una mina en Chalatenango. Parece ser que después fue trasladado a un puesto menos peligroso en San Salvador.

Muchas personas se sorprendieron cuando el Tte. Cnel. Hernández fue procesado en esta causa, puesto que se decía que era uno de los líderes de los oficiales jóvenes. Algunos aventuraron la opinión de que se le había comprometido para controlar a los oficiales jóvenes, que habían denunciado a la Tandona como responsable del crimen. Otros, sin embargo, pensaban que el Tte. Cnel. Hernández, debido a su puesto al frente de la plana mayor del comando de seguridad, tenía que saber prácticamente todo sobre la preparación y el desarrollo de los asesinatos.

En enero de 1992, el juez Zamora leo condenó a tres años por encubrimiento real, siendo posteriormente amnistiado.

Teniente José Ricardo Espinoza Guerra

El Tte. Espinoza, de 28 años, estudió en el Colegio Externado San José, de los jesuitas, en los tiempos en que el P. Segundo Montes estaba allí, y concluyó el bachillerato en 1979. Se graduó en la Escuela Militar en 1984 y, lo mismo que el Cnel. Benavides, empezó su carrera militar en la Fuerza Aérea. Después de tres años en ella, fue expulsado el 30 de enero de 1987 por “serios errores cometidos durante el servicio”. Inmediatamente, fue destinado al batallón Atlacatl.

El Tte. Espinoza, en gran medida producto de la instrucción norteamericana, fue enviado en varias ocasiones a Estados Unidos: para un curso de inglés en la Base de la Fuerza Aérea de Oakland, San Antonio, Texas, entre el 5 de marzo y el 9 de agosto de 1985; para un curso de piloto, entre el 19 de agosto y el 22 de septiembre de 1985, que luego se prolongó hasta el 31 de diciembre de ese año. También participó en una misión oficial no especificada en Estados Unidos, que duró desde el 1 de enero al 25 de noviembre de 1986. En 1988 viajó de nuevo a Estados Unidos para participar en el curso para oficiales de fuerzas especiales. Sirvió como enlace con los asesores militares estadounidenses y, en su calidad de jefe de la unidad de comandos del batallón Atlacatl, mantuvo su popularidad entre los asesores norteamericanos.

Según el mayor Samuel Ramírez, quien empezó a trabajar con el Tte. Espinoza poco antes de la ofensiva de noviembre de 1989, era el principal punto de contacto con el que trabajábamos para coordinar la instrucción de esta fuerza especial. Habla un inglés excelente y creo que recibió instrucción en nuestra Academia de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte. Si no estoy equivocado, es piloto… Me encontré con que hablaba inglés y era listo. Había hecho algunos de nuestros cursos de pilotos y era piloto de helicóptero y sé que había participado en el curso para fuerzas especiales. Era la persona con la que me entendía para coordinar la instrucción, las necesidades, el alojamiento, la alimentación que íbamos a necesitar para el grupo de fuerzas especiales.

El Tte. Espinoza, apodado “Toro”, fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Aunque la prueba principal contra él la constituía su confesión extrajudicial, hecha ante la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) el 13 de enero de 1990, era también el oficial inmediato superior de los soldados implicados en los asesinatos.

Su confesión extrajudicial constituye el relato más completo de los hechos que rodearon los asesinatos. Según él, recibió del Cnel. Benavides la orden de eliminar al P. Ellacuría sin dejar testigos, pero éste designó al Tte. Mendoza, de la Escuela Militar, para dirigir la operación y para asegurarse de que no hubiese problemas. Describe cómo llevó a sus hombres a la UCA. Sin embargo, una vez dentro del campus, trata de distanciarse de la acción y dice haber salido de la residencia de los jesuitas con los ojos llenos de lágrimas. Sus hombres, sin embargo, lo sitúan más cerca de la escena del crimen. Dice que después fue a quejarse al Cnel. Benavides y que éste le dijo: “Calmate. No te preocupés. Tenés mi apoyo. Confiá en mí”.

Aunque el jurado escuchó la lectura de su confesión, le absolvió de todos los cargos. El juez Zamora lo condenó a tres años por los cargos que no iban a jurado (proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo). Sigue de alta en la Fuerza Armada.

Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos

El Tte. Mendoza, de 26 años, se graduó en la Escuela Militar el mismo año que el Tte. Espinoza, 1984, y fue destinado a la Brigada de Artillería. El 1 de septiembre de 1987 pasó a la Escuela Militar como jefe de sección. Fue con el Tte. Espinoza al curso para oficiales salvadoreños en la Academia de Infantería en Fort Benning, a comienzos de 1982. En 1988 regresó a Fort Benning para participar en el curso de comandos.

Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. También se le acusó de haber participado en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar.

Sigue siendo un misterio por qué caminos se lo terminó comprometiendo en el crimen, pues no hay una sola diligencia de la CIHD previa a la actuación de la comisión de honor, en que aparezca su nombre. Aunque negó su responsabilidad, las principales pruebas contra él las dio en su confesión extrajudicial.

Según ésta, el Cnel. Benavides le ordenó acompañar al Tte. Espinoza, sin decirle en qué consistía la misión a la cual lo enviaba. Cuenta cómo vio a los hombres del Tte. Espinoza rodear el edificio en el que residían los jesuitas, registrándolo todo, y cómo vio a dos mujeres sentadas en una cama. Después escuchó disparos tiro a tiro. Otros de los imputados le atribuyen un papel mucho más activo, pues dicen que fue él quien entregó el AK47 al soldado Amaya Grimaldi y también impartió órdenes.

Aunque negó ante el juez haber dicho lo que figura en su declaración extrajudicial, sí admitió su participación en la quema de los libros de registros, por orden, según él, del subdirector de la Escuela Militar, Tte. Cnel. Camilo Hernández, “para dar cumplimiento a una orden de carácter permanente”.

El jurado, inexplicablemente, lo encontró culpable de uno sólo de los asesinatos, el de la joven de quince años Celina Ramos. El juez Zamora lo condenó también por los dos delitos que no pasaron a consideración del tribunal del jurado. Pasó a cumplir su condena de treinta años en el penal de Santa Ana, de donde salió, junto con el Cnel. Benavides, el 1 de abril de 1993, beneficiado por la amnistía aprobada por la asamblea legislativa unos días antes.

Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos

El Stte. Guevara Cerritos, de 27 años, entró en el ejército en 1980. No pasó por la Escuela Militar, sino que, procedente de la clase de tropa, fue ascendiendo hasta el grado de subteniente, que alcanzó a finales de 1988. Empezó su carrera en la Fuerza Aérea y después pasó al batallón Belloso, donde permaneció entre 1982 y 1988, fecha en la cual se incorporó a los comandos del batallón Atlacatl. Entre julio y diciembre de 1988 estuvo en Estados Unidos recibiendo un curso para oficiales salvadoreños, en Fort Benning, Georgia. En el momento de los asesinatos era el ejecutivo de la unidad de comandos del Atlacatl.

Apodado “Lince”, fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Lo mismo que los dos tenientes, en su confesión extrajudicial negó su responsabilidad en los asesinatos, aunque admitió su participación en el operativo militar contra la UCA la noche del crimen. Su confesión constituyó la principal prueba contra él. Dijo haber estado presente cuando el Cnel. Benavides dio la orden de ir a la UCA y les dijo: “Bueno, señores, nos estamos jugando el todo por el todo. O somos nosotros, o son ellos, ya que éstos han sido los intelectuales que han dirigido la guerrilla por mucho tiempo”. Aunque el jurado escuchó la lectura de su confesión extrajudicial, lo absolvió de todos los cargos. Sigue en la Fuerza Armada.

Subsargento Ramiro Avalos Vargas

El Ssgto. Avalos Vargas, apodado “Sapo” o “Satanás”, tenía 21 años de edad. Mandaba la segunda patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Otros dos miembros de su patrulla fueron acusados de los asesinatos. Recibió un curso de manejo de pequeñas unidades en Estados Unidos, entre el 30 de septiembre y el 14 de diciembre de 1988.

Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. En su confesión a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) admitió haber dado muerte a dos de los sacerdotes (los PP. Amando López y Juan Ramón Moreno). Cumpliendo órdenes del Tte. Espinoza, dijo al soldado Amaya Grimaldi, que se encontraba con él junto a los cinco jesuitas tendidos en la grama: “¡Procedamos!”. Después, mientras se retiraba de la residencia, escuchó unos quejidos en el interior de una habitación y le dijo al soldado Sierra Ascencio que mirara. Al ver que se trataba de dos mujeres malheridas, tendidas en el suelo abrazadas, le dijo a dicho que las rematara, cosa que éste hizo. Ante el juez, igual que los demás, no ratificó su declaración extrajudicial.

Aunque el jurado escuchó la lectura de ésta, fue absuelto de todos los cargos.

Subsargento Tomás Zarpate Castillo

El Ssgto. Zarpate, de 28 años, apodado “Sansón”, mandaba la tercera patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Fue acusado de asesinato y de actos de terrorismo. Admitió su participación en el crimen. En concreto, en su confesión extrajudicial declaró haber disparado sobre las dos mujeres “hasta estar seguro de que estaban muertas”. Sin embargo, resultó absuelto por el jurado.

Cabo Angel Pérez Vásquez

El cabo Pérez Vásquez, de 30 años, pertenecía a la cuarta patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Igual que el Ssgto. Avalos Vargas, había ido a Estados Unidos, en 1987, a hacer el curso de manejo de pequeñas unidades.

En su declaración extrajudicial confesó haber disparado contra el P. López y López, ya herido, y haberlo rematado. El jurado lo absolvió de todos los cargos.

Soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi

Apodado “Pilijay”, de 26 años de edad, había ingresado en el batallón Atlcatl 1982. Llevaba dieciocho meses en la unidad de comandos y pertenecía a la segunda patrulla (la de Avalos Vargas). Conocía el manejo del AK47.

En su declaración extrajudicial admitió su participación en los crímenes. En ella explica que el Tte. Mendoza le confió el fusil AK47 y le dijo: “Vos sos el hombre clave”. Admitió haber dado muerte a tres de los sacerdotes (los PP. Ellacuría, Montes y Martín-Baró) con ese fusil. Después se bebió una cerveza en la cocina de la residencia y, dando la vuelta al edificio, se sumó a los que estaban ametrallando el Centro Monseñor Romero.

A pesar de haber escuchado la lectura de su confesión extrajudicial, el jurado lo absolvió de todos los cargos.

Soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio

El soldado Sierra Ascencio, de 27 años, se incorporó al batallón Atlacatl en julio de 1985. Pasó a la unidad de comandos en 1987. Como Amaya Grimaldi, pertenecía a la segunda patrulla (la de Avalos Vargas). Desertó en diciembre de 1989, por lo que no prestó declaración extrajudicial ni judicial. Fue juzgado in absentia. A pesar de que el juez emitió las correspondientes órdenes de busca y captura, ni la policía ni la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) hicieron nada para arrestarlo.

Acusado de asesinato (remató a las dos mujeres por orden del Sgto. Avalos), fue también absuelto por el jurado.

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Foto Acción – Foto Lofredo  (Junio 2009)

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Desplazados de Rwanda SalgadoDesplazados del Mundo en Rwanda – Foto Sebastián Salgado – Homenaje a El Salvador

De la hostia, la sangre y la arboleda.
Autor: Francisco Andrés Escobar.

I

La grama tiene sangre en la pupila
y grumos de sustancia el muro inerte.
Linfa dolida repta entre las hojas…
¡Y una gran pesadumbre en la arboleda!
Quebrado el cuerpo, y más ausente el alma,
rotos los verbos por injusto fuego.
Tiñe la muerte con su caldo el suelo…
¡Y una gran pesadumbre en la arboleda!

II

Ya no puedo atajar este silencio.
Se me escapa la voz del mudo duelo,
pues si el temblor no vino ante el despojo
y hasta mudos mis ojos parecieron,
es porque, a veces, el dolor nos vuelve
como estatuas de mármol, o de yeso:
cierra el párpado el dique de pesares,
el labio sella su palabra agreste,
sonámbula frialdad apresa el cuerpo
y el alma vaga sobre extraña fiebre.
No quiere maldecir. No es la blasfemia
el clamor de los labios taciturnos.
Ni los señalamientos. Ni los retos.
Ni las reivindicadas consecuencias…
Es otra cosa… ¡Dios!… es otra cosa…
… ¡mi pozo de dolor se enraíza adentro!…
¡Es la noche del débil peregrino
al extraviar la luz de su sendero!

III

Usted, mi don Ignacio, era otro padre:
padre de quien no tiene más que sueños,
padre de quien no habla porque el miedo
le cercena la voz, le mata el gesto.
Usted, mi don Ignacio, era otro padre:
padre de estos eriales y senderos
donde, escasa la luz y corto el verbo,
el mal se ensaña entre los más pequeños.
A usted, mi padre Ignacio, no lo oyeron.
A usted nos lo mataron… así… en seco…
y hoy nos queda esta sangre barboteante…
¡y una gran pesadumbre en la arboleda!
Usted dejó su España, don Ignacio,
y optó por el dolor de esta otra tierra.
Y aquí, mi gran rector, en este insomne
país de las insidias y violencias,
país de las conjuras y denuestos,
– ¡¡país simiesco de alarido y miedo!!
usted su verbo iluminado
y en sangre dio su aurora más cimera.
Usted vino con Rahner y Zubiri
acobijados en morral de sueños.
Y buscó interpretar las realidades,
e imponer la razón como criterio
para encarnar de Dios su mandamiento
de empezar en la historia el alto Reino.
Usted, mi don Ignacio – el Unamuno
de esta su Salamanca que acompaña
la pasión y la sed salvadoreñas -
se internó en la verdad más dolorosa,
descendió a sus raíces más primeras,
y luego la entregó como maestro,
o la vertió en palabras de profeta.
Usted hubo de habérselas, maestro,
con la ciega corriente de los odios
donde luchan los hombres por poderes
colocados en márgenes opuestos.
Y allí quiso mediar. Y confundieron:
vieron la espina en el lugar del beso.
Y en vez de aprovechar su augusta estirpe
para ordenar “la patria mal vivida”
– Como dice otro grande entre poetas -
trajeron a la muerte por consorte,
cegaron con el odio su ojo ciego,
y en la noche de sombras y alaridos
fundieron la esperanza en el silencio.

IV

Usted reposa ahora, don Ignacio,
con Amando, el arcángel consejero;
con la “fe y alegría” de aquel Lolo;
con Segundo, el de barbas de dios Zeus.
Con Pardito, silente y laborioso
que alcanzó a Dios en su correr eterno;
y con Nacho, consciencia inquisitiva
que ha de encuestar los ángeles del cielo.
Allí descansan de este rudo tiempo
de congoja, dolor, llanto y miseria,
y desde el gran martirio atribulado
defienden a la vida en esta tierra.
Elba y Celina, lirios de este pueblo,
reposan más allá de su silencio:
ellas volvieron a su lar amable
a dormir en la tierra primigenia.
Yo voy a recordarlo, don Ignacio,
con su paso sereno en la arboleda,
con la hidalguía del perfil altivo
con que viste el Creador al intelecto.
Con sus manos ungidas en aceite
votivo de las hostias y las letras.
Con sus ojos certeros y aguileños,
con la razón de escudo sobre el pecho
y el inflamado acento sobre el verbo.
Así habrá de vivir, mi padre Ignacio,
alumbrando las voces y el silencio,
iluminando inviernos y veranos
de esta casa que es suya, de este tiempo
cuando el fragor oscuro de la sangre
la paz responda con celestes ecos.

V

¿Qué más puedo decirle, don Ignacio?
¿Qué la luz de la tarde besa el muro
con el perdón del beso comprensivo?
¿Qué furor por furor no es justa vía
para aplacar daimones y delirios,
y que debe brillar, sereno y limpio,
el justo sol, en su alma tan querido?
Los brazos de la cruz, en el ocaso,
extienden ambiciosos sus dominios
con el perdón por lanza y por espinas…
… Debo irme pastor… padre… maestro…
para seguir andando los caminos
que llevan al amor y a su ancho alero.
Adiós… y gracias… por palabra y vida…
Gracias… por el martirio sacrosanto…
Quede con Dios. El lava sus heridas.
¡Adiós, mi gran rector, mi don Ignacio!

+++
Los desastres de la guerra

Los asesinatos de los jesuitas

  • Se cumplen 20 años de la masacre del ejército contra seis religiosos y dos mujeres
  • Cinco de ellos eran de origen español
Por GERVASIO SÁNCHEZ (SOITU.ES)
Actualizado 11-03-2009 09:03 CET

SAN SALVADOR (EL SALVADOR).-  No sé por qué dije sí. Estaba ciertamente cansado después de dos jornadas maratonianas de intensos combates, fuegos cruzados y funerales muy tensos. No sé por qué dije que sí cuando todo el mundo dijo que no. Pero aquella decisión me ha perseguido durante veinte años tanto despierto como en sueños. Unos minutos antes, el provincial de los jesuitas y hoy rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, José María Tojeira, había preguntado: “¿Queréis ver cómo quedaron los jesuitas?” Habíamos visto sus cuerpos boca abajo, pero era difícil imaginarse el ensañamiento de los asesinos.

Gervasio Sánchez

Funeral de los jesuitas asesinados en San Salvador, en noviembre de 1989.

Al decir que sí comenzaron a pasar imágenes brutales por delante de mis ojos. Los disparos fueron hechos a bocajarro y sus caras estaban destrozadas. Era difícil reconocer a varios de ellos. Me fijé en las fotos de Ignacio Ellacuría, tardé unos minutos en reaccionar golpeado por un dolor intenso. Lo había conocido años atrás, lo había visto unos meses antes por última vez, me parecía un hombre valiente, enamorado de la vida, sensato en su manera de enfrentarse a una época tan violenta.

Hace unas semanas visité la UCA de nuevo, el pequeño museo donde se recogen las pertenencias de los jesuitas, incluidas las ropas con las que fueron asesinados, la capilla donde están sus tumbas. Al final de la visita mi guía me señaló unos álbumes y me dijo: “Ahí están las fotos que viste hace 20 años”. Fue como un violento regreso al pasado. Aquellas fotos las tenía tan presentes como si las hubiese visto el día anterior.

El día que dije que sí era el domingo 19 de noviembre de 1989. Por la mañana había sido testigo de un funeral muy tenso. El presidente Alfredo Cristiani fue recibido con gritos. Muchos lo consideraban uno de los autores intelectuales de los crímenes. Los jesuitas obligaron a sus guardaespaldas a entrar desarmados a la iglesia. En altar mayor estaban ordenados los seis ataúdes con los restos de los sacerdotes asesinados.

Gervasio Sánchez

Ropas que llevaban los jesuitas cuando fueron asesinados.

Hay momentos en la vida en que uno querría tener los mejores representantes diplomáticos. Pero el embajador español en El Salvador, Francisco Cádiz, era un auténtico impresentable. Nunca entenderé por qué Felipe González nombró a ese desastre de hombre como nuestro representante. Sobre todo después del periplo de Fernando Álvarez de Miranda, uno de los mejores y más valientes embajadores que he conocido.

Como, al parecer, se aburría durante la liturgia no se le ocurrió otro cosa que comentarle al enviado especial de la agencia EFE, Andreu Claret: “Qué aburrido está esto. No hay una sola tía buena a nuestro alrededor”. Lo escuchó Joaquín Ibarz, corresponsal de La Vanguardia. E Inocencio Arias, segundo alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, estaba al lado. A otro periodista le dijo: “A este paso no va a quedar un solo jesuita vivo”. Sólo un enfermo puede hablar de esta manera. Faltó poco para que alguno de los periodistas le partiera literalmente la cara.

“Usted no se merece entrar en esta casa, usted no es embajador ni es nada, es una mierda y un cobarde”, le dijo el jesuita Rogelio Pedraz al embajador a la entrada de la residencia de los jesuitas. Unos días antes este cobarde se había negado a recibir a una delegación de la UCA que quería pedirle refugio para algunos de los jesuitas. Su excusa fue que los jesuitas no eran españoles. Pero los religiosos tenían que nacionalizarse como salvadoreños para ejercer el magisterio.

Gervasio Sánchez

Tumbas de los jesuitas asesinados (imagen de febrero de 2009).

Al actual director general de Patrimonio, Yago Pico de Coaña, entonces el máximo responsable de la diplomacia española en Latinoamérica, le comentó que “todos los españoles querían irse de El Salvador porque era gratis”. El avión era un C130, conocido como Hércules, un avión de transporte militar. Ni mucho menos el lugar más cómodo del mundo. A pesar de la tensión sólo regresó a España un grupo reducido de españoles.

Aún se mantuvo un año más en la embajada española en El Salvador hasta que un artículo de Joaquín Ibarz titulado ‘Bochornoso papel del embajador de España en El Salvador’, publicado en la página 13 de La Vanguardia de la edición del 19 de noviembre de 1990, provocó su recambio y, como premio, su regreso a la escuela diplomática.

A lo largo de mi vida profesional he visto muchos diplomáticos ineptos y algunos, los menos por desgracia, maravillosos. He visto a embajadores en el Chile de Pinochet más pinochetistas que el propio dictador. He visto a cobardes que no mueven un dedo por ayudar a un compatriota. He visto a un diplomático asegurar que ha hablado con un muerto horas después de su muerte como ocurrió después del atentado contra la sede de la ONU en Bagdad en agosto de 2003. He visto a algunos con unos visos de superioridad que da la risa. Pero, la verdad, ninguno como Francisco Cádiz. No sé qué habrá sido de él, pero aquellos días de dolor nos dio una gran lección indigna de cualquier ser humano.

El próximo 16 de noviembre se cumplirán dos décadas del asesinato de los jesuitas de origen español Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, del salvadoreño Joaquín López y López, del ama de llaves, Julia Elba y su hija Celina Meredith Ramos.

En septiembre de 1991, catorce militares fueron enjuiciados por este crimen, pero sólo dos fueron condenados y puestos en libertad gracias a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa. Los jesuitas decidieron querellarse en 2000 contra el ex presidente Alfredo Cristiani y los autores intelectuales del asesinato.

Gervasio Sánchez

El jesuita Ignacio Ellacurria habla en un acto ecuménico en San Salvador, en marzo de 1989.

El 13 de enero de este año, Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional de España, se declaró competente para investigar a 14 militares a los que imputa los delitos de asesinato terrorista y contra el derecho de gentes. Entre ellos hay cuatro ex generales entre los que destaca el que fue ministro de Defensa, Humberto Larios, y el jefe del estado mayor del Ejército, René Emilio Ponce (que también alcanzó el puesto de ministro de Defensa), dos coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados. El ex presidente Alfredo Cristiani no será juzgado por un delito de encubrimiento, que no tiene ‘persecución universal’.

La querella fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco, en base al principio de Justicia Universal que permitió en 1998 el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres, tras una orden de detención del juez Baltasar Garzón.

La persecución de los jesuitas en El Salvador empezó años antes del brutal crimen, tal como explica el libro ‘Una muerte anunciada’ de Martha Doggett. En junio de 1977, un escuadrón de la muerte “amenazó con matar a todos y cada uno de los 47 jesuitas que estaban en el país si no lo abandonaban antes de un mes”. Tres meses antes habían asesinado al jesuita Rutilio Grande. Para los sectores derechistas más fanáticos “la guerrilla del FMLN no hubiera existido sin la presencia de los jesuitas”.

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