24.1 Trastienda de los Encierros

por lofredo


Campaña Europea por la Libertad de los

Prisioneros Políticos en Colombia

freedom1b

ARLAC Bélgica

En octubre y noviembre 2009, visitará Europa una importante delegación colombiana compuesta por:

– Martín Sandoval: Defensor de derechos humanos en el departamento de Arauca, recientemente liberado.
– Ramiro Orjuela: Abogado de derechos humanos.
– Alberto Vanegas: Sindicalista del magisterio, miembro del comité ejecutivo de la CUT, encargado de derechos humanos.

Esta comitiva se encuentra invitada para el lanzamiento de una campaña para exigir la liberación de los 7.500 presos políticos en Colombia, muchos de ellos dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles o bien, simples obreros, campesinos, indígenas y estudiantes.

Es una práctica habitual en Colombia que los dirigentes públicos sean acusados de graves delitos como terrorismo, pertenencia a grupos armados, etc. Acusados con falsas pruebas muchos son condenados y otros son liberados tras permanecer desde meses hasta varios años en prisión. Acusados permanentemente, los dirigentes, aunque sean liberados más tarde, ya han pasado una temporada en prisión y tanto las familias como las organizaciones se encuentran afectadas o desorganizadas.

La situación de los derechos humanos en Colombia es critica. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe, a las atrocidades ya condenadas por Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias, se suman ahora los llamados «falsos positivos» que son inocentes asesinados por el Ejército y que son presentados como guerrilleros dados de baja en combate. En realidad a esas personas les ofrecieron trabajo en el campo y cuando llegaban a la cita eran asesinados vilmente.

Ante las últimas movilizaciones nacionales de los indígenas, el Estado ha respondido con el asesinato de dirigentes, como Edilberto Imbachi Mutumbajoy de la etnia inga, asesinado el 2 de agosto 2009, en una región donde se realizan prospecciones mineras, o el caso del asesinato por el Ejército de Edwin Legarda, esposo de la dirigente campesina Aída Quilcué, quien encabezó la minga indígena que conmovió al país en diciembre de 2008. Esta es la realidad que viven la mayoría de los colombianos y esa es la realidad que aspiran a cambiar para hacer de Colombia, un país más amable y acogedor.

¿Por qué una campaña para liberar los presos políticos?

La crisis económica golpea duramente a la población. Mientras la oposición a la instalación de bases norteamericanas crece, Uribe intenta una nueva reelección. Para ello, debe modificar la Constitución, y todo a pesar de que decenas de diputados de su tendencia se encuentran procesados por colusión con los narcotraficantes y paramilitares, representantes «democráticamente» elegidos por el voto forzado de la población bajo el chantaje de represalias.

La alianza con los poderosos jefes de paramilitares y mafiosos, es la que permitió la propia elección del presidente Uribe. Así consta en el proceso de la llamada «parapolítica » («para» por paramilitares).

Entonces, la situación se encuentra en el medio de múltiples tensiones: entre las tensiones con sus vecinos por las proyectadas bases norteamericanas, la crisis económica, la reelección forzada de Uribe. Esa dinámica va a afectar aún más a los derechos fundamentales de la población y se arriesga que los pocos derechos democráticos aunque limitados, pero existentes, sean conculcados definitivamente. Lo mismo con las conquistas sociales y los derechos sindicales.

Para evitar el aniquilamiento de la oposición social y política al gobierno neoliberal y represivo de Uribe, es necesario apoyarles en Europa. Para que los siete mil presos actuales no se conviertan en 70 mil o más, es ahora de actuar. Con la misma imperiosa necesidad, debemos defender una salida política al conflicto colombiano. La continuación y el redoblamiento de la guerra no es una solución. El país aspira a la paz y también a la justicia. Sin justicia no podrá haber paz.

Se acompaña esta carta con una serie de documentos de análisis para facilitar la comprensión de la compleja realidad del conflicto social y armado colombiano.

Por la campaña en Bélgica,

Ligia Uribe
http://www.arlac.be


Algunos antecedentes

Colombia desde hace 60 años vive un grave conflicto social y armado, que ha sumido al país en un largo duelo. Los movimientos sociales y la población en general aspiran a la paz, pero intereses extranjeros y de quienes se lucran con el conflicto en Colombia misma, lo impiden. La perspectiva de una salida política exige una real democratización y transformaciones estructurales en el país, todo lo cual es vetado por EEUU y sus aliados locales, la gran burguesía colombiana.

Barack Obama acabó de un golpe las esperanzas surgidas tras su llegada a la Casa Blanca. Cuando se esperaba la inauguración de una nueva etapa en las relaciones entre EEUU y la América Latina, Washington volvió a la política de la era Reagan. La instalación de siete bases en Colombia y la llegada de tropas norteamericanas va a complicar una situación ya muy explosiva. Los EEUU ha perpetrado más de 200 agresiones armadas e intervenciones en el continente, las cuales han dejado un amargo recuerdo, sentimiento que podría cristalizarse si desde territorio colombiano se agrede a Venezuela.

En abril de 2000, P. Coverdell, senador conservador norteamericano y promotor del Plan Colombia dijo: «Para controlar Venezuela, es necesario intervenir militarmente en Colombia».

Un cruel conflicto

El conflicto social y armado colombiano, tiene prácticas del horror que son universales y otras que constituyen un «aporte» local al patrimonio universal de la deshumanización.

Entre las universales. Como en el genocidio ruandés, bandas paramilitares organizadas por el Estado masacran a la población civil a machetazos. Como en la guerra del Vietnam, vastas zonas campesinas son rociadas con productos químicos que no sólo atacan los cultivos ilícitos sino que destruyen toda la flora y fauna silvestre, envenenan los ríos y producen cáncer. Como en la Alemania nazi, los paramilitares orientados por las autoridades usan hornos crematorios para desaparecer a las víctimas, como lo explicó desde EEUU, a donde fue extraditado en 2008, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Como en Brasil, el asesinato de niños pobres, vagabundos y prostitutas, es llamado «limpieza social». La lista es interminable, y la mayoría de las veces los ejecutores de estas atrocidades son militares, policías o bandas paramilitares.

Entre los «aportes colombianos», el uso de las motosierras para despedazar vivas a las víctimas. Peor, como lo dio a conocer el diario conservador El Tiempo, hubo una escuela de descuartizamiento: las víctimas escogidas al azar eran llevadas a un sitio donde eran descuartizadas vivas, especialistas formaban a los nuevos reclutas…

Otro aporte: En la matanza de Mapiripán, los paramilitares, procedentes del Urabá antioqueño, asesinaron a 49 campesinos, entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y tras cortar la cabeza de una víctima, jugaron con ella al fútbol, obligando a las familias a presenciar el partido. A esta particular disciplina deportiva le llaman mocha-cabezas (corta-cabezas).

No se trata de un horror gratuito e insensato. Ha sido un medio para desplazar a cuatro millones de campesinos de sus tierras y robárselas ¿El botín? Seis millones de hectáreas, las cuales han sido replantadas con palma aceitera, de la cual se extrae el etanol que se exporta a Europa con el objetivo de disminuir la contaminación. Los nuevos propietarios son los paramilitares, los campesinos lo han perdido todo.

Las riquezas naturales de Colombia han sido su condena. En las regiones ricas en yacimientos minerales o hidrocarburos, las autoridades expulsan a las poblaciones locales -sean campesinos o indígenas- mientras guardias y empresas privadas de seguridad se coordinan con la Policía y el Ejército para perseguir y acabar toda resistencia a las expulsiones y masacres. Las empresas multinacionales, sean norteamericanas o europeas, no sólo lo saben, sino que colaboran y financian a las bandas paramilitares, como British Petroleum (BP) o Coca-Cola.

RG


Derechos humanos y modelo político en Colombia

Colombia ocupa regularmente la primera plana de las noticias internacionales. Droga, mafia y violencia están tristemente asociados a este lejano país. Los medios de comunicación exacerban estos aspectos, lo que excluye desgraciadamente muchos otros. Pocas personas en Europa saben que miles de dirigentes sindicales y sociales han perdido la vida o han sido encarcelados por haber defendido los derechos elementales de la población. Colombia es desgraciadamente es el país del mundo donde hay los más numerosos crímenes contra los periodistas y los sindicalistas.

Y seguramente también el lugar donde hay los más numerosos asesinatos en contra de niños pobres, de marginales y de prostitutas, es lo que llaman ‘limpieza social’ efectuado por policías y paramilitares, pagados por comerciantes.

La imagen distorsionada que tenemos de Colombia se origina en la confusión entre las causas y las consecuencias de la violencia que reina.

La violencia (militar, política, social o mafiosa) en Colombia es el resultado de un régimen político, económico y social que mantiene a la población local sumida en la pobreza y la explotación. Colombia posee importantes reservas naturales de gas y petróleo y su riqueza en vegetación y en agua dulce despierta la voracidad de las multinacionales europeas, norteamericanas y asiáticas. Ellas además las explotan sin escrúpulos, dejando tras su paso importantes daños ambientales, y explotando a los trabajadores sin defensa.

Este régimen reaccionario al servicio de intereses extranjeros es la causa del conflicto social y armado colombiano.

El conflicto actual lleva 60 años. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán Ayala, dirigente progresista del Partido Liberal, es asesinado. Numerosas manifestaciones de repudio estallan, a pesar de la violenta represión. Así, en una sola manifestación, 300 personas fueron asesinadas… La represión rápidamente se propagó a todo el país, transformándose en una guerra de exterminio contra los miembros del Partido Liberal y otras fuerzas progresistas. Pero, progresivamente, la guerrilla se desarrolla en el campo, especialmente a 400 Km al sur de Bogotá, la capital.

Paralelamente, los EEUU en la paranoia de la guerra fría, asimilaron los insurgentes colombianos a simpatizantes comunistas. El 18 de mayo de 1964 tuvo lugar la primera tentativa de erradicación de la naciente guerrilla: la operación LASO (Latin American Security Operation), financiada y coordinada por EEUU. 16 mil hombres, equipados con helicópteros, aviones de reconocimiento, bombarderos y artillería fueron lanzados contra estos jóvenes mal armados. Sin éxito. Después del plan LASO, los EEUU no han cesado de aumentar su implicación en el conflicto colombiano.

Las autoridades norteamericanas, con el objetivo de ganar la batalla que perdieron en 1964, conciben en 1999 el Plan for Peace, Prosperity, and the Strengthening of the State, conocido como Plan Colombia. Este plan ha sido elaborado en inglés, en Estados-Unidos, sin la más mínima participación de las autoridades colombianas.

Con el paso del tiempo, el conflicto se hizo más complejo, implicando al presente a todo el país, y se ha hecho mucho más violento. Todas las tentativas de solución militar de parte del Establecimiento no han hecho más que agravar la situación de la población, por la violencia y la pobreza, así como también por el endeudamiento considerable del país.

‘En un inicio el costo total del Plan es de 7.500 millones de dólares, pero este costo aumentó. De este total Colombia aporta 4.500 millones de dólares, Estados Unidos aporta 3.500, la Unión Europea aporta 1.000 y diferentes organismos financieros aportan 900 millones de dólares…’.

De esta suma astronómica sólo el 93,4% son destinados a la guerra por la vía de la compra de armamento, y solamente 6,6% es destinado a ‘otros’ fines. Así, este plan de paz, como lo llaman sus financiadores, es en los hechos en un 93,4% un plan de guerra. Además, este plan internacionaliza el conflicto. La presencia y la actividad de tropas colombianas, apoyadas por las tropas de Estados Unidos en las fronteras con el Ecuador y Venezuela son una prueba.

Las siete bases norteamericanas en Colombia

El presidente Obama desea instalar siete bases militares con tropas norteamericanas en Colombia. Estas tropas estarán bajo comando norteamericano y no deberán rendir ninguna cuenta a las autoridades colombianas, inclusive si provocan graves infracciones, delitos o asesinatos de nacionales. No contentos de promover la guerra, EEUU la esparcen.

La Casa Blanca y el Pentágono tratan de involucrar toda la región con el objetivo de impedir la consolidación y la expansión del proceso de emancipación en curso en Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, proceso que cuenta con fuertes simpatías en todo el continente. P. Coverdell, senador conservador norteamericano y promotor del Plan Colombia, lo confirmó al declarar: ‘Para controlar Venezuela, es necesario de intervenir militarmente en Colombia’ (abril 2000).

Una contradicción creciente

Hoy en día, Colombia es utilizada por EEUU para expandir el neoliberalismo y la guerra. El modelo colombiano actual, reaccionario, de una violencia extrema, de dependencia extranjera, antidemocrático y bárbaro, es el modelo que EEUU aspiran a imponer a todo el continente latinoamericano y todo en flagrante contradicción con las promesas de Obama.

Ejemplo de la contradicción creciente han surgido tres coordinaciones entre los países latinoamericanos: el Grupo de Río, Unasur y el ALBA. De las tres instancias, los EEUU han sido excluidos. La contradicción entre la aspiración al cambio que conocen las naciones de las regiones y el deseo de los norteamericanos de retomar el control es la base de la nueva crisis sobre las bases norteamericanas en Colombia. Pero es el pueblo colombiano quien paga el precio de la guerra interna y las derrotas de EEUU sobre el continente.

Esto explica por qué día a día disminuyen los espacios de libertad, lo mismo que los derechos democráticos y sindicales, los cuales son el objeto de ataques sistemáticos de parte del Estado, ya sea de la administración de la justicia, de las Fuerzas Armadas y su brazo paramilitar, etc.

RG


Presos políticos en Colombia

Colombia ha vivido en los últimos 60 años bajo estado de excepción, de permanente estado de sitio, estatuto de seguridad o “seguridad democrática”, y puede decirse que son pocos los años en los cuales Colombia ha vivido una relativa normalidad jurídica y de derechos constitucionales.

La legislación de guerra ha estado siempre vinculada al combate contra la insurgencia armada dentro de un conflicto que lleva ya más de 40 años de existencia en Colombia.

Al amparo del estado de excepción elaborado dentro de la teoría de la “seguridad nacional” y del enemigo interno, dentro de la guerra de baja intensidad aplicada por los Estados Unidos en su política de dominio del mundo, se ha ido afinando y refinando la legislación carcelaria, el código penal colombiano y la política de contención del movimiento popular y social, criminalizando y judicializando toda la protesta política, social y reivindicativa, dando una solución militar a toda la protesta y movilización del pueblo colombiano.

En Colombia cerca de siete mil personas conforman la población carcelaria con carácter de presos políticos y sociales.

El gobierno colombiano no les concede el estatuto de presos políticos porque niega la existencia del conflicto armado que existe allí hace ya más de cuatro décadas, no obstante prioriza en atribuirles el rótulo de terroristas.

Hasta el 11 de septiembre de 2001, fecha en que se producen los hechos en las Torres Gemelas de Nueva York, los presos políticos eran acusados del delito de rebelión.

A partir de esa fecha, cambia esta situación y el preso político, además de ser juzgado por rebelión -lo cual está tipificado en el código penal- se le agrega la acusación de terrorista, lo que complica la situación del detenido, colocándolo en una situación de absoluta indefensión.

En el gobierno de Uribe Vélez, su política de “seguridad democrática”, complementada con un millón de informantes y la implementación de las recompensas, ha traído como consecuencia las redadas masivas en ciudades, pueblos y veredas, en las cuales y mediante señalamientos de informantes encapuchados, personal de la fiscalía y del Ejército, del DAS o de la Policía realizan numerosas detenciones contra hombres, mujeres y ancianos, la mayoría de las veces sin orden judicial.

La acusación ya generalizada en todo el país para estos casos es la de ser colaboradores o miembros activos de las organizaciones guerrilleras.

Ante la falta de pruebas para encausarlos, muchos detenidos son torturados para que reconozcan y “confiesen sus delitos”.

Bajo esta modalidad, miles de dirigentes y activistas del movimiento agrario, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, defensores de derechos humanos, indígenas, de los movimientos de las mujeres, se consumen día a día y por años en las cárceles de un régimen que los humilla, los somete, y los reduce a meras cifras, negándoles sus derechos elementales como seres humanos en su dignidad personal y su carácter de presos políticos sujetos de derechos a la luz de la legislación nacional e internacional.

Allí están en cárceles, todas de máxima seguridad, algunas como las de Valledupar y Cómbita construídas bajo convenio con el Buró Federal de Prisiones de los EEUU y con las más estrictas normas de encierro y aislamiento mediante las cuales las autoridades norteamericanas someten a los delincuentes más peligrosos del mundo.

En las cárceles colombianas muchas mujeres prisioneras políticas y sociales salen a dar a luz a un hospital y regresan a las cárceles con sus hijos recién nacidos, convirtiéndose éste en un detenido que debe compartir la prisión con su madre, en medio de las condiciones higiénicas y climáticas más adversas.

En muchas ocasiones los detenidos pierden todo vínculo familiar y la posibilidad de recibir visitas, pues los constantes traslados a cárceles distintas a sus regiones de origen los alejan totalmente de sus familiares, allegados y amigos, perdiéndose todo vinculo familiar y muchas veces separando definitivamente a familias enteras.

Las condiciones de salud en las que viven los prisioneros políticos son infrahumanas. En numerosas ocasiones los detenidos se mueren en las cárceles por falta de atención médica, a muchos con enfermedades terminales se les niega el derecho al tratamiento médico.

Las condiciones de hacinamiento se convierten en tormento insufrible para los detenidos. La mayoría de las cárceles albergan a un número de detenidos cinco o seis veces superior a la capacidad para la que fue construida. Las condiciones climáticas son sofocantes, numerosas cárceles estas construidas en regiones donde la temperatura llega a cero o a dos grados bajo cero y los detenidos tienen que bañarse con agua fría.

Estas cárceles no tienen sistema de calefacción y dado el sistema de hacinamiento en el que muchos detenidos tienen que dormir en el suelo y sobre el cemento, pues esto les vuelve el sueño imposible. Y al contrario, en regiones de clima caliente donde la temperatura asciende hasta los 30 y 34 grados sobre cero, sin ningún sistema de ventilación, sin agua o con poco agua y en medio del hacinamiento en que viven la vida se les vuelve imposible.

Rendimos homenaje a los hombres, mujeres, niños y ancianos que hoy se consumen en las cárceles colombianas y cuyo único delito que cometieron y cometen es luchar por la construcción de una Colombia digna y en paz con justicia social.

Pedro Nolasco Présiga


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El paramilitarismo en Colombia

El conflicto armado en Colombia tiene su antecedente inmediato que son las guerrillas liberales surgidas como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953). El detonante de los movimientos de resistencia ocurrió el 9 de abril de 1948, cuando el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, hecho que dio origen a una revuelta popular conocida como “El Bogotazo” y a un largo periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos 300 mil muertos.

Tras un periodo de régimen militar de cuatro años (1953-1957) producto de un golpe de estado apoyado por los conservadores, el Partido Conservador y el Liberal formaron el Frente Nacional, un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años dejando al margen a otras fuerzas políticas.

Durante la década de 1970, las guerrillas buscaban afianzar su liderazgo y legitimar su presencia en la vida social y política de Colombia, buscando influencia a través de ganar la simpatía de los sectores campesinos del país.

Como respuesta a estas movilizaciones guerrilleras, el estado colombiano desarrolló, acogiendo la estrategia norteamericana llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, varias acciones concretadas en distintas etapas: el Plan Laso (1962) mediante el cual se intentó asfixiar militarmente los últimos reductos de las guerrillas liberales no desmovilizadas. Surgen nuevos grupos armados -tales como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19-, con presencia en lugares apartados donde el estado colombiano estaba ausente.

Para contrarrestar a estas nuevas guerrillas, se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978, el cual contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la “defensa nacional”, mecanismos para garantizar la “defensa civil” y la creación de “autodefensas”.

Con base en dichas normas, los encargados de la Fuerza Pública colombiana adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas de conflicto con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara en el conflicto armado y ayudara a las fuerzas del Gobierno a derrotar a los grupos insurgentes.

A raíz de un aumento de las acciones de la guerrilla durante los años 90, el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo emite el Decreto Ley 3567 de 1994, el cual establece las condiciones para regular nuevos “servicios especiales de seguridad privada” (Convivir) que operarían en zonas de combate donde el orden público es precario.

Uribe contribuyó en gran medida al desarrollo de ellas ya que defendió la organización y operación de las Convivir locales en su departamento de Antioquia. Las Convivir se definen como «cooperativas de vigilancia y seguridad privada».

Esa fue la respuesta oficial del Gobierno en apoyo a los terratenientes que hacían frente al accionar de la guerrilla. El decreto ayudó a legalizar los grupos paramilitares que operan desde principios de los 80, cuando instructores de Israel como Yair Klein llegaron al país para formar milicias en las técnicas de contrainsurgencia.

Así, el diario El País, agosto 3, 1998, informó de que más de dos mil Convivir se habían fusionado con los paramilitares para crear las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un movimiento de extrema derecha formado en 1996 integrado por 16 grupos paramilitares en todo el país al mando de Carlos Castaño. Cabe señalar que ni los paramilitares ni las Convivir atacaban directamente a la guerrilla, sino más bien a la población civil sospechosa de tener simpatía por ella. La idea era “quitarle el agua al pez”.

Las AUC se declararon como un grupo contrainsurgente que combatía a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL y eran patrocinados por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones en las que operaban que eran hostigados o amenazados por dichas guerrillas. Más del 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico. Igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales que operaban en las zonas bajo su control.

También recibieron colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas, además de tener estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos con el objetivo de ganar poder militar y político en el país. Como se ha evidenciado con las últimas investigaciones judiciales, las AUC recibían de los organismos de inteligencia del Estado los datos necesarios para asesinar a dirigentes políticos, sociales, estudiantiles, sindicales, afrodescendientes, indígenas, etc.

Los paramilitares son responsables del genocidio de la Unión Patriótica (UP), partido político surgido como resultado de negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, forzaron el desplazamiento de millones de campesinos y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra, lo que viene a ser como una eficaz contrarreforma agraria.

Tras el fracaso de las negociaciones de paz iniciadas por Pastrana en 1998, Uribe fue elegido presidente en 2002 con el lema de campaña “Mano dura con un corazón grande”. Su programa de gobierno está orientado a luchar incansablemente contra la guerrilla con el pleno apoyo de Washington, al mismo tiempo de seguir con las negociaciones de paz con los paramilitares.

Así, en 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el Gobierno. Habrían dejado las armas unos 30 mil paramilitares, y sus comandantes cesaron sus operaciones. Posteriormente se conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros seguían delinquiendo desde la cárcel.

Adicionalmente, algunos líderes de las AUC y varios grupos paramilitares locales no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, volvieron a tomar las armas o crearon grupos criminales posteriormente, como las “Águilas Negras” (paramilitares de tercera generación) que seguirán gestionando el tráfico de drogas, extorsionando, amenazando y ejecutando a opositores políticos y dirigentes sociales.

Algunos de sus máximos jefes que estaban sometidos al proceso de desmovilización fueron extraditados a los Estados Unidos en la madrugada del 13 de mayo del 2008, para responder por el delito de narcotráfico ya que, según el Gobierno, seguían delinquiendo desde la cárcel.

En 2006, Rafael García -ex jefe del departamento de Inteligencia del DAS- reveló que la mayoría de los parlamentarios habían sido elegidos gracias al apoyo financiero y los votos forzados de las zonas controladas por los paramilitares. Actualmente, más de 50 parlamentarios de la bancada de Uribe. Este proceso se conoce como el escándalo de la parapolítica. El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, declaró que 48.766 funcionarios públicos son investigados por el delito de corrupción: la extrema derecha, la oligarquía, los paramilitares y los narcotraficantes.

El Pacto de Ralito, uno de los procesos más sonados dentro del escándalo de la parapolítica, es un documento que involucra a varios ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos en un acuerdo con las AUC para “refundar la patria”.

En una carta enviada a Uribe, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso critica al Gobierno por el manejo de la fase posterior del proceso de desmovilización de las autodefensas: “Los grupos emergentes son el subproducto del fracaso de la negociación en la mesa de Ralito, de no haber sabido manejar las diferentes etapas del proceso de paz”. “Esas regiones que entregué las retomaron bandas emergentes, las nuevas autodefensas, las mismas de antes, o una mezcla de ambas”, asegura.

Mancuso agrega: “Al final se evidenciará que todo esto no fue objeto de decisiones individuales, sino de una política de estado, que surgió después del asesinato de Gaitán, cuando el Estado se vinculó al crimen”.

En esas negociaciones de paz, según el Gobierno se desmovilizaron más de 30 mil combatientes de las AUC, de los cuales unos siete mil, según la Organización de Estados Americanos (OEA), han regresado a las armas y más de 1.600 han sido asesinados desde entonces…

Breve cronología 2002-2009 del paramilitarismo

1993 Muerte de Pablo Escobar

1994 El gobierno de Cesar Gaviria firma el decreto 3.567 que promueve la creación de las Convivir.

1997 Sept./ El Observatorio Geopolítico de Drogas considera que la mayoría de la cocaína que llega a los puertos españoles, holandeses y belgas proviene de costas bajos control de las AUC.

1999 Enero / El presidente Pastrana acepta dialogar con las FARC, pero no hace nada para desmovilizar a los paramilitares.

2001 marzo 17/ El jesuita Javier Giraldo explica en una conferencia en Chicago que las AUC “no son un tercero protagonista del conflicto” sino “el brazo ilegal del Estado” que existe desde varias décadas.

2002 Agosto/ Álvaro Uribe es elegido presidente; en el mismo año, las AUC imponen sus candidatos en 223 municipios y en la mayoría de departamentos.

2002 nov. 27/ Diálogo de paz con las AUC, cese de fuego el 1 de diciembre.

2003 julio 15/ Se firman el Pacto de Ralito que incluyen un alto de fuego unilateral y la desmovilización progresiva de diez mil a 20 mil paramilitares. A finales del 2006, revelaciones de la prensa y investigaciones de la Justicia indican que los jefes de las AUC debatían en interno para saber si tenían que formar un partido único dentro del cuál los paramilitares desmovilizados participarían en las elecciones del 2006. Finalmente deciden apoyar la reelección de Uribe esperando que el nuevo Congreso permita modificar la “Ley de Justicia y Paz”.

2005 junio 15/ Primera desmovilización

2005 junio 20/ Aprobación por el Congreso de la “Ley de Justicia y Paz”

2006 final de año/ Estalla el escándalo de la parapolítica. Las primeras revelaciones demuestran que los jefes paramilitares y líderes políticos se reunían para planificar la reelección de Uribe

2006 Dic./ El jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, es arrestado. Será extraditado a los Estados Unidos el 8 de mayo.

2007 febrero 19/ La Corte Suprema de Justicia ordena el arresto de seis congresistas ligados a los paramilitares, entre ellos Álvaro Araújo Castro, hermano de la ministra de Relaciones Exteriores María Consuelo Araújo, quien renuncia a su cargo pocos días después.

2007 febrero 22/ Arresto de Jorge Noguera Cotes, jefe de campaña de Uribe y luego director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

2007 marzo 16/ El fiscal general de Washington negocia un acuerdo con la multinacional bananera Chiquita Brands, acusada de financiar a grupos paramilitares. Chiquita es condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.

2007 mayo 5/ El director de la Policia Nacional, general Jorge Daniel Castro y el director del servicio de Información renuncian a petición de Uribe en el marco del escándalo de las chuzadas (escucha y espionaje) a periodistas, jueces y miembros de la oposición.

2007 julio 6/ Nuevo arresto de Jorge Noguera Cotes, quien había sido liberado el 23 de marzo 2007 por un vicio de forma procesal.

2007 desde julio/ 44 congresistas son investigados y 16 están arrestados, particularmente por implicación en la creación y apoyo a las bandas paramilitares.

2008 mayo 13/ Extradición de 14 jefes de las AUC hacia los Estados Unidos.

2008-2009 Se acrecientan las amenazas de las “Águilas Negras” en contra de organizaciones populares. Decretan toques de queda y se disputan al precio de decenas de muertos, el control de barrios y el manejo de las actividades delictivas.

José Antonio Meersseman


La “seguridad democrática”

La política de “seguridad democrática” ni es de seguridad ni es democrática, es guerra

La preocupación de la seguridad es una vieja carta que se juega en Colombia para defender los intereses de macroproyectos, la inversión multinacional y el ahora llamado “libre mercado”.

Esta estrategia militar de guerra tiene en el corazón un plan bélico contra los movimientos sociales y la insurgencia y mantiene un hilo conductor con anteriores agendas de guerra contra la gente como han sido el “Plan Laso”, diseñado en 1964 para alcanzar la mal llamada pacificación del país, el “Plan Andes” que en 1968 planteó la guerra contraguerrillera, el “Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional” (1974), la “Estrategia Nacional” contra la Violencia de Cesar Gaviria (1991), el “Plan Colombia” de Andrés Pastrana, que propició una enorme influencia militar norteamericana (1998), con una inversión de millones de dólares.

En el 2002 con Álvaro Uribe llega el programa militar de la llamada “seguridad democrática” incluye lo que han llamado “guerra total”, que combina la doctrina de la guerra de baja intensidad en lo social con estrategias de guerra en lo convencional; concepciones militares basadas en despliegues masivos de capacidad artillera, armamento blindado, grandes concentraciones de tropas y organización del ejército en cuerpos, divisiones, brigadas, batallones y otra vez el uso de la población civil.

Es decir, lo que cubre la manta de la “seguridad democrática” es otro capítulo de la guerra que nos han impuesto históricamente, una política aparentemente exitosa porque tiene los siguientes logros que la sostienen y resultados que la justifican

– Afirma un modelo de gobierno criminal, que se apoya en las Fuerzas Armadas, los paramilitares y los narcotraficantes a quienes les entrega el gobierno de los organismos de control, administración, justicia, embajadas, notarías, etc

– Protege los intereses de las multinacionales europeas y norteamericanas, los negocios de los grupos empresariales locales, los megaproyectos y ofrece Tratados de Libre Comercio.

– Convierte las masacres del Estado en “falsos positivos” y el desplazamiento, violencia sexual, torturas y desapariciones forzadas en trofeos de la “seguridad democrática”.

– Desprecia el acuerdo humanitario, la salida política negociada al conflicto armado y rechaza la paz, la soberanía, la autonomía y la integración de América Latina.

– Condena lideres a detención arbitraria y los encarcela; les viola el debido proceso y principios como la presunción de inocencia, la investigación imparcial, el derecho de defensa y el juicio justo.

– Ignora obligaciones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos, los cuales viola con absoluta impunidad.

– Criminaliza las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, estudiantes, representantes de grupos populares, movimientos sociales, feministas y militantes incómodos de la oposición a quienes llama terroristas.

– Aprueba leyes como la de Desarrollo Rural, legalizando la contrarreforma agraria impulsada por el narcotráfico, el paramilitarismo y los terratenientes para poner la tierra al servicio del gran capital financiero.

– Agrede violentamente a niñas, mujeres, adolescentes y población LGBT.

– Asegura recompensas jugosas y premia a quienes asesinen líderes sindicales.

– Logra el éxodo emprendido por miles de colombianos a diferentes lugares del mundo, y haciendo que muchos de ellos vivan en condiciones de desprotección y vulnerabilidad.

– Persigue a intelectuales dedicados al pensamiento critico y los llama “bloque de intelectuales de la guerrilla”.

– Ataca las organizaciones de derechos humanos y las descalifica por considerarlas “agentes del terrorismo”.

– Controla la libertad de expresión, convirtiendo la mayoría de los medios de comunicación en antenas repetidoras del discurso oficial.

– Justifica el incumplimiento de los convenios y tratados internacionales para la defensa de los derechos humanos suscritos por Colombia.

– Cataloga como terroristas a los países de la región que no están al servicio de los intereses norteamericanos y por tanto considera que su doctrina seguridad democrática puede ser extraterritorial.

– Impone bases militares norteamericanas para contribuir a desestabilizar la región con la pretensión de convertir a Colombia en una especie de Israel contra el resto de los pueblos hermanos.

– Borra de la memoria colectiva la historia oculta de la represión en Colombia y aplasta la dignidad de los pueblos y su esfuerzo por construir una verdadera democracia.

– Lo que vivimos en Colombia no es política, ni es de seguridad ni mucho menos democrática, es guerra de unas proporciones enormes que a nombre de “la lucha contra el terrorismo” pretende que ignoremos la pobreza y la miseria crecientes, el desempleo, el rearme de grupos paramilitares y narcotraficantes, el desbordamiento del desplazamiento forzado, la parapolítica, la delincuencia organizada, las privatizaciones de los servicios públicos, las chuzadas del DAS ordenadas por los gobiernos de turno, los asesinatos de jóvenes pobres por parte del Ejército y la Policía, la corrupción del Gobierno y en general la descomposición de un estado dedicado a la criminalidad.

Lilia Solano, profesora e investigadora colombiana
Tomado de ALAI, agencia latinoamericana de información :
http://alainet.org/active/32347%E2%8C%A9=es


“Falsos positivos”

Después de la llegada a la Presidencia en 2002 del mandatario Álvaro Uribe en Colombia, el conflicto social y armado colombiano sufre una importante transformación: después de estar centrado en los campos y montañas, se centra también en las centros urbanos.

¿Qué es un “falso positivo”?

En la jerga militar colombiana, un falso positivo son las bajas en supuestos combates contra la guerrilla, pero en realidad es una modalidad de persecución política. Las víctimas son reportadas en los informes oficiales como ‘muertes en combate’, acciones de guerra consideradas como legítimas por el Derecho Internacional Humanitario.

Existen dos grandes tipificaciones de estas persecuciones: de un lado a todos quienes hagan o parecen que hacen una oposición consciente al sistema establecido. Por otro, a quienes por razones de diferentes índole, son vistos como no-funcionales en el orden social: ladrones, vagabundos, prostitutas, niños abandonados, etc.

Gracias a las denuncias posteriormente hechas por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos deque las víctimas probablemente no eran guerrilleros, los familiares han hecho las denuncias, a pesar del miedo que las embarga.

La prensa ha publicado los hechos desgarradores que ha cometido la Fuerza Publica. El mundo se ha enterado de las violaciones contra la población civil no combatiente en Colombia, pero realmente no se ha realizado nada contra de este hecho. El Estado prometió hacer justicia, pero realmente: ¿Se puede esperar justicia en Colombia?

Los móviles, según las investigaciones realizadas por CINEP, son tres fundamentales:

1) Persecución política

2) Intolerancia social

3) Abuso de exceso de autoridad

Las modalidades especificas de victimización y violación de los derechos humanos y violencia política son entre otros ejecuciones extrajudiciales, el homicidio intencional en personas protegidas, La tortura, los heridos, las amenazas individuales y colectivas, las desapariciones y la utilización de civiles como escudos humanos.

Dos casos entre centenares para ilustrar los “falsos positivos”:

Caso 1. Bogotá. 20 de noviembre de 2008

El Ejército llegó al barrio popular de Soacha, secuestran a 11 jóvenes y los asesina sin motivo. Luego, los declaran terroristas. Los cuerpos tienen innumerables impactos de bala. El escándalo estalla y Uribe se vio forzado a destituir a 20 soldados y oficiales.

Cabe hacer notar que los militares que matan guerrilleros reciben primas, premios y días de descanso. Por ello ‘fabrican’ guerrilleros. ¿Cómo lo hacen? Un civil, en colusión con los militares, ofrece un empleo en lugares lejanos y luego, en el lugar de llegada, los esperan los militares que los eliminan.

Caso 2. Vereda Sizara. 16 Octobre 2008

Militares del Batallón Contraguerrilla 65 de la Brigada 16 ejecutaron al campesino Marco Tulio en la vereda Sizara. Lo sacaron ese día de su casa a las 15:00 horas, a la vista de al menos tres testigos, y más adelante simularon un combate. Al disparar, resultaron enfrentados con otros miembros del Ejército que se encontraban en el lugar, dando muerte a un soldado y allí mismo ejecutaron a Marco Tulio. Luego vistieron su cadáver de uniforme camuflado y le hicieron orificios que coincidieran con los impactos de bala, presentándolo como ‘un guerrillero muerto en combate’.

A Marco Tulio, quien tenia cerca de 30 años, le sobreviven su esposa y sus dos hijas.

Como estos casos hay muchos en Colombia. Las medidas tomadas por el Gobierno responden a la presión generada por la publicación de los 11 casos de Soacha, los cuales llevaron a la remoción de varios oficiales del Ejército. El 30 de octubre de 2008 se destituyo a 27 oficiales; en enero de 2009 10 oficiales y un suboficial del batallón La Popa, en la Costa Atlántica, fueron retirados por denuncias en el departamento noroccidental del Cesar.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reaccionó ante estos casos como si no tuvieran información previa de lo que estaba sucediendo. Según los registros de nuevos casos de “falsos positivos” desde octubre del año 2008, el fenómeno no ha cesado: en octubre 16 de 2008 se registró un caso en Tamara (Casanare), otro el 25 del mismo mes en Leguízamo (Putumayo), y el 26 de diciembre en Montería (Córdoba), todos con el común denominador del Ejercito como victimario.

En suma, se puede ver que los falsos positivos son una constante en la historia del país, incluso anterior al 2002, pero no fue sino hasta que el caso de los 11 jóvenes de Soacha que se pusieron en evidencia las tácticas enmarcadas en la política de “seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe.

Por otro lado, cabe mencionar la importancia del gran dilema que se plantea con las políticas gubernamentales de reparación y reconciliación a las víctimas del conflicto armado, pues siendo el Estado un victimizador en el conflicto, no puede forzar la reconciliación de las víctimas con los victimarios, ya que estaría cayendo en un peligrosos dilema, en el cual no cuenta con legitimidad alguna para llevar a cabo un proceso de paz, por lo menos no hasta que acepte las culpas de los crímenes perpetrados mediante el aparato estatal.

Adriana Naranjo

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