Leila Hadad Pérez, aka “Swat”

por lofredo

Pero lo cierto es que las relaciones entre Quito y Washington se tornaron más acidas y tensas tras una operación militar colombiana contra la FARC en Marzo del 2008. Además de acusar a Estados Unidos de tomar parte activa en la planificación e implementación de la operación, Ecuador también acusa a Washington de haber infiltrado a los organismos de inteligencia militar y policial de este país.

Sospechas y Desconfianzas

Un informe de inteligencia del Ministerio de Defensa del Ecuador, dado  a conocer en Noviembre del 2008, acusó la penetración que habrían sufrido las FF.AA. y Policía Nacional del país andino por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. El reporte expuso evidencia respecto de la participación de organismos estadounidenses en el ataque del 1 de marzo de ese año en el territorio ecuatoriano de Angostura, en donde perdió la vida el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Luis Edgar Devia Silva, mejor conocido por su nombre de guerra o alias “Raúl Reyes”.

El informe de 34 páginas es categórico en explicitar distintos niveles de discrecionalidad de las oficinas de inteligencia ecuatorianas, que no advirtieron del ataque que cobró la vida de 26 personas, entre ellas un ciudadano del país andino. Uno de los ejemplos que el informe presenta como evidencia se refiere de las actividades de Leila Hadad Pérez, alias “Swat”, expulsada el año 2007 por el gobierno del Presidente Rafael Correa. Según el informe la mujer, una supuesta ciudadana ecuatoriana de origen libanes que se sospecha está ligada a la CIA, empleó una identidad falsa “para desarrollar sus actividades” en territorio ecuatoriano. La investigación confirmó que no había registro de su nacimiento ni otras inscripciones legales en la localidad de Otavalo. Hadad si aparecía en el directorio diplomático de la Cancillería de Ecuador, como Cónsul Ad-Honorem en Egipto.

Las actividades de Hadad incluían reuniones regulares con jefes militares y policiales, como el General Oswaldo Domínguez, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) entre los años 2000 y 2002. Las reuniones eran para tratar temas “relativos a las FF.AA. y Policía Nacional”. De acuerdo a oficiales que fueron testigos de las reuniones, y a transcripciones de grabaciones telefónicas, Hadad tenía especial interés en los nombramientos y destinaciones de oficiales en puestos sensibles, en ocasiones abogando por el nombramiento en ellos de personas especificas. “La señora [Hadad] me decía que estaba a nuestras órdenes, para ayudar a la Fuerza Aérea en lo que fuera necesario, porque ella tenía posibilidades de ayudar. Esto fue en una reunión en la cual yo participé, mas oí que simplemente se discutían temas militares y policíacos,” indicó más tarde el general Domínguez, entrevistado por un medio de prensa ecuatoriano.

Las actividades de la mujer también registraban frecuentes viajes a Estados Unidos, así como diversos ilícitos que dieron lugar a causas judiciales que sospechosamente no prosperaron. De acuerdo a lo que estableció la investigación, ella contaba con la celosa protección de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), repartición policial financiada principalmente con aportes del gobierno de los Estados Unidos. Al respecto, el informe señala que “la UIES tiene total autonomía de operación y para recibir recursos financieros y logísticos de países considerados ‘amigos’”. Una situación similar ocurría con la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), otra repartición que recibía aportes financieros y apoyo de agencias federales estadounidenses. Sobre ambos organismos policiales, el reporte del Ministerio de Defensa de Ecuador señala que sobre ellos hay poco o ningún control de parte de los organismos políticos gubernamentales ecuatorianos, ni rinden cuentas a ellos sobre sus operaciones y el empleo de los recursos recibidos desde el exterior.

El informe concluye además, que en el caso de la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano, la inteligencia militar no había informado oportunamente y por los canales respectivos, para hacer llegar a la Presidencia de la República la información sobre los detalles de lo ocurrido, tanto en torno a la presencia de un ciudadano ecuatoriano en Angostura, como respecto de las declaraciones de las mujeres sobrevivientes del bombardeo y la naturaleza de su presencia en el Ecuador. El reporte subraya que lo anterior “provocó que el señor Presidente de la República se pronunciara en más de una ocasión sin disponer de la información adecuada y oportuna.”

El reporte también recomendó revisar las relaciones informales existentes entre el Grupo Militar de Estados Unidos y los organismos de inteligencia militar y policial ecuatorianos, relaciones que han generado una dependencia económica para equipamiento y pago de informantes, advirtiendo que “ellas constituyen mecanismos de penetración en Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Se consigna que la red de inteligencia estadounidense en el Ecuador habría mantenido contactos con organismos ecuatorianos de seguridad, como la UIES e inteligencia militar; tanto antes como durante y después del bombardeo de Angostura.

La investigación concluyó advirtiendo que es necesario corregir la gran desconexión existente, entre el nivel político estratégico y los subsistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no sólo impedía detectar estas falencias sino que amparaba la ocurrencia de situaciones irregulares contrarias al interés y la seguridad nacionales. Al respecto, recomendó realizar una reestructuración profunda de los organismos de inteligencia militar y policial, y evaluar los convenios de cooperación suspendiendo y prohibiendo toda colaboración financiera internacional que no pasara por el control del gobierno ecuatoriano. También se recomendó pedir que la Fiscalía General iniciase una indagación para determinar las responsabilidades civiles, administrativas y penales en las situaciones detectadas por el informe.