Vides Casanova Vuelve a la Escena del Crimen

por lofredo

JOSÉ GUILLERMO GARCÍA y CARLOS EUGENIO VIDES CASANOVA

Carlos Eugenio Vides Casanova (b. 1937) fue nombrado en 1979 a la posición de director de la Guardia Civil para un periodo de cuatro años.  Casanova fue líder del departamento de las fuerzas de seguridad salvadoreñas responsables por las muertes de tres monjas y una misionera laica estadounidenses en 1980 (vea Ford v. García).  Él reemplazo al General José Guillermo García como Ministro de Defensa en 1984 y mantuvo su puesto hasta 1988. Él inmigro a los Estados Unidos en 1989, y actualmente es un residente permanente legal.  El Reporte de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas sobre El Salvador encontró que Vides Casanova sabia sobre los Guardias Nacionales que cometieron los asesinatos, y participaron en el encubrimiento de los hechos que obstruyo la investigación.

Nota publicada en Boletín El Salvador de la UCA

Cuentan que un hombre, al consultar a una vidente su destino, supo que la muerte lo visitaría en poco tiempo y se lo llevaría con ella. El sujeto, sumamente preocupado, pensó para sí: “No voy a permitir que me encuentre; huiré muy lejos de aquí”. Y en efecto, el angustiado hombre atravesó tierra y mar hasta llegar a otro continente donde cruzó ríos, montañas y bosques hasta llegar a una distante y casi inalcanzable cueva. “En este lugar tan lejano no me encontrará la muerte”, se dijo a sí mismo más calmado. Al ingresar a la caverna, se llevó la última sorpresa de su vida. Sentada, tranquila, la muerte lo aguardaba en dicho lugar. “Te estaba esperando; has llegado a tiempo”, le dijo y se lo llevó.

Es sabido que a lo largo de los años, al ocurrir crímenes aberrantes y grandes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, siempre se ha intentado proteger a sus responsables cuando éstos o sus “herederos” detentan el poder. Son innumerables los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar las víctimas para que las ejecuciones individuales y colectivas, las torturas y las desapariciones forzadas se investiguen; es lógico, pues las autoridades que realizan tales actos intentan mantenerse, a toda costa, protegidos por la mentira oficial y el temor de la población. Leyes de amnistía, procesos viciados, funcionarios amenazados o comprados, inmunidades vitalicias, destrucción de evidencias y muerte de testigos son sólo algunas de las piedras del camino con las cuales se levantaron —aunque de manera temporal— verdaderos muros de impunidad en derredor de estas tragedias, sobre la falsa creencia de que la justicia y la verdad nunca aparecerían.

Pero quienes le han colocado a las víctimas semejantes valladares estuvieron equivocados desde siempre, dado que el engaño y la injusticia —por su misma inconsistencia y mezquindad— son parte de una realidad pasajera de la historia, que se desvirtúa en la medida que, con el esfuerzo de quienes las padecen, asoman las pinceladas de justicia y de verdad.

Por eso, no hay que estremecerse tanto con el reciente fallo condenatorio que en el ámbito civil emitió un jurado de Florida, en los Estados Unidos de América, contra los generales Carlos Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García. Estos militares fueron acusados allá por tres personas salvadoreñas que padecieron crueles torturas mientras aquellos, durante una parte de la larga noche de violencia política y guerra que asoló todo en nuestro país, ocupaban los cargos de Director de la Guardia Nacional, el primero, y Ministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública, el segundo. El jurado los declaró culpables por no haber impedido las torturas que sufrió esta gente. Esa condena, así como otras, son totalmente previsibles si tomamos en cuenta —como un hecho irreversible e irremediable— que la justicia terminará prevaleciendo siempre sobre cualquier intento de socavarla o desaparecerla.

Podríamos afirmar que con esta sentencia, irónicamente pronunciada en territorio del país que fue el principal aliado de los militares salvadoreños durante la guerra, comienza una nueva etapa en los intentos por hacer valer los derechos humanos en El Salvador. Hoy aparece, por primera vez y de forma clara, la reivindicación de las víctimas —antes indefensas— frente a los responsables de un aparato organizado de poder que ordenó, toleró y encubrió las grandes atrocidades antes de la guerra y durante ésta. Con ello comienza a hacerse más difícil para los altos jefes castrenses de entonces el evadir sus responsabilidades, luego de haberse reconocido en el país del norte —eterno modelo para muchos de los que ahora critican el fallo en cuestión— la culpabilidad judicial de los mandos más importantes de una institución que obró, en muchas ocasiones, al margen de la legalidad.

Ciertamente, es claro que con la condena de Vides Casanova y García comienza lo que ya Roque Dalton anunció como el “turno del ofendido”: esa segunda parte de la historia, tan anhelada, tan buscada por las víctimas y quienes han acompañado sus lucha desde la trinchera de los derechos humanos. Esas víctimas que luego de ser pisoteadas en lo más profundo de su dignidad, pagando incluso con la vida los constantes atropellos del pasado, encuentran hoy una luz esperanzadora: que los torturadores, asesinos y criminales, así como sus mentores, encubridores o facilitadores, no disfrutarán las comodidades de la impunidad por más tiempo. En el fondo, con el reconocimiento de la responsabilidad de los generales ya indicados, se está señalando a la Fuerza Armada como una institución que violó de forma sistemática los derechos humanos y se está desterrando por completo la idea de que los abusos militares de entonces fueron, simplemente, “exabruptos aislados atribuidos a malos elementos”.

Es muy importante y positivo que los ciudadanos estadounidenses hayan comprendido estos aspectos. Sin embargo, todavía resulta escandaloso que en un país como El Salvador —que se jacta de tener una institucionalidad democrática— no se cuente ni con un sistema de justicia funcionando bien, ni con las personas de agallas suficientes para investigar hechos aberrantes, vergonzosos y constitutivos de verdaderos crímenes contra la humanidad, a fin de sentar en el banquillo de los acusados a sus responsables. Ese es un paso que todavía hay que dar; en tal sentido, se cuenta con la fortuna de que la justicia —como derecho y como valor— es universal y no habrá lugar ni ambiente que le impida llegar a estos casos y a estos criminales.

Es evidente y lógico que quienes no tienen la conciencia tranquila se alarmen con sucesos como el que hoy nos ocupa y que comiencen a alzar sus voces airadas contra este tipo de procedimientos y fallos judiciales. De todos modos, la búsqueda de la justicia no cesará hasta que la encuentren aquellos y aquellos que sufrieron tantos vejámenes durante la época de la violencia política y el conflicto armado en nuestro país. Ejemplos como los de Argentina, Chile, Perú, Guatemala y ahora el de El Salvador, con lo ocurrido a estos ex jefes militares salvadoreños, nos corroboran nuestra certeza de siempre acerca de lo que vendrá.

Este fallo del 23 de julio, ha sentado un importante precedente para quienes buscan la justicia en un territorio tan huérfano de ella. Desde antes, ya había quedado claro que la Ley de Amnistía no iba a garantizar la impunidad de los asesinos, torturadores y criminales. Recordemos que en el 2000, la Corte Suprema de Justicia señaló importantes excepciones en la aplicación de la misma. Ahora, la justicia estadounidense ha caído implacable sobre quienes eran piezas indispensables en un aparato organizado de poder. Bajo esta última perspectiva, no sólo se ha condenado a dos oficiales del Alto Mando dentro de la institución que orquestó la represión y la tortura, sino a toda la maquinaria militar, a los gobiernos de turno y a los sectores civiles que los mantuvieron.

Presas de miedo ante esta resolución, ya comenzaron a escucharse las voces de quienes saben que la justicia puede tocar sus puertas. Adueñándose de la voz y la palabra de todo el pueblo, vociferan declarando héroes a los torturadores y se muestran dispuestos a defenderlos como sea. Claro que hubo injusticia, como lo afirma un ex Ministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública de la posguerra, pero no contra los militares enjuiciados. La hubo y la sigue habiendo contra las decenas de miles de civiles que murieron durante la época de la violencia política y la guerra. Hubo injusticia contra niñas y niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos ejecutados en las masacres que arrasaron el campo salvadoreño. Hubo injusticia y la sigue habiendo por las miles y miles de personas desaparecidas y, además, por el sufrimiento de sus familias que aún las buscan.

La historia da vueltas. Y en materia de graves violaciones a los derechos humanos es como el bumerang que regresa justo al lugar de donde fue lanzado, sólo que con sus puntas al revés y en dirección de quien lo lanzó. Ha llegado el momento de la siega y tal como le ocurriera al hombre de nuestra historia inicial, no importa donde se escondan los responsables de tanta atrocidad ocurrida en nuestro país ni la finura de los tejidos que se hayan elaborado para enmarañar la verdad; lo cierto es que la impunidad terminará siendo derrotada, porque la justicia —tarde o temprano— prevalecerá.

Para bien del pueblo, por fin ha llegado ese “turno del ofendido”. Es la hora de comenzar a escribir la otra parte de la historia, con tinta de justicia. La de las víctimas; la que borrará las amnistías, los perdones y olvidos impuestos, los manejos publicitarios impulsados por quienes tienen los medios para ello. Así caerá, por fin el muro de impunidad. No se trata de venganza, sino de un auténtico proceso de paz y conciliación. Cuando exista una democracia real en el país, las instituciones buscarán la verdad, impartirán justicia y repararán el daño a las víctimas de antes, durante y después de la guerra; cuando eso ocurra, esas víctimas estarán en condiciones de perdonar y en El Salvador se podrá hablar de una sociedad en paz y conciliada. Así será cuando acá —parafraseando a Montesquieu— la justicia sea como la muerte: que nadie escape de ella.

Boletín de prensa

Ante el fallo dictado por un jurado de West Palm Beach, Florida, que declaró culpables a los generales José Guillermo García, ex Ministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública, y Carlos Eugenio Vides Casanova, ex Director de la Guardia Nacional, por no evitar actos de tortura y violación a los derechos humanos que ocurrieron durante su mandato, el IDHUCA declara que:

1. Con este veredicto se ha sentado un importante precedente en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país y el mundo, al ser enjuiciados y condenados dos altos oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña que no cumplieron con su responsabilidad de proteger a la población y que —por el contrario— ocultaron a los torturadores y a los responsables de otros intolerables crímenes contra la persona humana.

2. Ahora, más que nunca, se debe revisar la inadecuada forma que se utilizó en El Salvador para enfrentar —después de la guerra— las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en nuestro territorio durante más de quince años.

3. Como ha ocurrido en Florida, en nuestro país se deben iniciar las investigaciones para impartir justicia a las víctimas de otros hechos que igualmente lesionan la dignidad humana. Estos procesos no deben estar orientados sólo a castigar a los hechores materiales de las atrocidades, sino también a los que las ordenaron y a quienes las trataron de ocultar. Muchos de los primeros fueron elementos circunstanciales, piezas sustituibles del aparato organizado de poder que sumió en el terror a la sociedad salvadoreña; sobre los segundos recae la mayor responsabilidad, por ser las piezas insustituibles de dicho aparato.

4. Para construir una sociedad reconciliada y en auténtica paz, se necesita conocer la verdad y hacer que prevalezca la justicia. Sin esas bases sólidas, propias de una convivencia social moderna y democrática, la estabilidad del país siempre será frágil y estará en peligro. Por ello, se deben erradicar de una vez por todas las estructuras de poder que —en función de sus intereses particulares— continúan impidiendo el buen funcionamiento de las instituciones, la superación de la violencia y el fin de la impunidad, en el marco de una preocupante exclusión económica y social en la que sobrevive la mayoría de la población salvadoreña.

Ex-El Salvador defense minister can be deported

By CURT ANDERSON

The Associated Press

MIAMI — In a groundbreaking decision, a federal immigration judge has ruled that the former defense minister of El Salvador can be deported from the U.S. for his role in killings and human rights abuses during the 1980s.

The ruling by the Orlando-based judge, James K. Grim, marks the first time a 2004 law aimed at stopping human rights abusers from taking refuge in the U.S. has been successfully used against a nation’s top military official, according to the San Francisco-based Center for Justice & Accountability.

The judge found that the former defense minister, Gen. Eugenio Vides Casanova, can be deported for the torture of Salvadoran citizens, the 1980 killings of four American churchwomen and the 1981 killings of two Americans and a Salvadoran land reformer. Two of those who were tortured, Juan Romagoza and Daniel Alvarado, have also sued Vides Casanova for damages in U.S. courts.

“This victory is not just my own. It is a victory for the entire country of El Salvador,” Romagoza said in a written statement following Grim’s deportation ruling issued Thursday. “The torture I suffered was not unique to me. It was the suffering of many innocent Salvadorans.”

The attorney for Vides Casanova, Diego Handel, declined comment Friday. A final decision on whether Vides Casanova actually will be deported will come later, but the latest ruling for the first time makes him eligible for removal from the U.S.

In Washington, U.S. Immigration and Customs Enforcement spokeswoman Nicole Navas said the agency places a “high priority” on ferreting out suspected war crimes and human rights abuse offenders. The removal against Vides Casanova case was brought by ICE’s Human Rights Violators and War Crimes Center.

“We will use every tool at our disposal to ensure that those who have committed such acts abroad never evade justice and accountability for their crimes by hiding among their victims here in the U.S.,” Navas said.

Vides Casanova, who was El Salvador’s defense minister from 1983 to 1989, was a U.S. ally during the Salvadoran government’s armed struggle with Marxist guerrillas during much of that decade. He later moved to South Florida and became a permanent legal resident.

There are other former Salvadoran officials from that era living in the U.S. who could be targeted for deportation for similar abuses, said Center for Justice & Accountability attorney Carolyn Patty Blum.

“The decision represents the successful use of one more weapon in the accountability arsenal,” Blum said. “We hope the (Homeland Security Department) will continue to pursue vigorously other Salvadoran military commanders residing in the U.S.”

The human rights group, representing torture victim Romagoza and two others, previously sued Vides Casanova and Gen. Jose Guillermo Garcia for human rights abuses. In 2002, a West Palm Beach, Fla., jury returned at $54.6 million judgment against Vides Casanova and Guillermo Garcia, a verdict that led to the deportation proceedings against Vides Casanova.

A separate deportation order is being sought against Guillermo Garcia.