Guatemala: Memorias del Silencio

por lofredo

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Capitulo I
Causas y origenes del enfrentamiento armado

Introducción

Causas Historicas

Antecedents Inmediatos (1944-1961)

Origenes del Enfrentamiento Armado (1962-1970)

Reorganización de los Actores del Enfrentamiento (1971-1978)

Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)

La Transición Politica (1986-1996)

Apendices

Capitulo I

AGUDIZACION DE LA VIOLENCIA Y MILITARIZACION DEL ESTADO (1979-1985)

359.

Durante el período comprendido entre 1979 y 1985 la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los Gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya.

360.

En el Gobierno de Lucas García (1978-82), la estrategia contrainsurgente se concentró en eliminar al movimiento social tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente durante los años previos, así como combatir a la guerrilla. Posteriormente, Efraín Ríos Montt (1982-83) le dio continuidad a la estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el altiplano, y provocando un desplazamiento masivo de la población civil que habitaba las áreas de conflicto. Paralelamente el Ejército implantó estructuras militarizadas como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para consolidar su control sobre la población, buscando contrarrestar la influencia de la insurgencia y reducir las causas que generaban malestar entre la población organizando, los denominados polos de desarrollo.261

361.

El Gobierno del general Humberto Mejía Víctores (1983-85) continuó con esta estrategia, fortaleciendo la militarización con la expansión e institucionalización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), y dándole un fuerte empuje a los polos de desarrollo y aldeas modelo.

El Gobierno de Lucas García

362.

En 1978 los militares continuaron con el modelo electoral de los años anteriores. La tercera elección militar fue la del ex ministro de la Defensa, general Romeo Lucas García como presidente y la del civil Francisco Villagrán Kramer como vicepresidente. La elección se dio en medio de una crisis política. Se rompió la alianza anticomunista PID-MLN. El primero pasó a aliarse con el PR y otros pequeños partidos, con los cuales formó un Frente Amplio. Los resultados de los comicios del 5 de marzo de ese año originaron una vez más protestas, violencia y denuncias de fraude. El Congreso practicó la elección de segundo grado el día 13 de aquel mes, desestimando las pruebas de la victoria del coronel Enrique Peralta Azurdia (candidato del MLN). La tendencia a la abstención electoral se acentuó con un 63.5% de no votantes.262  Fue este el binomio electoral menos votado en la historia del país, prueba de la poca legitimidad del modelo militar y del régimen político.

363.

El terror que se desató durante este Gobierno desestructuró todas las organizaciones sociales, políticas y profesionales existentes. La administración de la justicia también se vio fuertemente afectada por ello. Jueces y abogados fueron asesinados con el objeto de paralizar completamente a la justicia y toda acción de protección de los derechos humanos. En ningún otro período se ejecutaron tantos jueces y abogados,263  especialmente, aquellos que habían dado trámite a recursos de exhibición personal o que habían dictado resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno. Ante esta represión otros jueces y abogados optaron por plegarse a las imposiciones del Ejecutivo para la aplicación de la justicia. Las constantes violaciones a los derechos humanos llevaron al Vicepresidente de la República a su renuncia en 1981, siendo sustituido por el coronel Oscar Mendoza Azurdia.

364.

El Gobierno de Lucas García aunque también impulsó proyectos de infraestructura y desarrollo y continuó la estrategia militar de modernizar la economía, tuvo menos éxito en relación con los cambios económicos que los dos anteriores. El presupuesto del Estado pasó de 355.6 millones de dólares en 1974 a 942.6 en 1978, aumentó la burocracia y se crearon nuevas entidades estatales en contra de la voluntad del CACIF. La inestabilidad política tanto en el país como regional que se vivía ahuyentó las inversiones nacionales y motivó la fuga de capitales que se estima alcanzó entre 800 millones a 1.5 millones de dólares durante los primeros años de la década de los ochenta.264

365.

Dentro de las políticas económicas emprendidas por este Gobierno se encuentran el plan de desarrollo de la Franja Transversal del Norte, la construcción del nuevo puerto del pacífico y de varios edificios públicos, la creación de la Secretaría de Minería, Hidrocarburos y Energía Nuclear, dependencia de la Presidencia de la República y destinada a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos minerales y aprovechamiento de la energía nuclear. En los años posteriores la adjudicación de licencias para la exploración y explotación de estos recursos dependió del Ejecutivo y de las fuerzas económicas ligadas al Gobierno.265

366.

Otros factores fueron negativos a la administración de Lucas García, entre ellos el aumento desmedido de la corrupción que en Gobiernos anteriores se había convertido en un mal crónico. Los proyectos de desarrollo fueron respondiendo a demandas personales más que a una lógica de progreso económico. Así el trabajo del FYDEP266 , o la colonización de la Franja Transversal del Norte, que convirtieron en grandes terratenientes a un grupo de generales, empresarios y profesionales afines al Gobierno; o en “el periférico nacional” un proyecto de red vial que debía vincular todo el territorio, para el cual se hicieron pagos cuantiosos aunque ni siquiera se empezó.

367.

Durante 1978 se dio un alza inmoderada en los precios de los productos de primera necesidad, que provocó a lo largo de todo el año una fuerte presión del sector laboral, que demandaba de los patronos un incremento de los salarios. Aunque se logró un reajuste a la tabla de salarios, pronto el aumento fue sobrepasado por el alza de precios de la energía eléctrica y teléfonos. Estos incrementos aumentaron el descontento popular y fueron rechazados por todos los sectores de la población, que se pronunciaron públicamente.267

368.

Paralelamente a los intentos de reactivación económica, el Gobierno emprendió una brutal campaña represiva contra el movimiento social, tanto en el área rural como en la urbana. El asesinato y la desaparición sistemática de líderes renombrados, así como las masacres de campesinos en el interior del país tuvo fuerte repercusiones en el ámbito internacional. Guatemala se convirtió en un objeto de frecuentes sanciones y del aislamiento internacional por la intensidad de la represión estatal.

369.

Las restricciones sobre la ayuda militar de Estados Unidos, iniciada en 1977, se mantuvieron frente a este deterioro en la situación de los derechos humanos. Sin embargo como ya se mencionó, en efecto, la ayuda militar directa asignada a Guatemala mediante el Military Assistance Program (MAP) antes de la suspensión, no fue afectada por la nueva legislación. Tampoco se detuvieron las ventas comerciales ni el Foreign Military Sales (FMS), que continuó concediendo créditos para compras de armamentos.

370.

En 1978 se recibieron US$ 2.4 millones, US$ 3.3 millones en 1979 y US$ 2.2 millones en 1980.268  Así se estimó que las entregas a través del FMS y las ventas comerciales fueron:

“La vía primaria que usó Guatemala durante el período 1978-1982 para obtener equipo y tecnología militar y de uso dual (para fines militares y no militares) de Estados Unidos”.269

371.

Desde 1974 Guatemala había suscrito un convenio con el Estado de Israel para recibir ayuda militar. Entre 1975 y 1982 el Ejército adquirió 11 aviones y 10 carros de combate proporcionados por Israel y fue totalmente equipado con fusiles Galil a un costo de US$6 millones. En 1980 el Gobierno israelí ayudó a instalar la fábrica de industria militar guatemalteca en Alta Verapaz para producir municiones para los fusiles de asalto Galil y las ametralladoras Uzi. En 1979 técnicos del Tadiran Israel Electronics Industries, instalaron un centro de cómputo en la capital del país, que principió a trabajar en 1980. Al año siguiente, el Ejército inauguró la Escuela de Transmisiones y Electrónica, construida y equipada con el apoyo de técnicos israelitas para actividades de inteligencia.

372.

La corrupción, el desvío de recursos destinados al mantenimiento de las unidades en combate y el deterioro de la imagen internacional fueron algunos de los factores que acrecentaron el descontento y las críticas de algunos sectores de la oficialidad del Ejército, principalmente de los que se encontraban en el frente de operaciones. Estas críticas también eran compartidas por otros sectores vinculados con la empresa privada, quienes señalaban la poca eficiencia que el alto mando del Ejército exhibía para derrotar a la guerrilla, cuyas acciones de sabotaje, tomas de pueblos, cierre de carreteras, así como ejecuciones arbitrarias, se hicieron más frecuentes en territorios cada vez más amplios.

373.

El Gobierno de Lucas García se fue desgastando rápidamente. La proyectada alianza entre políticos, militares y empresarios para promover el desarrollo económico con estabilidad política se descompuso como resultado de los altos niveles de corrupción y del saqueo del erario público, así como por rivalidades políticas. La situación se agudizó con el shock petrolero y otros factores originados en la economía internacional.

La destrucción del movimiento social

374.

El movimiento social que había alcanzado un gran desarrollo en los primeros dos años del Gobierno de Laugerud García había sufrido importantes golpes por las acciones represivas que se endurecieron después del terremoto de 1976. Esto derivó en una politización y radicalización de las organizaciones sociales, tanto urbanas como rurales al compás de su gradual movilización. Este proceso de radicalización fue resultado de un cúmulo de factores donde influyeron además de la violencia represiva, la continuación de las exclusiones sociales y políticas, el trabajo ideológico de la guerrilla y la influencia externa de los éxitos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.

375.

Ya desde 1976 el movimiento social y especialmente la denominada alianza obrero campesina que aglutinaba a sindicatos de las empresas de la capital con los trabajadores migrantes a la Costa Sur y ligas campesinas, había dejado de ser un movimiento que buscaba sólo logros económicos para involucrase en luchas más política, impulsando de manera creciente las medidas de hecho para lograr sus reivindicaciones.

376.

Este nuevo carácter del movimiento social afectó la relativa tolerancia que los Gobiernos militares de inicio de la década le habían dado. Se arreció entonces una estrategia de represión selectiva que afectó a sus principales líderes, entre ellos a Mario Mujía Córdoba principal asesor de los mineros de Ixtahuacán, quien fue asesinado el 20 de julio de 1978.270  A pesar de la intimidación que provocaba esta represión selectiva se siguió promoviendo la unidad y articulación del movimiento social e indígena en el país, así como se potenció la capacidad de movilización.

377.

Esto se vio reflejado en las jornadas de octubre de 1978, en las que a raíz del aumento del pasaje del transporte público se desencadenaron continuas protestas y manifestaciones durante seis semanas. La amplitud de la movilización nacional y de la protesta pública con ocasión de una causa tan particular fue el examen esperado sobre el recién establecido Gobierno de Lucas García. También la prueba de cuánto se había avanzado en la organización social en estos años. Sin proponérselo, fue una medición de fuerzas entre la oposición y el Gobierno y definió claramente la naturaleza del régimen contrainsurgente. Los enfrentamientos provocaron 40 muertos, 300 heridos y más de 1500 detenidos según una fuente.271  Poco después, uno de los principales dirigentes de las jornadas, el Secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, fue asesinado tras su participación en la celebración del aniversario de la Revolución de Octubre de 1944.272

378.

El impulso del movimiento social también se reflejó con ocasión de los entierros de connotados dirigentes sociales asesinados en esta década, produciéndose movilizaciones masivas de protesta273  y de denuncia nacional e internacional. El duelo condujo a marchas de decenas de miles de personas, a veces en silencio y con un clavel rojo en la mano izquierda. Las acciones policíacas cometidas, aun en el momento mismo del entierro, provocaron nuevas víctimas y evidenciaron aún más la naturaleza represiva del Estado contrainsurgente. 379.

Las circunstancias en que sucedieron estos asesinatos no dejaron dudas acerca de quiénes eran los autores materiales e intelectuales. Junto con las muertes de los dirigentes, también se cometieron cientos de ejecuciones y desapariciones entre los miembros de base del movimiento social, tanto en el área urbana como en la rural. El movimiento indígena y campesino organizado, las cooperativas y otras asociaciones fueron duramente golpeadas en este período mostrándose así la voluntad del Estado de destruir las organizaciones políticas y sociales.

380.

Al mismo tiempo la insurgencia fue creando vínculos con el movimiento social de tal manera que durante todo este período organizaciones como el CUC, el Frente Estudiantil “Robin García” (FERG), los Cristianos Revolucionarios (CR) la Coordinadora de Pobladores (CDP) y los Núcleos de Obreros Revolucionarios (NOR) fueron influenciadas por el EGP. La represión generalizada motivó también que las organizaciones del movimiento social realizaran diferentes intentos de unificación: en 1976, con el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS); en 1979, luego de una amplia represión gubernamental, mediante el Frente Democrático Contra la Represión (FDCR); y en 1981, con el Frente Popular 31 de Enero (FP 31).

381.

Cada uno de estos intentos de unidad tuvo dinámicas distintas. El FDCR buscó la denuncia tanto nacional como internacional de los hechos de violencia que se vivían. En el ámbito internacional realizó una importante campaña de solidaridad y denuncia que contribuyó al aislamiento del régimen de Lucas García. La influencia de la insurgencia dentro del FDCR hizo que sus logros constituyeran también una victoria política para la guerrilla.

382.

Mientras el clima de violencia seguía golpeando tanto a las organizaciones sociales como políticas. El asesinato del dirigente social demócrata, Alberto Fuentes Mohr el 22 de enero de 1979 fue el anuncio de más asesinatos de esta naturaleza.274  Al mismo tiempo, con estos hechos se cerraron los espacios de participación política que según el discurso gubernamental se estaban abriendo al invitar a la inscripción de partidos, especialmente a los social demócratas.

383.

En marzo Manuel Colom Argueta, dirigente del recién inscrito Frente Unido de la Revolución (FUR), también fue asesinado tras una persecución de varias cuadras por parte de los hechores.275  Entre 1978 y 1981, diecinueve líderes más del FUR, y otros quince del PSD fueron asesinados. La comunidad universitaria también experimentó los embates de una creciente violencia. A partir de 1977, más de cien estudiantes y profesores de la USAC fueron asesinados según la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).276

384.

La represión iniciada a finales del Gobierno de Laugerud llegó a su punto máximo para el movimiento social en 1980. El régimen de Lucas emprendió una campaña represiva tanto en la ciudad como en el interior del país. Una de las acciones represivas de mayor impacto nacional e internacional fue la masacre de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero.277

385.

Debido a los numerosos hechos de violencia que sacudían el departamento de Quiché y que ya no discriminaba entre insurgentes armados, miembros del movimiento social y el resto de la población civil, varios dirigentes campesinos, entre ellos varios miembros del CUC, viajaron a la capital para denunciar nacional e internacionalmente la represión. En la capital se reunieron con estudiantes, sindicalistas y pobladores y posteriormente acudieron a los medios de comunicación. Ante la negativa de estos últimos de publicar noticias acerca de la represión, los campesinos decidieron ocupar la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Poco después, a pesar de los intentos del embajador de impedir la actuación indiscriminada de las fuerzas de seguridad, éstas la incendiaron, muriendo en su interior 37 de sus ocupantes. Los únicos sobrevivientes fueron el embajador y un campesino; este último fue secuestrado del hospital donde se recuperaba y luego torturado y ejecutado.278

386.

Poco después de los sucesos de la Embajada de España, en febrero de 1980 a iniciativa del CUC se convocó una masiva reunión en Iximché (Tecpán, Chimaltenango), para analizar la situación del país. En ella participaron numerosas organizaciones, entre ellas: la Coordinadora Nacional Indígena, la Federación de Trabajadores de Guatemala, el Frente Robin García y el Comité Pro Justicia y Paz De esa reunión salió el documento “Los pueblos indígenas de Guatemala ante el Mundo”. En esta declaración política, se planteaban reivindicaciones étnicas junto con otras de carácter político, de denuncia de la represión, la exclusión económica, la igualdad y el respeto cultural.

387.

El activismo indígena tuvo en este período su mayor expresión en grupos como el CUC, organización que puso a prueba su capacidad organizativa en la huelga de los cortadores de caña, entre febrero y marzo de 1980, en la que participaron más de 70 mil trabajadores. Fue la primera vez en que se unieron trabajadores permanentes de la costa con trabajadores migratorios del altiplano. La patronal cedió al aumento del jornal diario, a Q3.20. El poder de convocatoria mostrado por el CUC fue percibido como una grave amenaza de parte del Ejército y el sector empresarial, no sólo por el número de personas que movilizaba sino porque representaba una peligrosa alianza entre ladinos y mayas, con participación de religiosos y con influencia y asesoría de grupos insurgentes. El ambiente insurreccional aumentó los efectos alarmantes de este movimiento sin precedentes, constituyéndose en un objetivo de las acciones represivas dirigidas contra el sector social rural. 279

388.

Tanto la toma de la Embajada de España como la huelga de los cañeros de la Costa Sur, ambas promovidas por activistas del CUC, marcaron la cúspide del clima de agitación política y social de la época. Además, mostraron la línea convergente hacia la que se encaminaban tanto el movimiento social como la insurgencia. Esto se hizo aún más evidente, cuando el 1 de mayo de 1980 el CNUS, que se había convertido en el eje de dicho movimiento, llamó a “instaurar un Gobierno revolucionario, democrático, y popular” y a “derrocar al régimen luquista”, consignas que fueron secundadas por los grupos insurgentes.280  En esta ocasión fueron secuestrados 32 participantes cerca del Parque Centenario. Los cadáveres de 28 de ellos aparecieron torturados días después.

389.

Luego de estos acontecimientos, en el mes de junio, sucedió la desaparición forzada de 27 miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). En agosto también fueron secuestradas de la finca de retiro Emaús 17 personas entre sindicalistas y estudiantes universitarios miembros de la Escuela de Orientación Sindical. Estos hechos de represión marcaron el punto álgido de la represión contra el sindicalismo, que finalmente quedó desestructurado.281

390.

En este contexto, a principios de 1981 algunas de las organizaciones sociales que fueron influenciadas por la guerrilla, ya radicalizadas, como el NOR, el CDP, el CR, FERG y el CUC fundaron el Frente Popular 31 de Enero, que se autodefinía como “frente de organizaciones revolucionarias de masas”. Este movimiento no logró tener un espacio ni temporal ni político de acción representativo.

“El FP-31 [fue] la coordinación de varias organizaciones de masas, pero ya no [eran] de masas, ya eran células guerrilleras. Ahí se cometió un gravísimo error porque se dio una ruptura con las bases al hacer guerrilleros a los dirigentes de masas, porque de ese modo se les desvinculó de sus bases de apoyo”.282

391.

Los esfuerzos de las organizaciones por mantener en activo el movimiento social fueron sistemáticamente reprimidos durante todo 1981. A partir de ahí el movimiento social entró en una fase de reflujo que se prolongó hasta 1984, durante el Gobierno del general Humberto Mejía Víctores cuando la represión, aunque persistió, descendió tras las altas cuotas alcanzadas durante los Gobiernos de Lucas García y Ríos Montt.

La ofensiva guerrillera

392.

Desde 1980 la insurgencia se lanzó a una nueva etapa de sus acciones militares, la que llamaba a la generalización de la guerra de guerrillas. Fue impulsada en una amplia extensión del país, con la idea de forzar la dispersión de las unidades militares gubernamentales para evitar golpes de consideración, debido a su desventaja en fuerza militar, así como en capacidad logística y económica. Como resultado de la misma decisión, se incrementaron sus acciones militares en la capital y las zonas periféricas, con sabotajes, operaciones en contra de puestos de Policía y “ajusticiamientos”. Al mismo tiempo comenzaban a concentrarse fuerzas de combate en áreas boscosas para realizar maniobras medianas y dar golpes de mayor magnitud, unido a los factores políticos internos e internacionales acumulados.283

393.

Aunque, con diferencias en la percepción de la posibilidad de alcanzar el triunfo militar y la desconfianza mutua, debido a la desigualdad de fuerzas de cada una de las organizaciones guerrilleras, todas se plantearon como objetivo la cercana toma del poder. Consideraban que el Gobierno de Lucas García se había quedado aislado en el plano internacional y sin bases internas al romper las alianzas que habían sostenido los Gobiernos militares anteriores. También calculaban que varias fuerzas sociales y políticas, que iban desde el centro hasta la izquierda, eran susceptibles de formar alianzas con el movimiento guerrillero en función de un programa con objetivos amplios.284

394.

En este período marcado tanto por la agitación política como la represión, también se dio una importante incorporación de población rural a la guerrilla en algunos departamentos, lo que produjo efectos contradictorios. Por parte de la guerrilla hubo un exceso de confianza que hizo creer que el triunfo sería rápido. Algunas veces esto obedeció a las demandas de la población para incorporarse y alistarse, cuando no existía capacidad para absorberla y encuadrarla militarmente. Esto determinó que el Ejército percibiera una tendencia a la insurrección que unida a los factores que la guerrilla iba acumulando, podían convertirla en un proceso irreversible.285

395.

Como elemento militar de decisión resultó importante la apreciación del Ejército de que la guerrilla había cometido un error al dispersar demasiado sus fuerzas militares en una extensa área, por ello su objetivo militar básico se centró en neutralizar el apoyo de la población antes que en perseguir las unidades militares insurgentes.286  El alto mando consideraba que las organizaciones guerrilleras tenían el control de múltiples municipios de los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango y Sololá, y ejercían influencia en otros municipios de esos mismos departamentos, así como algunos más en San Marcos, Baja y Alta Verapaz, Totonicapán y Quetzaltenango. Calculaba que alrededor de 270 mil habitantes287  estaban organizados por la guerrilla, proporcionándole apoyos diversos. A ello le añadían una percepción de peligro eminente al suponer que el departamento de Chimaltenango se había convertido en el centro de gravedad estratégico para la guerrilla, punto esencial para presionar la capital y donde era posible declarar un territorio libre por el apoyo masivo obtenido y complicar el panorama con una mayor incidencia internacional.288

El Gobierno Ríos Montt: tierra arrasada y segunda derrota de la guerrilla

396.

El fraude electoral que se venía practicando desde 1974 se repitió nuevamente en 1982, con la elección en marzo del general Angel Aníbal Guevara, ministro de Defensa de Lucas. La corrupción, el aislamiento internacional, el nuevo fraude electoral, así como la creciente beligerancia de la insurgencia combinaron para terminar con cualquier fuente de legitimidad que pudiera haber tenido el régimen en algún momento. La empresa privada también se dio cuenta de la dificultad de mantener la coherencia del discurso desarrollista gubernamental, en medio de la creciente ilegitimidad y exacerbada por las masivas violaciones de los derechos humanos. El descontento militar, la crítica empresarial y el rechazo de los partidos políticos que eran excluidos del juego electoral por la manipulación de los resultados de las urnas, funcionaron como un catalizador que precipitó la crisis final del modelo electoral de los generales.

397.

El 23 de marzo de 1982 un grupo de oficiales jóvenes del Ejército puso fin al modelo político a través de un golpe de Estado, con el objetivo de continuar la lucha contrainsurgente en mejores condiciones técnicas y operativas. Los oficiales nombraron un triunvirato integrado por los generales Horacio Egberto Maldonado Schaad y Efraín Ríos Montt, quien lo presidía, y el coronel Francisco Luis Gordillo. El triunvirato derogó inmediatamente la Constitución y promulgó el Estatuto Fundamental de Gobierno (Decreto ley 24-82). El 9 de junio Ríos Montt disolvió el triunvirato y se proclamó Presidente de la República comprometiéndose a cumplir una serie de objetivos contradictorios, dentro de ellos la reforma del Estado para volverlo más eficiente. Dichos objetivos aparecen en los 14 lineamientos de la Junta Militar de Gobierno del 6 de abril de 1982.289