Honduras Nuevo Frente

por lofredo

¿Cómo y por qué del golpe de estado en Honduras?

Sinopsis de un proceso de pacificación y democratización fallido en la región

Una vez más, la defensa de los intereses sociales y políticos de las amplias mayorías excluidas y pauperizadas de Centroamérica depende en exclusiva de las acciones heroicas de los movimientos sociales. Una vez lo hicieron, al derrotar la dictadura Somocista en Nicaragua. Del resultado de esta polarización y esta pugna, que es regional y continental, depende la nueva correlación de fuerzas y los nuevos escenarios políticos que enfrentaremos antes de las elecciones decisivas en América del Sur (este año y el próximo habrán elecciones en Chile, Argentina y Brasil).

El golpe de estado en Honduras marca el inicio de un nuevo proceso regional. Estamos aun muy cerca de los acontecimientos para poder valorar todos sus alcances, pero lo que resulta cierto, es que se trata de un nuevo frente que se abre a las posibilidades de transformación. Depende exclusivamente de los movimientos y las fuerzas intelectuales críticas (desgraciadamente casi inexistentes en la región) no solo el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras, sino la posibilidad de inaugurar un verdadero ciclo de democracia con justicia, equidad y bienestar para los sectores populares. “

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Carlos G. Aguilar | 30 de julio de 2009

Disponible en la traducción: The How and Why of the Coup d’Etat in Honduras: Synopsis of a Failed Process of Pacification and Democratization in the Region

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Acuerdos de Paz y procesos de democratización en Centroamérica

Los cambios que siguieron a los Acuerdos de Paz1 en la región centroamericana, particularmente desde la década de los noventa, cuando se inaugura el ciclo conocido como “proceso de democratización” significaron no solo realización periódica de elecciones, sino todo un paquete de medidas fiscales, macroeconómicas, laborales y socio-productivas destinadas a consolidar la base y estructura de poder regional oligárquica, empresarial y militar.

En otras palabras, la pacificación y democratización de la región no fueron procesos neutros que acontecieron para el fortalecimiento de la formación ciudadana, el reconocimiento y alcance de derechos sociales, políticos y económicos y la participación de sectores estructuralmente excluidos de la vida política regional, como indígenas y campesinos. En el imaginario oligárquico latinoamericano, democracia y estado de derecho significan defensa de los intereses particulares de los grupos de poder local.

Nada de esto se modificó en la década de los noventa. Lo que es aún peor, la reconstrucción de las sociedades centroamericanas se realizó sobre la base de un proceso permanente de violencia estructural protagonizado por el fantasma de la guerra y con una absoluta impunidad para los principales responsables de las masacres y asesinatos cometidos durante el conflicto armado de los años ochenta. Hasta el momento, la sociedad centroamericana no conoce ningún proceso de juzgamiento de los militares y gobernantes que sistemáticamente violaron y asesinaron mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, cristianos comprometidos con la defensa de los intereses populares, sindicales y en general hombres y mujeres que sumaron más de 300 mil muertos (según cifras conservadoras).

La región que despertó tras los acuerdos de Paz, fue una región cansada de la guerra y del intervencionismo militar de los Estados Unidos (EEUU), destruida en su base moral y fundamentalmente en sus estructuras de organización y participación popular. Las fuerzas de izquierda no solo modificaron sus estructuras militares, sino sus programas de acción y la base de sus idearios políticos. En el mejor de los casos, los grandes partidos sobrevivientes (Frente Sandinista en Nicaragua y Frente Farabundo Martí en El Salvador) devinieron estructuras con altos niveles de burocratización y compromisos adquiridos en alianzas que limitan su capacidad de modificar radicalmente las estructuras de dominación en sus países. En estas circunstancias, devienen apéndices que administran el poder que otros ejecutan (las élites militares-empresariales y las grandes corporaciones transnacionales). Las sociedades heredades de este proceso presentan algunas características que podrían ser útiles para entender el contexto sociopolítico en que se produce el golpe de estado en Honduras.

Cabe destacar que los cambios protagonizados por las políticas de ajuste estructural estuvieron destinados a una transformación sistemática que facilitara:

  1. El predominio y acceso al poder político de sectores empresariales oligárquicos vinculados al capital transnacional (es decir, una consolidación de la estructura de poder político e ideológico)
  2. La transformación de las economías locales en un espacio de acumulación regional bajo un proceso intensivo de apertura de mercados, de atracción de inversiones (los tratados de libre comercio forman parte de esta dinámica) y de transformación productiva
  3. La formación de una nueva cultura basada en una ética de los negocios, del “éxito” empresarial y del consumo como proceso de base identitaria
  4. Un control de los principales medios de comunicación y formadores de opinión pública.

Como resultado de este proceso, las economías centroamericanas experimentaron aumentos considerables de los flujos comerciales y de capital, sobre todo financiero y de inversión extranjera a través de las privatizaciones de empresas públicas. Se transitó de una estructura predominantemente agraria a una creciente importancia del sector terciario (servicios, maquila y comercio). Muy pronto las áreas rurales fueron despobladas y la migración campo-ciudad conllevó a la formación de grandes conglomerados urbanos, con extensas franjas de pobreza circundante. Para el 2005 la agricultura tenía un aporte menor que las remesas en términos de Producto Interno Bruto (PIB) y los servicios alcanzaban alrededor del 62.7% del PIB, a nivel regional.

Para ejemplificar rápidamente lo dramático del sector agrícola basta conocer que entre 1990 y 2005 las tierras sembradas de arroz, frijoles, maíz y sorgo (base alimenticia de los sectores populares) se redujeron a la mitad en la región, siendo sustituidas por productos para la exportación. Se pasó a una situación de alta dependencia alimentaria y fuerte incremento de las importaciones, sobre la base de malnutrición y hambrunas provocadas en la población.

En los últimos años también ha habido una fuerte incorporación de las mujeres al mercado laboral, sin embargo, en países como Honduras las mujeres perciben ingresos hasta un 61% menos que los hombres. En términos generales en la región se trata de una fuerza laboral con escasa formación, desprotegida legalmente, y de base rural, en donde el autoempleo de baja rentabilidad genera mas del 40% del empleo total. Por ramas de producción el sector agrícola, pese a ser unos de los sectores mas golpeados del proceso de ajuste estructural, es el principal generador de empleo.

Las condiciones laborales en general, son responsables en buena medida de que la migración represente cerca del 12% del PIB regional, es decir cerca del 10% de la población depende de los ingresos por remesas, en el caso de países como Honduras ha alcanzado hasta el 28% del PIB. La reciente crisis económica-financiera, que contrajo la demanda en los EEUU y Europa significó reducción de empleo en el sector de maquila superior a los 30 mil puestos de trabajo, solo en Honduras.

En términos de crecimiento de la producción, la región Centroaméricana solo supera al África Subsahariana y concentra dos de los países más empobrecidos de América Latina: Honduras y Nicaragua. Casi la mitad de la población regional se encuentra en situación de pobreza, que se estima en unos 18 millones aproximadamente, de los cuales unos 8 millones estarían en condición de pobreza extrema en el 2006. En la distribución del ingreso, el 10% de la población más rica posee entre 10 y 25 veces más que el 40% de la población más pobre, siendo los casos más dramáticos Nicaragua y Honduras.

En este contexto los ejércitos tuvieron y tienen una vida política fundamental en las relaciones de poder del área, tanto a lo interno de las sociedades como en sus relaciones con los objetivos militares y de seguridad de aparatos como la DEA, la CIA y el Comando Sur de los EEUU. En muchos casos, los altos mandos militares se transformaron desde la década de los noventa en agentes empresariales y en casos como el de Honduras tienen potestades constitucionales para operar en áreas como transporte, comunicaciones y educación2.

En los últimos años se aprecia una tendencia al crecimiento del presupuesto y las funciones militares de los ejércitos en la región, particularmente en Guatemala y Honduras. Simultáneamente ha habido una paulatina caída de la base presupuestaria para los sistemas de justicia y algunas de las reformas de los aparatos de justicia en la región fueron financiadas con fondos del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).

Particularmente en Honduras el proyecto de modernización del Poder Judicial que se inicio en el 2004 y debía concluir este año, recibió hasta un 48% de financiamiento del Banco Mundial. El resultado es ampliamente conocido. En Centroamérica aunque existen las leyes y los convenios internacionales, el acatamiento y la aplicabilidad de las mismas es un ejercicio de poder que descansa sobre prácticas mafiosas con amplias redes de corrupción que involucra políticos, empresarios, militares y parte de la jerarquía de la Iglesia Católica.

En resumen, las sociedades y economías centroamericanas se han caracterizado por una sistemática exclusión y pauperización de las amplias mayorías populares, que no solo no fue abordada adecuadamente pos los acuerdos de pacificación, sino que fue profundizada por las políticas aplicadas en la fase denominada “democratización” de los años 90. Dicho sea de paso, este esquema siempre fue acompañado del intervencionismo militar y económico de los gobiernos de los EEUU3. Nada de esto se modificó sustancialmente tras los procesos de paz.

Las condiciones que produjeron la guerra, el hambre y la exclusión en décadas pasadas continúan siendo elementos cotidianos del paisaje político, social y económico centroamericano en el siglo XXI.

Nuevos escenarios políticos en Centroamérica: Golpe de Estado en Honduras

La crisis múltiple económica, social y de legitimidad de las “democracias” representativas en la región expone en toda su brutalidad el fracaso del modelo impuesto tras los procesos de democratización. Marca el final de un escenario en donde las fuerzas de derecha, amparadas por la estructura jerárquica de la Iglesia Católica y los principales medios de comunicación, empezaron a perder el control y la hegemonía frente nuevos procesos políticos protagonizados por sectores sociales movilizados en demanda de la ampliación de su base de derechos y de participación política.

Estos procesos no son de ninguna manera homogéneos en sus manifestaciones, incluyen incluso enfrentamientos con la conducción de partidos y gobiernos tradicionalmente de izquierda como el Frente Sandinista en Nicaragua, pero en términos generales, expresan una disminución de la hegemonía unilateral de las políticas neoliberales y de las tendencias autoritarias de la oligarquía empresarial-militar. De hecho, el enfrentamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras con la cúpula de su partido y los otros poderes de Estado (el Parlamento y el Poder Judicial) es expresión de un fraccionamiento en la clase dirigente relacionada con los intereses en pugna. Lo que se juega en Honduras, con este golpe de estado, es la dimensión política y simbólica de un enfrentamiento más general a nivel continental que expresa una contraofensiva creciente de la derecha más conservadora tanto en el plano económico como militar.

El golpe militar en Honduras, que supuso la expulsión ilegal del Presidente Manuel Zelaya, la aplicación de medidas de suspensión de libertades y la persecución y asesinato de líderes sociales, es el corolario de un esfuerzo mayor por provocar una nueva correlación de fuerzas en América Latina. Surge, no como un simple problema jurídico (como lo han querido presentar algunos medios y los sectores golpistas) sobre el tema de reelección presidencial o de establecimiento de la cuarta urna en las próximas elecciones para decidir la convocatoria a un proceso del Constituyente. Tiene como telón de fondo el reciente triunfo electoral de una fuerza política (Frente Farabundo Martí que ganó recientemente las elecciones en El Salvador) que convoca sectores de izquierda y con una sensibilidad marcadamente diferente que los grupos oligárquico-empresariales del entorno Salvadoreño.

La posibilidad de un nuevo bloque gubernamental no totalmente alineado con los intereses de los Estados Unidos y de los grupos más conservadores de la Iglesia Católica y de la Cúpula Militar-Empresarial, formado por el CA-4 (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador)4, alcanzó a suponer una amenaza seria para el control regional y sobre todo para la expansión de negocios que vienen contrayéndose con la actual crisis financiera mundial. La aparición en el escenario político del ejército hondureño, no supone nada nuevo en este contexto, se trata de la forma más explícita de los “Estados de Excepción” que resultaron tras los procesos de “paz” en Centroamérica.

Dicho en palabras más simples, cuando los negocios marchan bien las democracias suponen torneos electorales; cuando se afectan los intereses de los sectores oligárquicos, se atenta contra el país, contra el orden y la ley lo que significa que la democracia precisa de la colaboración de las fuerzas armadas para seguir funcionando. Excepto movimientos sociales y algunos académicos aislados del entorno universitario y cultural de la región, nadie en Centroamérica (y fuera) se ha atrevido a cuestionar este “Estado de Excepción”5 permanente que supuso la nueva correlación de fuerzas resultante de los procesos de pacificación y democratización del área. A casi nadie se le ocurrió suponer que la pobreza estructural, la marginación y la creciente violencia a que es sometida cotidianamente la población de estos países tenía algo que ver con la brutal e inmoral impunidad con que siguen gobernando los grupos oligarcas de la región.

Cuando el Presidente Manuel Zelaya, se le ocurrió convocó a una consulta el 28 de junio (no se trataba de una ocurrencia del presidente, sino de una demanda creciente de sectores sociales que vienen luchando por mayores espacios de participación política) para saber si los hondureños(as), querían establecer una Asamblea Constituyente y modificar algunos aspectos de la Constitución que resultó de la reforma de 1982, olvidó algunas lecciones que no deben pasarse por alto:

  1. Que las democracias centroamericanas no suponen la participación efectiva de la población (es decir, se dicen democracias, pero nadie debe tomarse esto en serio)
  2. Que ningún proceso en la región que suponga un enfrentamiento con las élites de poder, así sea resultado de un fraccionamiento del poder local como es el caso de M. Zelaya, puede llevarse a cabo sin una intensa preparación, fortalecimiento y movilización de los sectores populares
  3. Que la cúpula militar históricamente ha tenido más poder que el presidente en cualquier país de la región (exceptuando el caso de Costa Rica) y que sus alianzas alcanzan desde los grupos empresariales hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, como lo demostró el Cardenal Rodríguez. En Centroamérica la política huele a pólvora e incienso.

Así visto, y tras el amparo de un grueso expediente pseudo-legal contra el Presidente Zelaya, los militares retomaron el control político de Honduras, con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Parlamento y al mejor estilo del siglo pasado expulsaron al presidente constitucionalmente electo. Ni la Organización de Estados Americanos y el rechazo y denuncia unánime de los gobiernos en América Latina, y la ONU, ni las presiones de la Unión Europea (que ha cortado su programa de ayuda a Honduras) han logrado hacer desistir a los grupos golpistas sobre el restablecimiento de los procesos constitucionales en el país. El gobierno de los EEUU por su parte se juega la carta de una negociación que permita volver al presidente electo, pero sin ningún poder, posición que le garantizaría al Departamento del Estado una condición de estabilidad para los posibles comicios electorales de noviembre en Honduras y para el sostenimiento de su base militar en Palmerola.

Una vez más, la defensa de los intereses sociales y políticos de las amplias mayorías excluidas y pauperizadas de Centroamérica depende en exclusiva de las acciones heroicas de los movimientos sociales. Una vez lo hicieron, al derrotar la dictadura Somocista en Nicaragua. Del resultado de esta polarización y esta pugna, que es regional y continental, depende la nueva correlación de fuerzas y los nuevos escenarios políticos que enfrentaremos antes de las elecciones decisivas en América del Sur (este año y el próximo habrán elecciones en Chile, Argentina y Brasil).

El golpe de estado en Honduras marca el inicio de un nuevo proceso regional. Estamos aun muy cerca de los acontecimientos para poder valorar todos sus alcances, pero lo que resulta cierto, es que se trata de un nuevo frente que se abre a las posibilidades de transformación. Depende exclusivamente de los movimientos y las fuerzas intelectuales críticas (desgraciadamente casi inexistentes en la región) no solo el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras, sino la posibilidad de inaugurar un verdadero ciclo de democracia con justicia, equidad y bienestar para los sectores populares.

Notas

  1. Fundamentalmente a partir del acuerdo conocido como Esquipulas II: “Procedimientos para la paz firme y duradera en Centroamérica”, firmado en Ciudad de Guatemala, el 7 de agosto de 1987.
  2. La Constitución Hondureña de 1982, en su Capítulo X consagrado a las Fuerzas Armadas destaca en su Artículo 274. “Las Fuerzas Armadas…Cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria y situaciones de emergencia.”
  3. Los respectivos gobiernos de los EEUU no abandonaron nunca los proyectos de patrullaje, instalación de bases militares, ejercicios conjuntos y el interés de colocar escuelas policiales, por ejemplo.
  4. El caso de Costa Rica y Panamá es totalmente distinto pues son países con gobiernos fuertemente conservadores y con predominio histórico de la derecha y de la presencia de los intereses de los EEUU en la región. No es casual, en este sentido, que la política del Departamento del Estado (Hillary Clinton) frente al Golpe Militar haya sido solicitar la intermediación del Presidente Arias Sánchez de Costa Rica, cuya propuesta supone un gobierno de coalición que dejaría sin efecto las políticas que buscaban garantizar un cambio en Honduras. En el imaginario del presidente Arias Sánchez y del Departamento del Estado, retorno de la democracia significa retorno de un clima seguro para los negocios con elecciones periódicas y sin alteraciones significativas de la estructura desigual y excluyente de la política local.
  5. Una discusión más amplia sobre este concepto puede consultarse en Agamben, Giorgio, Estado de Excepción, Homo Sacer II, Pre-Textos, Valencia, 2004, sobre todo su capítulo: “El Estado de excepción como paradigma de gobierno”.

Nota del autor: Agradezco particularmente a Jennifer Cornally, la base de información y artículos que me facilitó para la preparación de estas notas. Evidentemente a mis colegas y amigos (as) en Honduras que de manera heroica están enfrentando el cerco informativo-mediático y la represión militar en estos momentos.

Carlos G. Aguilar es investigador del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE), miembro de la Secretaria Mesoamericana del Grito de los Excluidos y del Grupo Pensamiento Crítico basado en San José, Costa Rica. Las opiniones de este artículo son exclusivas del autor y no comprometen las posiciones institucionales que se mencionan acá.

Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.

Recursos

Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, 2008/Programa Estado de la Nación, San José, Costa Rica.

Gallardo, Helio, Notas sobre el Golpe de Estado en Honduras, 2009, www.pensamientocritico.info.

Martí i Puig, Salvador/Sanchez Ancochea, Diego, 2009, “¿Centroamérica outra vez? Sobre la crisis hondureña y algo más,” Opinión: Programa América Latina, CIDOB, www.cidob.org.

Araúz, Alejandro, 2009, “El impacto de la crisis en América Central”, Revista Nueva Sociedad 220, Buenos Aires.

Salomón, Leticia, 2009, “Honduras: Políticos, empresarios y militares: Protagonistas de un golpe anunciado.”

Salomón, Leticia, 2009, “El Golpe de Estado en Honduras: Caracterización, Evolución, y perspectivas.”

Para mayor información

La Derecha Criminal y el Ultimátum a Obama
http://www.ircamericas.org/esp/6300

Golpes de Estado en el siglo XXI
http://www.ircamericas.org/esp/6272

Golpe en Honduras se torna violento, se imponen sanciones
http://www.ircamericas.org/esp/6226

Por qué el golpe de estado en Honduras no triunfará—ni debe hacerlo.
http://www.ircamericas.org/esp/6275

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