Hodges – Ecuador – 2009/11

por lofredo

Expulsión de Diplomático Marca Nuevo Roce con Estados Unidos

Aumentan la preocupación y las tensiones entre el gobierno ecuatoriano y Washington,  debido a las sospechas del primero de que en su territorio operaría una vasta red de inteligencia, orquestada por la CIA y otros organismos estadounidenses, con ramificaciones hacia el interior de las fuerzas armadas y la policía. Un intento de intervenir en la nominación de jefes policiales ecuatorianos gatilló la  expulsión en un lapso de sólo quince días de un primer secretario –sospechoso de ser operador de inteligencia- y de un agregado de la Embajada de Estados Unidos en Quito.

Por Javier Carrera y José Higuera
La expulsión el pasado 18 de Febrero del Sr. Mark Sullivan, quien se desempeñaba oficialmente como Primer Secretario en la Oficina de Asuntos Regionales de la Embajada de los Estados Unidos en la capital de Ecuador –pero que según el Presidente ecuatoriano Rafael Correa era el “director” o encargado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Ecuador- marcó un nuevo episodio en las tensiones entre el gobierno de esa nación sudamericana y Washington. Consultado, el secretario de Estado adjunto para Latinoamérica de Estados Unidos, Sr. Thomas Shannon, rechazó las razones invocadas por el gobierno ecuatoriano, señalando que la medida era “muy  lamentable”, “injusta” y “poco amable”. Poco después, el vocero del Departamento de Estado, Gordon Duguid, señalaba en Washington que la expulsión del funcionario era “muy preocupante”, y que generaba “serias  inquietudes respecto del deseo de Ecuador de mantener una  relación productiva [con nosotros]”.
Las autoridades ecuatorianas acusan a Sullivan de intervenir en los asuntos internos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES). Dos semanas antes antes también había sido expelido el agregado de la Agencia Federal de Aduanas en la embajada estadounidense, Sr. Armando Astorga, quien abandonó Ecuador el pasado 7 de Febrero. Ello porque habría insistido en abrogarse el derecho a seleccionar al oficial que asumiría el mando de la centro de operaciones anti-contrabando de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional. El representante estadounidense había notificado la suspensión de la cooperación y la ayuda financiera a la mencionada unidad policial, hasta que se accediese a sus exigencias. El gobierno ecuatoriano, que consideró que las demandas contravenían la soberanía nacional y calificó de inaceptables las amenazas, decretó su expulsión. “No vamos a dejar que nadie nos trate como si fuésemos una colonia”, sentenció el Presidente Rafael Correa. 

El episodio no terminó con la partida de Astorga. El gobierno de Ecuador le acusa de haber llevado consigo computadores y documentación reservada pertenecientes a la policía local. Al respecto, se ha abierto una investigación interna, para determinar la identidad y grado de responsabilidad de oficiales policiales ecuatorianos que habrían facilitado el traslado del material. La investigación ya identificó a un mayor y tres capitanes de la Policía Nacional, que habrían ayudado a Astorga, mientras que el Presidente Correa se refirió a la existencia de oficiales de policía “que no entienden que trabajan para un país soberano y no para una embajada extranjera”. Por su parte, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Sr. Miguel Carvajal, aseguró a un medio local que la información que se habría llevado el personero estadounidense correspondería a “temas de seguridad de la nación”.

Los roces entre la administración del Presidente Rafael Correa y Washington han tenido cierta regularidad, desde que el gobernante ecuatoriano asumió el poder en Enero del 2007-, pero ellos han sido de menor perfil que los incidentes registrados entre Estados Unidos y los gobiernos de Venezuela y Ecuador. Estos últimos dos han expulsado a embajadores estadounidenses, acusándoles de desarrollar actividades orientadas a socavar sus respectivas administraciones. Sin embargo, el Presidente Correa remeció a las autoridades de Washington cuando anunció, en julio del 2008, que el convenio que permitía el empleo por parte de Estados Unidos de la base aérea de Manta no será renovado cuando expire en Agosto del presente año.

Bajo un acuerdo de 10 años de duración firmado en Agosto de 1999, 300 efectivos de la fuerza aérea y la marina de los Estados Unidos, más contratistas privados, están basados en Manta. Pero la nueva Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referendo en Septiembre del 2008, prohíbe la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional. La base ecuatoriana es empleada para desplegar vuelos de vigilancia y de logística en apoyo de operaciones contra el narcotráfico. Según argumentaron personeros estadounidenses, esos vuelos han ayudado al buen resultado del 60 por ciento de las incautaciones de droga en la región del Pacífico Oriental. Pero la opinión pública ecuatoriana y de países limítrofes piensa que las operaciones de vigilancia también se han empleado en contra de las FARC y para observar a otros países. El presidente Correa se ha manifestado dispuesto a continuar permitiendo el aterrizaje de los aviones de vigilancia estadounidenses después de Agosto, pero con condiciones y controles.

Pero lo cierto es que las relaciones entre Quito y Washington se tornaron más acidas y tensas tras una operación militar colombiana contra la FARC en Marzo del 2008. Además de acusar a Estados Unidos de tomar parte activa en la planificación e implementación de la operación, Ecuador también acusa a Washington de haber infiltrado a los organismos de inteligencia militar y policial de este país.

Sospechas y Desconfianzas

Un informe de inteligencia del Ministerio de Defensa del Ecuador, dado  a conocer en Noviembre del 2008, acusó la penetración que habrían sufrido las FF.AA. y Policía Nacional del país andino por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. El reporte expuso evidencia respecto de la participación de organismos estadounidenses en el ataque del 1 de marzo de ese año en el territorio ecuatoriano de Angostura, en donde perdió la vida el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Luis Edgar Devia Silva, mejor conocido por su nombre de guerra o alias “Raúl Reyes”.

El informe de 34 páginas es categórico en explicitar distintos niveles de discrecionalidad de las oficinas de inteligencia ecuatorianas, que no advirtieron del ataque que cobró la vida de 26 personas, entre ellas un ciudadano del país andino. Uno de los ejemplos que el informe presenta como evidencia se refiere de las actividades de Leila Hadad Pérez, alias “Swat”, expulsada el año 2007 por el gobierno del Presidente Rafael Correa. Según el informe la mujer, una supuesta ciudadana ecuatoriana de origen libanes que se sospecha está ligada a la CIA, empleó una identidad falsa “para desarrollar sus actividades” en territorio ecuatoriano. La investigación confirmó que no había registro de su nacimiento ni otras inscripciones legales en la localidad de Otavalo. Hadad si aparecía en el directorio diplomático de la Cancillería de Ecuador, como Cónsul Ad-Honorem en Egipto.

Las actividades de Hadad incluían reuniones regulares con jefes militares y policiales, como el General Oswaldo Domínguez, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) entre los años 2000 y 2002. Las reuniones eran para tratar temas “relativos a las FF.AA. y Policía Nacional”. De acuerdo a oficiales que fueron testigos de las reuniones, y a transcripciones de grabaciones telefónicas, Hadad tenía especial interés en los nombramientos y destinaciones de oficiales en puestos sensibles, en ocasiones abogando por el nombramiento en ellos de personas especificas. “La señora [Hadad] me decía que estaba a nuestras órdenes, para ayudar a la Fuerza Aérea en lo que fuera necesario, porque ella tenía posibilidades de ayudar. Esto fue en una reunión en la cual yo participé, mas oí que simplemente se discutían temas militares y policíacos,” indicó más tarde el general Domínguez, entrevistado por un medio de prensa ecuatoriano.

Las actividades de la mujer también registraban frecuentes viajes a Estados Unidos, así como diversos ilícitos que dieron lugar a causas judiciales que sospechosamente no prosperaron. De acuerdo a lo que estableció la investigación, ella contaba con la celosa protección de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), repartición policial financiada principalmente con aportes del gobierno de los Estados Unidos. Al respecto, el informe señala que “la UIES tiene total autonomía de operación y para recibir recursos financieros y logísticos de países considerados ‘amigos’”. Una situación similar ocurría con la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), otra repartición que recibía aportes financieros y apoyo de agencias federales estadounidenses. Sobre ambos organismos policiales, el reporte del Ministerio de Defensa de Ecuador señala que sobre ellos hay poco o ningún control de parte de los organismos políticos gubernamentales ecuatorianos, ni rinden cuentas a ellos sobre sus operaciones y el empleo de los recursos recibidos desde el exterior.

El informe concluye además, que en el caso de la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano, la inteligencia militar no había informado oportunamente y por los canales respectivos, para hacer llegar a la Presidencia de la República la información sobre los detalles de lo ocurrido, tanto en torno a la presencia de un ciudadano ecuatoriano en Angostura, como respecto de las declaraciones de las mujeres sobrevivientes del bombardeo y la naturaleza de su presencia en el Ecuador. El reporte subraya que lo anterior “provocó que el señor Presidente de la República se pronunciara en más de una ocasión sin disponer de la información adecuada y oportuna.”

El reporte también recomendó revisar las relaciones informales existentes entre el Grupo Militar de Estados Unidos y los organismos de inteligencia militar y policial ecuatorianos, relaciones que han generado una dependencia económica para equipamiento y pago de informantes, advirtiendo que “ellas constituyen mecanismos de penetración en Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Se consigna que la red de inteligencia estadounidense en el Ecuador habría mantenido contactos con organismos ecuatorianos de seguridad, como la UIES e inteligencia militar; tanto antes como durante y después del bombardeo de Angostura.

La investigación concluyó advirtiendo que es necesario corregir la gran desconexión existente, entre el nivel político estratégico y los subsistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no sólo impedía detectar estas falencias sino que amparaba la ocurrencia de situaciones irregulares contrarias al interés y la seguridad nacionales. Al respecto, recomendó realizar una reestructuración profunda de los organismos de inteligencia militar y policial, y evaluar los convenios de cooperación suspendiendo y prohibiendo toda colaboración financiera internacional que no pasara por el control del gobierno ecuatoriano. También se recomendó pedir que la Fiscalía General iniciase una indagación para determinar las responsabilidades civiles, administrativas y penales en las situaciones detectadas por el informe.

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